El viernes 8 de mayo, el Congreso de Guanajuato aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución local en la que se establece que “persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural; y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”. Por ello, prohíbe el aborto en cualquier modalidad, incluyendo la violación.
La reforma fue sancionada con 26 votos a favor del Partido Acción Nacional; 2, del Revolucionario Institucional, y uno, del Partido del Trabajo, mientras que 20 diputados de la oposición —compuesta por las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática— se ausentaron del salón de sesiones durante la votación.
Pese a que la reforma fue aprobada en unos cuantos minutos y sin discusión en tribuna, hubo alboroto en la sede del Congreso debido a la presencia de grupos antagónicos que sostenían opiniones diversas respecto a la modificación constitucional.
Por una parte, un grupo de 40 mujeres encabezado por Malú Micher, directora del Instituto de Mujeres del Distrito Federal y ex candidata a la gubernatura del estado, manifestó su abierto repudio al cambio antiabortista. Uno de sus principales argumentos fue que “se criminalizará y convertirá a las mujeres en simples instrumentos reproductivos”.
Por otra parte, un grupo identificado con ProVida, un poco menos numeroso, se manifestó a favor de la modificación con el alegato de que “la vida es un derecho. El aborto no es legal; es mortal”.
La diputada perredista Maricela Contreras expresó, un día antes de la sesión aprobatoria, que en Guanajuato se debía aplicar la NOM- 046-SSA2-2005, “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, que marca la obligación que tienen las instituciones de salud de todo el país de prestar el servicio de interrupción del embarazo.
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