Por Alfredo Trujillo Betanzos.

Si una empresa contamina un río, el PIB aumenta porque hay gasto. Y vuelve a aumentar cuando ese mismo río es limpiado, porque se vuelve a gastar. Pero, si el río nunca se contamina, ese valor no aparece en ninguna estadística porque no hay gasto de por medio. La paradoja no es teórica, tiene implicaciones directas para los gobiernos locales.

Durante décadas, el Producto Interno Bruto (PIB) ha sido la referencia para evaluar el crecimiento económico. Sin embargo, como advirtió Simon Kuznets, hace casi un siglo, este indicador no mide el bienestar de la población. Aun así, en la práctica se ha utilizado como sinónimo de progreso.

El problema es que el PIB registra actividad económica, pero no distingue entre creación de valor y corrección de daños. Una obra pública mal planeada que requiere mantenimiento constante puede “generar crecimiento”, mientras que una infraestructura bien diseñada que evita costos futuros puede pasar desapercibida en las métricas.

Para los gobiernos municipales y estatales, esta distorsión tiene consecuencias concretas. Influye en la forma en que se priorizan proyectos, se asignan recursos y se evalúan resultados. En muchos casos, se privilegia lo visible en el corto plazo sobre lo sostenible en el largo.

En este contexto, la crítica de Mariana Mazzucato en su libro El valor de las cosas, resulta especialmente relevante. Su planteamiento es que el sistema económico actual no distingue adecuadamente entre actividades que generan valor y aquellas que simplemente lo redistribuyen o corrigen daños previamente causados.

Foto: Gobierno de Jalisco.

Esto abre una pregunta clave para la gestión pública:  ¿estamos invirtiendo en soluciones duraderas o en ciclos recurrentes de gasto?

La respuesta no es trivial. En ámbitos como el agua, la movilidad o la gestión de residuos, es común observar inversiones que atienden síntomas sin resolver las causas estructurales. El resultado es un gasto constante que puede reflejarse como actividad económica, pero no necesariamente como bienestar para la población.

Aquí es donde los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) adquieren relevancia práctica. No se trata de una tendencia discursiva, sino de un marco que permite ampliar la evaluación de proyectos más allá de su costo inicial o su impacto inmediato.

Incorporar criterios ambientales implica considerar, por ejemplo, el uso eficiente de recursos, la reducción de emisiones o la resiliencia ante fenómenos climáticos. En el ámbito social, supone evaluar el impacto en comunidades, la equidad en el acceso a servicios y la prevención de conflictos. En gobernanza, implica transparencia, rendición de cuentas y solidez institucional.

Sin embargo, estos criterios solo generan valor cuando se integran de manera efectiva en los procesos de valuación.

La valuación es, en esencia, una herramienta para la toma de decisiones. En el ámbito público, su función no se limita a estimar costos o justificar presupuestos. Su verdadero alcance es determinar el valor integral de un proyecto, considerando tanto sus beneficios como sus riesgos.

Cuando la valuación se basa únicamente en variables financieras tradicionales, corre el riesgo de omitir factores críticos. Por ejemplo, un proyecto puede parecer rentable en el corto plazo, pero generar costos significativos en el futuro debido a impactos ambientales o sociales no considerados.

En contraste, una valuación que incorpora criterios ESG permite identificar estos riesgos desde el inicio. Esto no solo mejora la calidad de las decisiones, sino que también fortalece la sostenibilidad de las políticas públicas.

Foto: México Cómo Vamos.

Para los gobiernos locales, esto se traduce en beneficios concretos.

Primero, permite anticipar costos ocultos. Muchos proyectos aparentemente eficientes terminan siendo más costosos debido a externalidades no previstas. Incorporar ESG en la valuación ayuda a visibilizar estos riesgos.

Segundo, facilita la priorización de inversiones. En contextos de recursos limitados, es fundamental asignar presupuesto a proyectos que generen mayor valor social y ambiental en el tiempo, no solo aquellos con mayor impacto inmediato.

Tercero, fortalece la confianza ciudadana. La transparencia en los criterios de valuación y la incorporación de factores ESG contribuyen a una mejor rendición de cuentas y a una mayor legitimidad de las decisiones públicas.

Cuarto, mejora el acceso a financiamiento. Cada vez más organismos e inversionistas consideran criterios ESG al evaluar proyectos. Una valuación alineada con estos estándares puede abrir oportunidades de financiamiento más competitivas.

El reto, sin embargo, es metodológico y cultural. Implica desarrollar capacidades técnicas para integrar estos factores en la valuación, pero también cambiar la lógica con la que se toman decisiones.

No se trata únicamente de medir más variables, sino de medir mejor.

Esto exige reconocer que el valor no siempre es inmediato ni evidente. En muchos casos, el mayor valor de una política pública radica en lo que evita: conflictos, costos futuros, deterioro ambiental o desigualdad social.

Desde esta perspectiva, la valuación deja de ser un ejercicio puramente técnico para convertirse en un acto estratégico. El valuador —y, en el ámbito público, el tomador de decisiones— no solo analiza datos, sino que define qué se considera relevante y qué se deja fuera.

Y esa decisión tiene consecuencias.

Si seguimos midiendo únicamente lo que genera actividad económica, continuaremos incentivando proyectos que incrementan el PIB, aunque no mejoren el bienestar. Si, en cambio, ampliamos el enfoque hacia el valor integral, podremos orientar las decisiones hacia un desarrollo más sostenible.

La pregunta, entonces, no es solo cuánto crece una economía local, sino qué tan sólido es ese crecimiento.

Porque, al final, medir mejor no es un ejercicio académico. Es una condición necesaria para decidir mejor… y para gobernar con visión de largo plazo.

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