Lecciones y las reformas que vienen

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El autor es Decano Asociado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG; Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (Figura Pública)

Ha terminado el proceso electoral 2017-2018, que cumplió con creces el objetivo de organizar la elección más grande, compleja y difícil de nuestra historia democrática. “A toro pasado” se dice fácil, pero ahora más que nunca es necesario reconocer la actuación de las instituciones electorales en toda su dimensión. Sin duda siempre habrá espacio para hacer mejoras y perfeccionar procedimientos electorales, pero lo cierto es que las instituciones mostraron que funcionan correctamente. Esas son buenas noticias.

En adelante se abrirán espacios para reformas electorales, algunas ya anunciadas, que se desprenden de las lecciones del proceso que termina. Se volverán a poner sobre la mesa los requisitos que deben acreditar quienes busquen una candidatura independiente; la posibilidad de emitir el voto de forma electrónica desde el extranjero; el funcionamiento de los órganos electorales locales e incluso habrá que ver qué piensan ahora los actores políticos sobre la pertinencia de establecer la segunda vuelta, ya que si hubiera estado regulada, no habría sido necesaria su aplicación.

Adicionalmente, en las últimas semanas se han mencionado dos temas importantes: la necesidad de eliminar restricciones para la realización de consultas públicas y reducir en 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos. En el primer caso, la experiencia muestra que es un sinsentido obligar primero a la recolección de una gran cantidad de firmas, para después consultar a la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la consulta. Durante su campaña, el Presidente electo refirió en múltiples ocasiones que muchas propuestas serían sometidas a consulta ciudadana. En consecuencia, sería conveniente contar con un mecanismo más ágil para que ese tipo de consultas se realizaran de forma incluyente y democrática. Es necesario recordar que el Artículo 35 constitucional establece que es un derecho de los ciudadanos votar en las consultas populares. Por lo tanto, se trata de regular un derecho ciudadano, esperemos que con la intención de expandirlo y no restringirlo.

Por otra parte, parece haber consenso en la conveniencia de reducir el financiamiento público de los partidos políticos. Con todo, aplicar una reducción a rajatabla no es una solución que resuelva de forma integral el problema. Irremediablemente, los partidos requieren recursos para su organización, su operación política y para competir con eficiencia. La definición del financiamiento público debe partir de un esquema integral que valore y considere todas las prerrogativas partidistas en su conjunto (acceso a los medios, franquicias postales y telegráficas, apoyo para actividades específicas, financiamiento para actividades ordinarias y para gastos de campaña). En todo caso, repensar los recursos públicos a los partidos políticos implica realizar un diagnóstico integral y cuidar que no se pierda el objetivo para el que se instituyó. Los partidos son necesarios, deben operar en un esquema de equidad y rendir cuentas oportunas de todos sus ingresos y egresos.

Con seguridad la nueva legislatura buscará realizar reformas electorales y se abrirá un debate al respecto. La sabiduría de las reformas pasadas, para bien o para mal, ha sido la inclusión de todas las fuerzas políticas en su realización. Habrá que seguir con cuidado los cambios que se proponen para analizar si fortalecen o debilitan nuestra democracia.

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