La nueva estrategia de seguridad

Después de tres meses de gobierno y de las incontables conferencias de prensa mañaneras, los anuncios de cambios, la generación de nuevos debates y algunos conflictos mantienen una marcha consistente que aún se ubica en la «luna de miel» que vive el nuevo gobierno.

Algunos temas polémicos, como la cancelación del nuevo aeropuerto, resurgirán en su momento y seguramente se plantearán soluciones nuevas. Parte ya está en el anecdotario y parte se solucionará con mayores o menores costos. Con todo, el tema persistente que ha trascendido a varios gobiernos y que sigue vigente es el de la inseguridad y la violencia. Todo lo referente a esta problemática enfrenta la rudeza de una realidad social y económica muy compleja que no será fácil eliminar.

Por principio, el tema de la creación de la Guardia Nacional sigue en medio de un debate interminable. La promesa fue retirar a los militares y marinos de las labores policiacas; la oferta es formar un cuerpo con mandos civiles y operación militar. Los actores en debate van desde la representación de las víctimas de actos de violencia en años pasados, hasta militantes de los partidos que conforman la nueva mayoría, a quienes no satisface la propuesta inicial del Presidente. A su manera, es evidente que las fuerzas armadas también tienen una voz que, sin mucha estridencia, se hará sentir en su momento.

Pero la creación de la Guardia Nacional es sólo parte de la estrategia. De hecho, sin que las cámaras hayan tomado las definiciones legales específicas, en medio de foros y más debates sobre qué hacer, lo cierto es que de facto están operando grupos que combaten al crimen organizado, con los militares presentes y operando la nueva guerra del Presidente, esta vez contra el huachicoleo y las organizaciones criminales que lo amparan. En este contexto, hay que incluir la presentación, a principios de febrero, de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que obedece a la disposición constitucional que en su Artículo 69 obliga al nuevo gobierno a presentar esta propuesta ante el Senado de la República.

La nueva estrategia identifica fenómenos como la pobreza, la falta de empleos y la insuficiencia del sistema educativo como base de los problemas que generan inseguridad. Por lo tanto, no extraña que el primer objetivo que se plantea es acabar con la corrupción y reactivar la procuración de justicia, puesto que esta tarea se olvidó a partir de 2006.

Con esta visión, la estrategia hace énfasis en un mayor control de las actividades de los funcionarios públicos para acabar con la impunidad. Esto, más una amplia política social orientada a mitigar las razones que generan la violencia, son las bases de la nueva estrategia. Lo demás es más o menos el mismo tipo de políticas seguidas anteriormente, encaminadas a enfrentar los principales delitos que se cometen a diario en el país. Es obvio que se hace énfasis en el robo de hidrocarburos, el combate al narcotráfico y la necesidad de contar con verdaderos cuerpos policiacos, bien capacitados y entrenados que resolverán el problema.

En el fondo, la estrategia sigue partiendo de lo que el Presidente ofreció, como la Guardia Nacional que aún se debate. Lo novedoso fue la definición de 17 municipios específicos: Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Tlajomulco, Benito Juárez, Irapuato, Guadalajara, Salamanca, Culiacán, Manzanillo, Uriangato, Celaya, Ecatepec, Monterrey, Chilpancingo, Reynosa y Nuevo Laredo. Esperaremos los resultados.

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