Las reformas electorales en México han sido, históricamente, intentos por ajustar las reglas del juego democrático, a veces para mejora y otras para contrasentido y esto nos dice que no son simples modificaciones técnicas; representan reacomodos de poder entre actores políticos, instituciones y ciudadanía.

Cada reforma electoral produce efectos positivos y negativos que impactan de manera diferenciada en los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal-. Analizar estas reformas exige ir más allá de la coyuntura partidista y comprender algo fundamental: las reglas electorales determinan cómo se compite, quién puede competir y bajo qué condiciones se gobierna después de su aplicación.

Uno de los objetivos centrales de las reformas electorales ha sido fortalecer la legitimidad de las elecciones. Desde el inicio a la transición democrática en México -después de las controversiales elecciones federales de 1988-, las modificaciones han buscado garantizar principios básicos como:

• equidad en la competencia,
• transparencia en el conteo de votos,
• autonomía de las autoridades electorales,
• regulación de la propaganda política.
• Topes en gastos de campaña
• Acceso de agentes diversos a la esfera política

Foto: Archivo.

Cuando estas reformas funcionan correctamente, ayudan a construir confianza en los procesos electorales y reducen la posibilidad de conflictos postelectorales, lo que dota de legitimidad -respaldo ciudadano- al sistema, algunas reformas han permitido ampliar la participación política mediante mecanismos como candidaturas independientes, paridad de género y reglas más claras para coaliciones.

Sin embargo, también existen riesgos cuando las reformas responden más a cálculos de poder de las mayorías políticas que a la mejora del sistema democrático, por ejemplo, cuando la fórmula para la repartición de escaños favorece a los partidos mayoritarios, en estos escenarios, el poder se acomoda a beneficio del partido ganador y sus coaliciones, lo que le permite tener gobiernos de mayoría en congresos, gobernaturas, municipios, y en el federal; entre los efectos negativos más frecuentes se encuentran:

• cambios que favorecen al partido o coalición dominante,
• debilitamiento de instituciones autónomas, entre electorales, y administrativas las de transparencia y acceso a la información
• mayor complejidad normativa y burocrática que dificulta la participación ciudadana.

Cuando las reglas se perciben diseñadas para beneficiar a determinados actores políticos, la legitimidad electoral se erosiona, incluso si el proceso técnico es correcto, y esta erosión favorece la gobernabilidad, lo que conduce a prácticas autoritarias; en cambio, cuando se favorece a las minorías políticas, lo que sucede es que en la repartición de escaños se le da más voz a los partidos que participaron en la elección, y esto es un reflejo más cercano a la realidad, ya que respeta la pluralidad, lo que es un principio democrático y de gobernanza.

Por otro lado, también se afecta el ejercicio presupuestal, el financiamiento público a partidos y las campañas ha sido uno de los pilares del modelo electoral mexicano a partir de 1990, en un inicio su propósito fue evitar que el partido mayoritario fuera el único con acceso a recursos para competir en las elecciones, y a partir del 2014, que el dinero privado —particularmente el proveniente de intereses empresariales o criminales— capturara la política. Esto permitió:

• generar competencia relativamente equitativa entre partidos,
• reducir la dependencia de intereses privados,
• establecer mecanismos de fiscalización.

En teoría, este modelo protege la democracia al impedir que las elecciones se conviertan exclusivamente en competencias de dinero. No obstante, el modelo también ha generado efectos no previstos.

Primero, ha producido partidos altamente dependientes de recursos públicos, lo que en algunos casos ha debilitado su relación con la ciudadanía, a pesar de que cuentan con mecanismos de autofinanciamiento, con el inconveniente de que no los aplican.

Segundo, el financiamiento ha incentivado la proliferación de candidaturas cuyo principal objetivo no es gobernar, sino acceder a recursos públicos, electorales o a los cargos de elección, no para gobernar, sino para aprovecharse de esos recursos.

En el ámbito municipal, este problema es aún más evidente: las campañas se vuelven costosas, y terminan favoreciendo a quienes tienen redes económicas o políticas capaces de sostenerlas, simplemente es común observar que los candidatos, hombres y mujeres que tienen dinero para pagarse la elección y el capital social para moverlo durante la jornada electoral son quienes compiten por los espacios de representación.

Foto: Cámara de Diputados.

Respecto a los espacios legislativos, las reformas electorales también impactan directamente la composición de los congresos y, por tanto, el equilibrio del poder político. Uno de los logros más importantes del sistema electoral mexicano ha sido la introducción de mecanismos de representación proporcional, que si bien, al ejercerse no dota de los mejores perfiles para su función, han permitido que minorías políticas tengan presencia en los órganos legislativos, esto ha contribuido a:

• evitar mayorías absolutas permanentes,
• promover la pluralidad,
• generar contrapesos políticos.

Además, reglas como la paridad de género han ampliado la representación de mujeres en los congresos.

Sin embargo, también existen problemas estructurales, la representación proporcional ha sido criticada por generar legisladores sin arraigo territorial, posición política, bajo perfil, y un deficiente trabajo legislativo, es decir, se ocupan como espacios de botín, para negociar el acceso a posiciones con autoridad, esto ha debilitado fuertemente la relación entre representantes y ciudadanía.

Asimismo, los sistemas de listas partidistas concentran el poder de decisión en las dirigencias de los partidos, y son estos quienes determinan quién accede o no a estos espacios, lo que produce congresos donde algunos legisladores responden más a las cúpulas partidistas que a la ciudadanía, lo mismo sucede con las cuotas de representación, que al tener una lógica de número y no de mérito, se prestan a la lógica de grupo e intereses.

En el nivel federal, las reformas electorales tienen el mayor impacto institucional, determinan el equilibrio entre poderes, la estabilidad del sistema político y la legitimidad del gobierno nacional, los cambios en las reglas de competencia o financiamiento pueden alterar significativamente el sistema de partidos y la forma en que se construyen mayorías legislativas, si estas se concentran en el partido ganador, se direcciona el país al autoritarismo, si dan pluralidad, se respeta la democratización.

Foto: Archivo.

En los gobiernos subnacionales, las reformas pueden generar asimetrías democráticas, algunos gobiernos locales -municipios- han utilizado cambios en leyes electorales para fortalecer su posición política o debilitar a oposiciones, esto demuestra que la calidad democrática no depende solo del marco federal, sino también de cómo se aplican y adaptan las reglas en cada entidad, pues es en los municipios donde inicio la transición, pero también donde una vez iniciada, el repliegue de grupos y élites se dio con más fuerza, especialmente en gubernaturas y congresos.

Las reglas electorales determinan quién puede competir por el poder local, qué recursos están disponibles para las campañas y qué mecanismos existen para garantizar alternancia política, en contextos donde las instituciones municipales son más frágiles, reformas a modo y mal diseñadas pueden facilitar prácticas como el clientelismo, el control territorial del voto o la captura del gobierno en todas sus instituciones.

Toda reforma electoral enfrenta una tensión fundamental: equilibrar la competencia política con la forma de gobernar (gobernanza o gobernabilidad), demasiadas restricciones pueden limitar la participación política; demasiada flexibilidad puede abrir la puerta a prácticas oportunistas o desequilibrios de poder, por ello, las reformas electorales no deben construirse ni evaluarse al vapor, ni considerarse sólo por su impacto inmediato en una elección, sino por su capacidad para fortalecer tres principios básicos:

• legitimidad electoral,
• representación política efectiva,
• equilibrio institucional.

Las reformas electorales son herramientas para ajustar el funcionamiento del sistema, haciéndolo más democrático o autoritario, sin embargo, cuando se convierten en instrumentos de disputa política, se corre el riesgo de debilitar el sistema y crear inestabilidad política, social y económica, cada modificación puede ampliar la participación o restringirla, fortalecer la competencia o concentrar el poder, por eso es importante que exista una comprensión de las intenciones de cada reforma, la clave es recordar que las reglas electorales no deben diseñarse para ganar elecciones, sino para garantizar que el sistema (república, representativa, democrática, laica y federal, como dice la constitución) funcione con legitimidad, equidad y responsabilidad pública.

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