En mi columna pasada Breve visión al futuro, publicado el 22 de enero del 2025 hablé sobre los retos que enfrentará Sheinbaum durante su sexenio y las propuestas de política con las que pretende dar solución a las problemáticas del país; una que se ha vuelto álgida en los últimos días es la igualdad y equidad de género, en su momento mencioné que se trata de un gobierno con agenda feminista, donde se busca implementar políticas para combatir la violencia de género, y promover la participación política y económica de la mujer.

También mencioné que la violencia, la brecha salarial y la falta de acceso equitativo a oportunidades son problemáticas profundas en el país, sin importar género, hombres y mujeres viven estas circunstancias; que cuando se gobierna para unos/as cuantos/as, se legitima la desigualdad, se promueven violencias sobre todo de corte simbólico, se reduce la meritocracia y el esfuerzo, para capitalizar el victimismo, el clientelismo electoral y los privilegios de quienes son favorecidos/as.

Foto: Presidencia de la República.

En el contexto actual, donde las agendas públicas exigen con urgencia el combate a la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades, gobernar con perspectiva de género es un avance civilizatorio… siempre que esté bien entendido e implementado; sin embargo, cuando esta perspectiva se convierte en una postura radical o profundamente ideologizada, se corre el riesgo de convertir una causa legítima en una nueva forma de exclusión, discriminación y vulnerabilidad con segregación y polarización social, limitación de derechos para los grupos desfavorecidos, como el de la libertad de expresión.

Una postura radical no busca promover la equidad o defender los derechos, sino imponer una visión política que divide a la sociedad entre opresores y oprimidos, privilegiados y desfavorecidos, victimarios y víctimas, sin matices, sin diálogo y sin análisis profundo de la realidad.

Cuando la política de género otorga privilegios automáticos por identidad, sexo, vulnerabilidad y no por mérito; cuando se enfoca en castigar a unos grupos en vez de construir con todos, al promover cuotas sin evaluar capacidades ni contextos, y al descalificar automáticamente toda crítica justificándola como machismo o violencia de género; entonces se institucionaliza una forma de clientelismo identitario, donde los derechos y recursos públicos se asignan no por necesidad o justicia, sino por pertenencia a un grupo, que no los ha ganado, pero ahora es favorecido ideológicamente, y bueno, respecto a los grupos sociales en el país, el 51.2% de la población nacional es femenina.

Sumar la cantidad de población gobernada a la agenda feminista ya indica para donde va la política actual, y son varias las consecuencias que traerá esto:

• Polarización social: Se crea resentimiento entre sectores que se sienten excluidos por políticas sesgadas; se estimula una lucha de géneros, en lugar de construir puentes de colaboración, las narrativas de buenos/as contra malos/as se radicalizan en el debate público y rompen el tejido social.
• Pérdida de meritocracia: Se mina la cultura del esfuerzo al priorizar cuotas identitarias sobre resultados, se desincentiva la excelencia y se normaliza la mediocridad disfrazada de justicia social.

• Coartación de libertades: Se sanciona moral, social, económica o simbólicamente la libertad de expresión cuando alguien cuestiona o debate ciertas agendas, se introduce censura disfrazada de lenguaje inclusivo “obligatorio”, espacios seguros, o formas incorrectas de pensar, que muchas veces sólo limitan el pensamiento crítico.
• Reproducción del clientelismo: Se capitaliza el dolor, la desigualdad y la lucha como moneda electoral, brindando derechos constitucionalmente ya reconocidos, hacia la población ahora favorecida, con el discurso de trabaja por su bienestar, se crean dependencias políticas que sustituyen soluciones estructurales por favores gubernamentales.

Esto es lo que está pasando con la forma de gobernar del nivel federal y con los gobiernos subnacionales que están implementando las mismas políticas, pero ¿es lo que necesita México para avanzar? Los resultados reflejan segregación; pero entre lo que puede ayudar al avance en materia es:

• Políticas con justicia social y equidad: La equidad no debe imponerse desde el resentimiento, ni la distinción sexual, identitaria o de género, sino desde la construcción colectiva, hombres y mujeres enfrentan desigualdades estructurales, y la justicia debe ser transversal, no excluyente ni ideológica, en caso contrario se procura la discriminación, que por cierto, de acuerdo con datos de ONU, y OCDE, este país es el más desigual de la región más desigual del mundo, donde prevalece la discriminación.

• Garantía y respeto irrestricto de los derechos ciudadanos: Ninguna causa debe justificar la censura, el adoctrinamiento ni la criminalización del disenso, la diversidad de pensamiento, la posibilidad de crítica y desacuerdo son clave en toda democracia y sociedad.

• Gobernar con responsabilidad y conciencia social, no desde trincheras ideológicas: Un gobierno que se posiciona desde un lado del espectro identitario pierde la capacidad de representar al país en su conjunto, la unidad no se construye culpando y repartiendo beneficios, sino escuchando, resolviendo y edificando.

Para esto se requiere madurez personal y política, mirada profunda, diagnóstico serio -en lugar de prognosis- y, sobre todo, voluntad de construir un país justo para todos, porque si sólo es para unos, volvemos a la discriminación, la desigualdad, y la vulnerabilidad; un país donde ser mujer no signifique desventaja, pero tampoco privilegio automático o victimismo; donde ser hombre no sea sinónimo de opresión, deuda histórica o responsabilidad absoluta, no es correcto exigir disculpa o resarcir daño a alguien que no lo ha causado.

Construir un México donde se gobierne desde la justicia, no desde la revancha, donde las libertades no se negocien, y donde el respeto sea la base de la reconstrucción social, con empatía, crítica, respeto, tolerancia y realmente democrático.

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