La relación entre los órganos públicos locales electorales (Oples) y el Instituto Nacional Electoral (INE) entra en estos días en una nueva dinámica. Además de las 13 elecciones locales que se realizarán en 2016, el reto para los próximos meses consiste en consolidar el esquema de trabajo compartido entre instituciones locales, que gozan de autonomía e independencia, y una institución nacional, facultada para establecer criterios y lineamientos que regulan las acciones que los Oples deben realizar en el cumplimiento de sus obligaciones legales. El objetivo común es incrementar la calidad de los procesos electorales mediante prácticas, técnicas y mecanismos homogéneos en todo el país.
Las primeras experiencias para poner en práctica la nueva ley, en términos de la relación INE-Oples, se definieron durante el proceso electoral de 2015, cuando el INE asumió las atribuciones que le otorga la ley y que se encontraban delegadas a los órganos locales. La primera razón para hacerlo fue la obligación legal de instalar casillas “únicas” en las entidades en las que se realizaran elecciones concurrentes con la federal.
Ahora que 13 estados y el INE se aprestan para preparar las elecciones locales de 2016 era necesario establecer con claridad el papel que cada tipo de autoridad desempeñará en dichos procesos. Una alternativa para el INE era delegar a los estados las tareas que había asumido en 2015. Después de todo, las autoridades estatales han organizado elecciones previamente y sus estructuras conocen las actividades relacionadas con la organización de las elecciones. Incluso se consideró que para las elecciones locales, los Oples tienen experiencias que no tiene el INE en algunos aspectos, como la instalación y funcionamiento de consejos municipales.
Sin embargo, el Consejo General del INE decidió mantener y ejercer en 2016 las atribuciones que le otorgan la Constitución y la ley. Así lo hará también en la organización de los procesos electorales extraordinarios que se realizarán próximamente.
La decisión parte de la convicción de que las nuevas responsabilidades institucionales implican contribuir a que en todo el país las tareas básicas de organización y capacitación electoral sean similares. Se trata de establecer actividades de carácter homogéneo que perfeccionen los procesos electorales en su conjunto, y al mismos tiempo los órganos locales concentren sus actividades en las tareas que la Constitución y la ley reservan expresamente para ellos.
En octubre, el INE dio un paso más en la búsqueda de fortalecer la autonomía de los órganos locales electorales y de garantizar imparcialidad en su actuar. El Consejo General de cada Ople fue nombrado por el INE, pero ahora toca a estos nombrar a los ciudadanos que integrarán los consejos distritales y municipales de cada entidad. Son esos consejos los que finalmente tomarán las decisiones fundamentales de cada elección, incluyendo el cómputo final. Por ello era importante que el nombramiento de estos funcionarios se realizara mediante procedimientos de apertura y transparencia que garantizaran la imparcialidad de dichos consejos.
El INE no tiene atribuciones para nombrar directamente a los funcionarios en los estados, pero sí tiene atribuciones para atraer esa función y dictar lineamientos que los Oples deberán aplicar al integrar los consejos que operarán en las elecciones de 2016. Con ello, el INE cuida que se cumplan los alcances de la reforma electoral y los Oples mantienen su autonomía para tomar sus decisiones. Para alcanzar los objetivos que motivan este tipo de decisiones, se requiere fortalecer la coordinación entre el INE y los Oples.
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