Después de la elección, ha iniciado un complejo periodo de transición entre los gobiernos. Más allá del proceso de entrega y recepción de las oficinas, de la elaboración de los libros blancos de las dependencias y de la configuración de los nuevos equipos de gobierno, esta transición está llamada a preparar un conjunto de cambios de la forma en la que se venían haciendo las cosas en la administración pública.
Aún es temprano para alcanzar a visualizar las consecuencias del mandato que recibió el nuevo gobierno. Lo cierto es que desde 1997 no habíamos tenido un partido que tuviera suficiente fuerza en ambas cámaras del Congreso y que detentara la Presidencia de la República al mismo tiempo. En la vieja tradición priista de partido hegemónico, ciertamente el Presidente de la República desempeñaba un papel relevante en la mayoría de las decisiones. A pesar del resultado del 1° de julio, no estamos en una situación similar. La pluralidad de nuestra sociedad y sus diversas expresiones políticas plantean la necesidad de negociar como premisa para hacer política. Sin embargo, es evidente que importantes decisiones presidenciales contarán con el apoyo suficiente para prosperar, sin mayores obstáculos.
La pluralidad de partidos que gobiernan las entidades en la república, obliga a una negociación entre diversas fuerzas políticas. Ese esquema se mantiene después de la elección con ciertos matices. Morena sólo gobernará cinco entidades federales, pero tendrá un peso importante en 19 congresos locales, por lo que muchos gobernadores enfrentarán la oposición de sus órganos legislativos.
Por otro lado, casi la mitad de los 50 municipios más poblados del país serán gobernados por Morena, incluyendo seis capitales estatales y la CDMX. El mapa político del país cambió y las relaciones entre los órganos de gobierno también cambiarán. Por eso, la transición entre el Gobierno Federal priista y el morenista tendrá múltiples aristas y formas novedosas de hacer política. En ese contexto, el éxito presidencial radicará en su capacidad de incluir en sus decisiones puntos de vista diversos y soluciones para los problemas de todos. Eso es lo que hace de un gobernante un verdadero hombre de Estado.
A la fecha hay señales encontradas sobre las políticas que seguirá el próximo gobierno. Bastan tres ejemplos para ilustrar: a pesar del debate que se tuvo durante la campaña sobre la pertinencia de otorgar amnistía a ciertos delincuentes, el discurso del Presidente electo se mantiene firme y reitera sus intenciones de campaña.
En el caso de la reforma educativa, los nuevos voceros presidenciales han hecho referencia a una consulta a la ciudadanía sobre cómo proceder. Lo que aún no sabemos es qué tipo de consulta se realizará, quiénes tendrán derecho a opinar y cómo se organizará.
Respecto a la política energética, el Presidente electo insiste en extraer más petróleo y en la construcción y modernización de refinerías para procesar gasolina más barata. Ese modelo fue deliberadamente abandonado en el contexto de un mundo globalizado, que distribuye partes de la cadena productiva en diferentes regiones y países.
Sin embargo, falta mucho para conocer los caminos que seguirá el nuevo gobierno. Por ahora, habrá que continuar con cuidado dos procesos que iniciarán pronto: el arranque el 1° de septiembre de las actividades del nuevo Congreso de la Unión, con la agenda que propongan los partidos mayoritarios; y la conformación del presupuesto de 2019. Ambos procesos seguirán la ruta que marquen los nuevos actores políticos mayoritarios.
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