Michoacán y el reino de la extorsión

Es un hecho que a mayor inseguridad en un país, mayor es el costo operativo de las empresas y menor el interés de éstas por invertir en una región o estado. Es el caso de Michoacán, que a lo largo de 2013 y las pocas semanas transcurridas de este año, ha vivido el peor episodio de violencia originado por los enfrentamientos armados entre el narcotráfico, los grupos de autodefensa y los cuerpos federales de seguridad. No se puede pensar en un peor ambiente para los negocios. En ese estado las empresas –sin importar el tamaño o giro– son víctimas de extorsión y secuestros y deben sortear las vicisitudes de un mercado deprimido, además de sobreponerse al impacto de enfrentamientos armados y del temor que prevalece en ciertas zonas.

No hay mediciones oficiales sobre el cierre de empresas en la entidad por razones de inseguridad. Ni las oficinas nacionales o locales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), ni la Secretaria de Economía (SE), ni el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dan cuenta exacta de las bajas que el sector empresarial ha presentado en los últimos dos años. A pesar de ello, sí se puede echar mano de algunos datos aislados para describir el ambiente que prevalece en Michoacán para las empresas: El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calcula que alrededor de 100 compañías grandes han abandonado el estado. Oscar Hugo Pedraza, de la Universidad Michoacana, afirma que entre 10 y 15 por ciento de las Pymes han dejado de operar en los últimos años. Sin especificar razones, conteos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que en los primeros tres trimestres de 2013, casi 14 mil 300 personas dejaron o cerraron un negocio propio en la entidad. En turismo, la Asociación Mexicana de Hoteles ha reportado que la ocupación hotelera se redujo hasta 20 por ciento en el segundo semestre de 2013, en los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y Apatzingán.

La industria de autotransporte se ha declarado como una de las más afectadas, debido a la quema de autobuses. Empresarios michoacanos estiman que las pérdidas por ese concepto, podrían ser de unos 112 millones de pesos (mdp). Pero más allá de los datos, hay evidencias de que la normalidad de las empresas en Michoacán transcurre entre las obligaciones fiscales formales que deben cubrir, un mercado local agobiado, costos adicionales derivados de la inseguridad y aportaciones extraordinarias que deben pagar al crimen organizado.

Es un secreto a voces que la extorsión y amenazas a negocios de tamaño y giro indistintos son cosa de todos los días; ya la población empresarial se declara familiarizada con la vergonzosa práctica resumida en una frase: “Si quieres operar tienes que cooperar”. Las cuotas que se imponen, lo mismo a tortillerías, pollerías o despachos de profesionistas, que a grandes empresas comerciales, industriales y de servicios, así como agropecuarias y mineras, pueden ir desde 10 mil pesos mensuales e ir aumentando conforme el negocio crezca, hasta cifras millonarias.

En esa inaudita realidad está sumergido el estado que es líder en producción de aguacate, limón, guayaba, berries, de minerales como el carbón y que también posee el tercer puerto más importante del país, el cual pronto será el más grande de América Latina, según los planes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En cuanto a la producción agropecuaria, es tal el daño ocasionado, que ya empieza a impactar al resto de la economía nacional. Por primera vez en su historia el Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados, de la SE, alude en su reporte a la inseguridad como un factor que está incidiendo en alzas de precios de alimentos como el limón; de hecho, hay temor de que éste escasee en el mercado. Lo que ocurre en Michoacán no tiene precedente, es una maraña que a los ojos de muchos será muy difícil deshacer.

La población padece los estragos de un gobierno estatal impotente ante el tamaño del problema; el Gobierno Federal interviene tardíamente y de manera controversial; se dice que los militares actuaron todo este tiempo de acuerdo con autodefensas; los grupos de autodefensas se niegan a dejar las armas hasta que les garanticen la desaparición total de Los Caballeros Templarios de territorio michoacano; Los Caballeros Templarios aseguran que ellos “protegen” a la sociedad de la acción de Los Zetas y del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y en medio de todo, una población civil atemorizada por asesinatos y enfrentamientos violentos, y una clase empresarial que todos los días es testigo de un secuestro, de una extorsión, de un negocio incendiado o cerrado, de cómo el crimen organizado se apropia ilegalmente de bienes inmuebles y de cómo impide la distribución de mercancías en zonas rurales.

Los efectos negativos crecen sin control: poco a poco, el estado se ha ganado la deshonrosa distinción de estar entre las seis entidades con mayor número de secuestros; Estados Unidos ha prohibido a sus ciudadanos viajar específicamente a algunas zonas de México, entre ellas Michoacán, y familias enteras emigran hacia otros estados en busca de paz y empleo. Ya el director del CEESP, Luis Foncerrada, ha encendido la alerta sobre el desinterés de inversionistas por mantener sus capitales en la zona.

El problema es mayúsculo, el Gobierno Federal no debe perder de vista que la falta de seguridad física y jurídica en Michoacán y en todo el país, pone en riesgo la efectividad de las reformas estructurales. Aunque la creación de leyes secundarias que permitirán implementar las reformas aprobadas en 2013 va por buen camino, el país no será atractivo si no tenemos un régimen de legalidad, un pleno Estado de Derecho con certeza jurídica sobre los derechos de propiedad y sobre las reglas del juego. La extorsión, corrupción e impunidad minan la competitividad, aumentan el costo para hacer negocios, generan incertidumbre y reducen el atractivo de inversión. Más vale que los gobiernos Federal y de Michoacán se esmeren en revertir cuanto antes los daños provocados por la falta de talento y seriedad con que –al menos hasta el cierre de esta edición– han enfrentado el grave problema de inseguridad.

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