APP+Infraestructura+Crecimiento, una fórmula para todos

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nperez@alcaldesdemexico.com @npvences

Los estados, ya no digamos los municipios, carecen en su mayoría de institutos nacionales de salud y de hospitales de tercer nivel o de alta especialidad, lo cual provoca que México compita por los últimos lugares en indicadores clave de salud pública, entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Una realidad similar aplica en escuelas, carreteras, terminales aéreas y portuarias y en general en infraestructura urbana y rural.

Y aunque no se cuenta con un dato porcentual que ilustre el nivel de rezago en infraestructura a nivel nacional, basta salir de la Ciudad de México, donde se concentran las mayores obras, para constatar las carencias que viven las distintas regiones del país.

El enorme potencial de crecimiento en la construcción de infraestructura está determinado por las necesidades insatisfechas de la población en materia de salud, educación y movilidad. Y aquí es donde surge el primer problema, la construcción de obra pública requiere de elevados montos de inversión, que en el imaginario mexicano deben salir de los presupuestos públicos federal, estatales y municipales, los cuales un año se quedan cortos y el siguiente también. Al menos eso reportan los gobernantes y sus administraciones.

Ante la falta de presupuestos para la construcción de obra pública, queda el camino del financiamiento. Y aquí surge el segundo problema: la deuda, especialmente de estados y municipios se ha satanizado, al punto de preferir frenar la satisfacción de necesidades sociales, antes que adquirir recursos prestados para solventarlas.

Cito un dato de Carlos Rojo, director General de Grupo Financiero Interacciones, que al fusionarse con Banorte será el mayor financiador de infraestructura en México, y que ilustra el margen de endeudamiento sano del que aún disponen las entidades federativas mexicanas: la deuda de estados y municipios representa tres por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que en otros países ese porcentaje fluctúa entre seis y 20 por ciento, dependiendo de si se trata de una nación desarrollada o en vías de desarrollo.

En otras palabras, estados y municipios tienen todavía un enorme margen para seguir construyendo infraestructura con crédito, sin estresar sus finanzas.

Las asociaciones público privadas (APP), que se consolidan cada vez más como un esquema para financiar infraestructura a largo plazo, hoy adquieren mayor certidumbre al amparo de la Ley de Disciplina Financiera, que obliga a que los créditos contratados por gobiernos se usen en forma transparente y se canalicen a inversión productiva, la cual, con el rezago que tenemos, en 99 por ciento se traduce en infraestructura.

La construcción de infraestructura no sólo satisface necesidades sociales, eleva la competitividad del país y marca el inicio de un círculo virtuoso, en el que la economía nacional adquiere mayor dinamismo y las regiones mejores oportunidades de negocio, de generación de empleo y por lo tanto de bienestar general. APP+Infraestructura+Crecimiento parece una buena fórmula para todos. ¿No creen?

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