La Carta Magna que hoy día nos rige, promulgada en 1917, recogió las principales demandas del movimiento revolucionario y por eso es considerada la primera constitución social del siglo XX.
Pero al mismo tiempo que México ponía el ejemplo en el reconocimiento de las garantías individuales y de derechos básicos como la educación y la libertad de expresión, las mujeres iniciaban la batalla por participar activamente en la política nacional. También en 1917, Hermilia Galindo fue la primera mujer que se postuló para una diputación por el 5° distrito del Distrito Federal; ganó, pero su triunfo no fue reconocido por el órgano electoral.
Desde entonces, hasta hoy, algunas leyes se han modificado y otras nuevas se crearon para garantizar que las mujeres puedan acceder a posiciones clave en la vida pública. En esta edición que corresponde al mes en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, presentamos un recuento de los cambios en la legislación que han favorecido a la equidad de género en la política mexicana, la cual, por cierto, aún no llega.
A pesar de que la presencia de las féminas en puestos de elección popular es mínima —no hay gobernadoras y sólo 7 por ciento de ellas presiden un ayuntamiento—, ocho de cada 10 mexicanos votarían por mujeres para ocupar cargos de elección popular. Sin embargo, sólo 25 por ciento de las personas consultadas confía más en las mujeres que ocupan estos puestos, que en los hombres. Así lo revelan los datos de la encuesta elaborada por Testa Marketing.
También en esta edición presentamos un reportaje sobre la regulación de la venta de drogas. A diferencia de lo que ha ocurrido con la equidad de género en la política, no se han concretado cambios significativos en las leyes que favorezcan la producción y comercialización de estas sustancias.
El tema genera opiniones encontradas y hay tantas propuestas para adecuar las leyes, como opiniones a favor y en contra, aunque también hay vacíos legales que urge resolver en el camino hacia una política de drogas.
Algunos expertos en la materia sostienen que, antes de darle luz verde a la venta regularizada de sicotrópicos, se tendría que analizar si la sociedad posee la información necesaria para ejercer un consumo responsable y evitar un problema de salud pública en el futuro. Otras voces reconocen los riesgos para la salud de los consumidores, pero sostienen que la despenalización de las drogas asestaría un fuerte golpe a la estructura de los cárteles del narcotráfico, lo cual ayudaría a disminuir los altos índices de violencia que imperan en el país.
Mientras el debate de las drogas continúa, los urbanistas ofrecen algunas opciones para combatir la inseguridad en las ciudades. Se trata del aprovechamiento de terrenos deteriorados y bajo puentes vehiculares para la instalación de comercios y áreas recreativas.
La rehabilitación de estas áreas favorece la convivencia de los ciudadanos y el aprovechamiento de espacios que, de otra manera, generarían problemas como la acumulación de basura y la comisión de delitos. Dichas soluciones han proliferado en los últimos años en urbes como el Distrito Federal, Córdova, Veracruz y Guadalajara, Jalisco.
Y si de aprovechar espacios se trata, los cementerios municipales demandan con urgencia alternativas para aliviar la saturación por la que atraviesan. Cada año mueren en el país más de 600 mil personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En Monterrey, Nuevo León, por ejemplo, la disponibilidad de espacios para sepultura es de apenas 3 por ciento. En el Distrito Federal, hay 54 mil 747 fosas disponibles, pero son insuficientes si se considera que cada año mueren cerca de 62 mil personas en la capital del país.
Ante este panorama, han surgido alternativas para optimizar el espacio en los camposantos. El municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por ejemplo, echó a andar un programa para la reutilización de tumbas con más de 12 años de abandono, las cuales representan 10 por ciento de los espacios disponibles en el Panteón Municipal Antiguo de esa localidad.
En nuestra sección de Tips de Gestión presentamos soluciones para mejorar el cobro de agua en los organismos operadores y para reubicar a la población que habita en zonas de riesgo.
La edición se complementa con una entrevista a Luis Antonio Macías Trejo, presidente municipal de Tequisquiapan, Querétaro.
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