Por Felipe Reyes Barragan

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la corrupción su eje discursivo,  la narrativa de su gobierno esta apoyada en dicho concepto, tan es así, que de acuerdo a Luis Estrada, de SPIN TCP ha usado la palabra, hasta el mes de junio, en 860 ocasiones.

Por supuesto, luchar contra años de corrupción no es solo deseable, es necesario y más si consideramos que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 (ENCIG 2017), el 56.7% de población de 18 años y más considera que la corrupción en México es de los problemas mayores, por encima de la inseguridad.

Por lo tanto, la narrativa centrada en la lucha contra la corrupción es acertada al menos en la teoría, mas no en la práctica, pues se ha centrado mas en un enfoque moralista, del bien sobre el mal,  y no tanto en las prácticas y en las instituciones donde se dan estos hechos. Años de corrupción han echado raíces profundas y no se acabará con ella solo con señalar a los malos en las mañaneras. Y aunque en la percepción se siente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está actuando “bien” o “muy bien” ( un 61 % de encuestados en el Barómetro Global de la Corrupción 2019 lo afirman) la realidad es otra.

Pocas son las acciones legales, las que bajo los debidos procesos han avanzado, tenemos sí, una serie de acusaciones, de dichos y de suspicacias que todos los días se lanzan y se agendan desde la mañanera. Se ha apostado más por la condena social, aunque no haya pruebas contundentes mas que la palabra del presidente y se ha dejado de lado los procesos. Si bien es cierto que es necesario que los ciudadanos sepamos que pasa en el gobierno, es necesario hacerlo bajo una narrativa objetiva, que siga las causas y los procesos, que busque las pruebas  y se lleguen a las últimas consecuencias.

Necesitamos pasar del escarnio público a la aplicación de la ley y, además, a la congruencia. Gran parte de los hechos de corrupción en este país están amparados por años de opacidad y de cero transparencia, desafortunadamente, eso parecer seguir igual. Una investigación de  Mexicanos Contra la Corrupción muestra que hasta abril del 2020 , el 77.2% de los contratos del gobierno de AMLO, han sido adjudicados directamente, pero esta cifra sube hasta 82.5% entre las instituciones que no están atendiendo el coronavirus.

La bandera de la lucha contra la corrupción llevo a AMLO al poder, si no la enarbola bien, esa misma lucha puede revertirse en su contra y más allá del daño político, lo que debe ocuparnos es el impacto de los mexicanos en las autoridades y en las instituciones.