Ley Catastral: actualización debe ser gradual y transparente

por | Nov 17, 2026 | Ciudadanía | 0 Comentarios

La aplicación de la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral representa una oportunidad para mejorar la recaudación municipal, pero su implementación deberá considerar las diferencias entre los ayuntamientos y garantizar transparencia sobre el destino de los recursos, consideró José Luis Clavellina Miller, director de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Fotos: Alcaldes de México en Facebook.

En la emisión semanal de Soluciones para gobernar, el investigador señaló que uno de los principales problemas del sistema catastral mexicano es la brecha entre el valor comercial de los inmuebles y el valor registrado por las autoridades, situación que repercute en el cálculo del impuesto predial.

Como ejemplo, mencionó que en Querétaro, León y Pachuca se han identificado propiedades con un valor comercial cercano a los dos millones de pesos y un valor catastral promedio de 600 mil pesos.

Ante este escenario, Clavellina Miller consideró que la actualización de los registros debe realizarse de manera progresiva y con criterios técnicos. No obstante, advirtió que todavía será necesario conocer el reglamento y las disposiciones que establecerán las bases para homologar las tablas de valores y los procedimientos entre estados y municipios.

“Los municipios son muy dispares en sus capacidades tanto institucionales, tecnológicas”, explicó, al señalar que el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Agencia de Transformación Digital será relevante para que las administraciones locales puedan adoptar las nuevas herramientas.

Sobre el impacto de la recaudación predial, el especialista indicó que este impuesto representa, en promedio, 30 por ciento de los ingresos que recaudan los municipios. Añadió que, si se consideran otros gravámenes relacionados con la propiedad y su compraventa, los ingresos asociados a este sector podrían superar la mitad de los recursos propios municipales.

Sin embargo, destacó que México todavía tiene margen para incrementar su recaudación. De acuerdo con las cifras que presentó, el impuesto predial representa entre 0.3 y 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, frente a aproximadamente 1.5 por ciento en América Latina y cerca de 2 por ciento en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El director de Investigación del CIEP sostuvo que los gobiernos locales deben considerar la modernización catastral como una inversión y no solamente como un gasto. Mencionó los casos de Querétaro, Hermosillo, Chihuahua y Mérida, donde, según expuso, se han desarrollado acciones de digitalización, cartografía, georreferenciación y actualización de valores inmobiliarios.

No obstante, advirtió que incrementar los valores catastrales y facilitar el cobro del predial no será suficiente si las autoridades no explican cómo utilizarán los recursos adicionales.

“Creo que una parte importante tiene que ver con qué se va a hacer con esos recursos, en qué se van a utilizar y como sociedad también exigir resultados sobre esos pagos”, expresó.

Respecto a la preocupación ciudadana por posibles incrementos en el impuesto predial, Clavellina Miller consideró que los municipios deberán comunicar los alcances de la actualización y aplicar ajustes progresivos en las tablas de valores, además de ofrecer facilidades de pago. A su juicio, la transparencia será necesaria para que la población conozca la relación entre sus contribuciones y los servicios o proyectos financiados con ellas.

Otro componente de la legislación será la creación de una Clave Única Catastral, identificador que se asignará a cada inmueble del país. El investigador explicó que funcionaría de manera similar a la CURP, pues permitiría localizar y rastrear los predios independientemente de cambios en la nomenclatura de las calles o en las divisiones territoriales.

Asimismo, señaló que la Plataforma Nacional Catastral permitirá interconectar las bases de datos municipales y consultar información inmobiliaria, lo que podría aportar mayor certeza jurídica a las operaciones de compraventa. Finalmente, estimó que los resultados de la modernización no serán inmediatos y que podrían observarse con mayor claridad hacia 2028, cuando avance la implementación de los cambios previstos en la ley.

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Ian Sebastian López Solis

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