La corrupción implica la captura de presupuestos, nombramientos y decisiones públicas para beneficiar intereses particulares sobre el bien público. Los actos de corrupción impactan negativamente la competitividad porque distorsionan los incentivos de los mercados, afectan la certeza jurídica y generan costos para la inversión y la economía.

Imágenes: IMCO.

En este sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, publicada el 21 de mayo de 2026, para dimensionar el impacto de la corrupción en la competitividad de México.

El costo de la corrupción

En México, 16 por ciento de la población mayor de 18 años que interactuó con el sector público (6.9 millones)², experimentó algún acto de corrupción como sobornos o solicitud de mordidas para agilizar trámites o servicios. De estas personas, 66% tuvieron una afectación en términos económicos que alcanzó 24 mil 886 millones de pesos de acuerdo con el cálculo del INEGI, es decir, el costo de la corrupción en el país alcanza un monto de 5 mil 431 pesos por ciudadano.

¿Cómo percibe la ciudadanía la situación de la corrupción en el gobierno?

En 2025, cuatro de cada cinco mexicanos consideró que la corrupción es un fenómeno frecuente o muy frecuente en su entidad. Solo uno de cada cincuenta considera que nunca ocurre.

La medición lleva más de una década mostrando cifras por encima de 80%. En 2013 la percepción arrancó en 88 por ciento y escaló hasta su máximo histórico de 91% en 2017. Desde entonces se había mantenido a la baja, hasta la edición más reciente en la cual se revierte dicha tendencia.

La corrupción no se percibe igual en todo el país. Michoacán, Baja California y la Ciudad de México encabezan la lista con 89 por ciento de percepción. En el otro extremo, Querétaro registra la cifra más baja con 67 por ciento.

Comparando el avance de las entidades, Guanajuato es el estado que más redujo su percepción de corrupción respecto a 2013. El estado redujo nueve puntos hasta 80 por ciento. Sin embargo, a pesar de esta mejora sigue ubicado en el décimo lugar con mayor percepción.

Nuevo León y Jalisco redujeron su percepción de corrupción en dicho periodo. Nuevo León bajó a 77 por ciento y Jalisco a 86 por ciento. Baja California es el estado dónde más aumentó. Subió a 89 por ciento y se colocó en 2025 como la segunda entidad con mayor percepción de corrupción del país.

Le siguen Nayarit, que subió a 83 por ciento, y Querétaro, que aunque aumentó a 67 por ciento, mantiene la percepción de corrupción más baja de todo el país.

¿Dónde queda la autoridad?

Es así, que, la corrupción en México se percibe mayoritariamente en el contacto directo con la autoridad. La policía es la institución con más percepción de corrupción con 87 por ciento de percepción nacional, seguido de los partidos políticos y los ministerios públicos.

En 28 de los 32 estados, la policía es la institución que la ciudadanía percibe como la más corrupta. Solo en cuatro los partidos políticos la desplazan del primer lugar; pero incluso ahí, la policía ocupa el segundo puesto sin excepción.

Prevalencia

En 2025, se calculó una tasa de prevalencia de 15,642 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Esto indica que del total de ciudadanos que realizaron pagos, trámites o servicios, 16 por ciento fue víctima de algún acto de corrupción. Si bien las mujeres interactúan en mayor medida con las autoridades estatales, en promedio experimentan menos corrupción (16 por ciento) con respecto a los hombres (20 por ciento).

Hidalgo (21,451) y Oaxaca (20,330) tienen las tasas más altas, mientras que Colima (6,992) y Nayarit (8,915) muestran los niveles más bajos. En Chihuahua y Colima se presentó la mayor disminución en prevalencia de corrupción en trámites con respecto a 2023. Por el contrario, en Hidalgo y el Edomex se presentó el mayor aumento en los ciudadanos que experimentaron hechos de corrupción al hacer un trámite, pago o solicitud.

Actualmente, la economía mexicana enfrenta un panorama desafiante por el pronóstico bajo de crecimiento. En este contexto, es fundamental entender la dimensión de la corrupción como problema público y sus costos en términos de confianza y competitividad.

El IMCO propone

Para impulsar la competitividad a través del combate eficiente a la corrupción, el IMCO propone:

• Estrategias regulatorias vinculadas a los Polos de Desarrollo Económico, con el objetivo de diseñar e implementar esquemas regulatorios diferenciados que simplifiquen y agilicen los trámites para la apertura y operación de empresas.
• Impulso de capacidades digitales en los gobiernos estatales y municipales, con el fin de fomentar que la ciudadanía realice trámites, pagos, solicitud de servicios y resuelva dudas a través de aplicaciones y plataformas digitales que disminuyan el tiempo, las cargas administrativas y el riesgo de corrupción.