La protección de la selva en Quintana Roo sumó un nuevo frente de coordinación institucional con la firma de un convenio entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Gobierno estatal.

Foto: Gobierno de Quintana Roo.
La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó como testigo de honor la firma de este convenio de colaboración entre la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y Profepa, con el objetivo de fortalecer la defensa de la selva maya contra la deforestación y la protección del patrimonio natural en la entidad
El acuerdo presenta un esquema bajo el cual se permitirá cruzar datos entre instituciones sobre propiedad social, tenencia de la tierra y autorizaciones ambientales.
Considerando que más del ochenta por ciento del territorio estatal corresponde a núcleos agrarios. Esa condición convierte a Quintana Roo en una de las entidades donde la gestión territorial resulta determinante para conservar ecosistemas estratégicos.
La medida adquiere relevancia en municipios como Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Lázaro Cárdenas, donde en los últimos años se ha concentrado buena parte de la pérdida de cobertura vegetal registrada en la entidad.
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En estas zonas, el crecimiento urbano, la expansión irregular y el cambio de uso de suelo han generado presión constante sobre áreas forestales.
Para el gobierno estatal, el convenio también responde a una visión donde la conservación ambiental se vincula con actividades económicas que dependen directamente del equilibrio ecológico, como el turismo, la producción rural y el aprovechamiento comunitario de recursos naturales.
Con este mecanismo, Quintana Roo busca fortalecer su capacidad de vigilancia sobre el territorio y consolidar una política ambiental donde la coordinación institucional permita intervenir antes de que el daño ecológico se traduzca en pérdida irreversible de selva.
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