En 2025 se presentaron eventos que implican un impacto para las administraciones estatales en
aspectos legales, sociales, económicos y de seguridad, los cuales deben considerar para este año.

Foto: INE

Aquí algunos de ellos:

Primeras elecciones judiciales
El 1 de junio de 2025 se llevaron a cabo las primeras elecciones del Poder Judicial en México. En el
proceso se eligieron nueve ministros para la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN),
además de jueces locales y magistrados en 19 entidades del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el proceso electoral judicial, en el que participaron 13
millones de mexicanos. Más del doble de la participación en la votación del juicio a presidentes, lo
que refleja un ejercicio exitoso, dijo.

Polos de Desarrollo del Bienestar para impulsar la economía nacional
Los Polos de Desarrollo Económico del Bienestar forman parte del Plan México, para detonar el
desarrollo de sectores en regiones estratégicas del país y en ayudar a pequeñas y medianas
empresas.

Los proyectos ya cuentan con inversiones aseguradas, principalmente en los sectores de energía,
siderurgia, manufactura y economía digital.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mencionó que para el primer trimestre de 2026 se
prevé la conclusión de seis de los 15 Polos considerados por la administración federal. A finales de
marzo estarán concluidos los Polos de Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán y
Puebla, entidades seleccionadas por su potencial productivo, conectividad y capacidad para
detonar cadenas de valor regionales.

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Revisión del T-MEC
La revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un proceso
clave que comienza formalmente en 2026, con una fecha central el 1 de julio de 2026, donde los
tres países evaluarán si extienden su vigencia por 16 años más o si inician revisiones anuales hasta
2036.

Lo anterior, buscando modernizar y asegurar el crecimiento económico de América del Norte,
abordando temas como trabajo, migración y seguridad.

La revisión considera una evaluación programada, hacia julio de este año, para modernizar el
tratado y adaptarlo a nuevas realidades, según lo estipulado en 2019. Para ello, se realizarán
mesas de trabajo trilaterales para decidir si se extiende el tratado por 16 años (hasta 2042) o se
entra en un ciclo de revisiones anuales.

La revisión de 2026 es crucial para la certidumbre económica y la competitividad de la región
norteamericana, y México se prepara para defender sus intereses en estas negociaciones.

Nueva Ley Nacional del Agua

El pasado 11 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF),
el Decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma disposiciones de la Ley de Aguas
Nacionales, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el Gobierno federal, las reformas a la Ley de Aguas Nacionales no afectan
derechos adquiridos ni dificultan la actividad productiva. Su objetivo es evitar prácticas de
acaparamiento, mejorar la transparencia y dar certeza jurídica a todos los usuarios.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que la ley tiene tres propósitos fundamentales:
Fortalecer y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, mediante una distribución
clara de competencias entre los tres niveles de gobierno; así como el impulso a la
profesionalización de los organismos operadores.

Recuperar la rectoría del Estado en la gestión del agua, y ordenar el régimen de concesiones, para
asegurar una distribución equitativa de los recursos hídricos, brindar certeza jurídica, evitar el
acaparamiento y sancionar los actos de abuso, ilegalidad y corrupción en el manejo del agua.

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