El modelo de justicia en México vive una crisis de saturación debido a un enfoque punitivo, es decir, basado en el castigo y en el aumento de penas, por lo que se debe transitar hacia un modelo que priorice los derechos humanos y la prevención estratégica, consideró Lesly Fernanda Valencia González, abogada penalista.
Foto: Archivo.
En entrevista para Alcaldes de México, la abogada explicó que la sobrepoblación penitenciaria, la saturación del sistema de justicia, procesos penales prolongados y las personas privadas de su libertad sin sentencia firme, son problemáticas derivadas del modelo penal actual.
De acuerdo con el cuaderno mensual de información penitenciaria de la Secretaría de Seguridad, en México hay 102 mil 53 personas en la cárcel sentencia, es decir, 40.4 por ciento de la población en prisión que está procesada, todavía no recibe una resolución.
En este contexto, Valencia González mencionó que existen 230 mil 168 espacios para las personas privadas de la libertad, sin embargo, en México, la población carcelaria supera los 248 mil individuos.
“El sistema penal ha operado bajo una lógica reactiva. El derecho penal actúa cuando el daño ya está consumado, por lo que reduce su capacidad real para una seguridad sostenible”, añadió la abogada.
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Ante este panorama, la especialista reconoció que se debe fortalecer la prevención social del delito para intervenir en las causas a raíz de la violencia mediante programas que fomenten la cohesión social, educación y el empleo, para reducir la vulnerabilidad de los grupos.
Además, se deben de enfocar en la prevención, en la justicia restaurativa, además de ofrecer soluciones más humanas y efectivas para la resolución de su situación penal.
“En lugar de enfocarse en castigar a las personas se debe priorizar en cómo reparar el daño que ya causaron y cómo hacer que las personas no vuelvan a cometer el delito, no fomentar escuelas para delincuentes, sino enfocarnos en la reinserción social”, apuntó.
A nivel gobierno, consideró que se deben de impulsar recursos para capacitar al personal de fiscalías, a los policías de investigación y mejorar la infraestructura de los centros de reinserción social, así como investigar a servidores públicos para desintegrar la corrupción en los reclusorios.
“Desmantelar a los grupos delictivos que están dentro de estos centros, identificar a estas células delictivas y meter a nuevo personal para comenzar a operar desde una nueva perspectiva enfocada en los derechos humanos”, reiteró.
Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país operan 325 centros penitenciarios, 14 son federales; 261, estatales; y 50 centros especializados de internamiento para adolescentes.
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