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El manejo actual de los residuos sólidos urbanos (RSU) en México es lamentable: no ha cundido la cultura de separación de desechos; éstos se acopian y depositan en rellenos mal gestionados que contaminan suelo, agua y aire; su confinamiento es costoso para los municipios; se desaprovecha casi en su totalidad el biogás que generan y se recicla apenas 12 por ciento del total.

Eso no es todo. En el camino se reproduce una larga cadena informal de grupos que van desde pepenadores hasta bodegueros de todos los tamaños y que hace años Héctor Castillo Berthier, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), definiera en su estudio Basura, un problema endémico, como “grupos sociales con una forma de vida parecida a los guetos, donde los líderes controlan la vida personal, familiar y comunal”.

Para el ojo común, es una maraña difícil de desenredar; sin embargo, sorprendentemente, la punta de la madeja está a la vista de todos; la solución al problema es relativamente sencilla; reside en la voluntad política de los presidentes municipales: sólo tienen que tomar la decisión de ordenar sus sistemas de manejo de residuos sólidos y transitar del caos actual a una gestión eficiente, como las que en otros países operan desde hace más de 20 años.

No requieren recursos financieros para implementar ese cambio; tampoco es requisito adquirir tecnologías vanguardistas o desconocidas; ni reemplazar flotillas de camiones recolectores. Basta con que los alcaldes vean las ventajas que la transformación tiene, que tomen la decisión y la implementen. Es un hecho que en los municipios existen inercias, algunos nudos políticos, económicos y sociales que a veces cuesta trabajo deshacer, y para ello tiene que haber voluntad.

No todo el proceso está en ceros. En la mayoría de los 2 mil 445 municipios del país y las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal hay buena cobertura de barrido y recolección, pero la verdadera fuente de la eficiencia de toda la cadena es la separación de los residuos, y ahí el atraso es evidente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que del total de las demarcaciones mencionadas, menos de 5 por ciento cuentan con centros de acopio para materiales como cartón, papel, pet, aluminio y vidrio, entre otros.

Algunos materiales registran tasas más altas de recuperación que otros. Un ejemplo es el cartón y el papel. La Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel reporta casi 70 por ciento de recuperación para reciclaje, pero el resto tienen que importarlo de Estados Unidos con costos elevados.

Las grandes empresas que cubren una parte de su producción con materias primas recicladas saben del beneficio que les representaría una gestión eficiente de los residuos sólidos, y algunas se han agrupado para incentivar su adopción. Así nació Sustenta, integrada por Tetra Pak, Coca Cola, Unilever, Bío Pappel, Ciel, Bimbo, Bonafont, P&G y Danone, cuya función es ofrecer capacitación técnica, administrativa y legal sobre los sistemas de almacenamiento, barrido, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales.

Sergio Escalera, presidente de Sustenta, está convencido de que eficientar un sistema de manejo de residuos sólidos requiere, de entrada, sentido común y lógica. Un buen inicio consiste en establecer rutas de recolección selectiva, con los mismos equipos que los municipios ya tienen pueden definir un día para recolección de materiales reciclables.

Un factor determinante del éxito de cualquier programa de este tipo es la comunicación. Los involucrados deben ser capaces de comunicar a los grupos sociales informales que intervienen en el proceso de recolección y selección, que no quedarán excluidos de la cadena; por el contrario, formarán parte de ella, sólo que desde el terreno de la formalidad.

Todos ganan. Las empresas adquieren materia prima sin necesidad de importarla; los grupos informales pasan a formar parte de un esquema institucionalizado donde cuentan con mejores condiciones de trabajo, higiene y seguridad, y los municipios se benefician en distintos frentes: obtienen ingresos extra por comercializar los productos que recuperan; ahorran al no tener que pagar por el confinamiento de esos productos, y mejoran el cumplimiento de su agenda ambiental, que a la vez trae consigo ventajas sociales y políticas.

Consciente de esta gama de oportunidades que hasta ahora no han podido concretarse de manera generalizada en México, Sustenta empuja la actualización de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) ―que data de 2003―, para que se incluya un criterio de obligatoriedad en la aplicación de esta normatividad.

El propósito es que se incorpore un esquema de consecuencias para los alcaldes que incumplan la ley, con el fin de que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, todos los municipios comiencen a construir un sistema de gestión integral de residuos sólidos y quien no lo haga, no sólo no obtendría los beneficios de hacerlo, sino que no accedería a incentivos adicionales, como programas específicamente diseñados para quienes sí cumplan y que el propio Sustenta estaría dispuesto a fondear en la medida de sus posibilidades.

La buena noticia es que las discusiones están muy avanzadas con la comisión legislativa correspondiente; la mala es que la Legislatura está a pocos meses de concluir y aún no hay certeza de las modificaciones queden aprobadas.

Independientemente de que la modificación a la ley se dé, no hay opción; el mundo se dirige hacia sistemas de gestión eficiente de residuos sólidos y México tendrá que incorporarse tarde o temprano. Es hora de que gobiernos, empresas, grupos sociales involucrados y población en general vayamos familiarizándonos con conceptos como: Eficiencia Ambiental, Recuperación de Residuos con Valor Residual, Responsabilidad Extendida del Productor y Reciclaje Incluyente, los cuales bordaremos con detalle en otra ocasión y que serán factores determinantes en la nueva relación municipios-empresas en el manejo de residuos sólidos urbanos.