Octubre: no se debe olvidar

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El autor es Decano Asociado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG; Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (Figura Pública)

Han pasado tres meses de la elección y las miradas están puestas en la toma de posesión del nuevo primer mandatario, el 1o de diciembre. El Congreso de la Unión está en funciones; ha concluido el proceso electoral; la transición fluye armónicamente y el Presidente electo mantiene su activismo ante una cobertura mediática que recuerda los tiempos del sistema político mexicano clásico del siglo XX. Por su parte, Alcaldes de México ha entregado los premios de este año a los mejores presidentes municipales del país y el Instituto Nacional Electoral (INE), junto con los organismos públicos locales electorales (OPLE), empieza a preparar las elecciones locales del año entrante. De hecho, desde principios de septiembre el INE firmó los convenios de colaboración con los órganos electorales locales, pues pronto comenzarán los procesos en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.

Mientras tanto, empieza la toma de posesión de los nuevos alcaldes y el Congreso de la Unión debate las iniciativas que impulsan los representantes de Morena, en el marco de la llamada “4a transformación”.

Pero este año, octubre no puede olvidarse por la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Sin duda, fueron acontecimientos que transformaron al país en muchos sentidos. De ahí surgieron demandas por la democratización de México, además de partidos políticos a la sombra del sistema y movimientos sociales que incluso nutrieron la formación del Partido del Pueblo en Guerrero, que formó parte de la guerrilla de Lucio Cabañas.

El 2 de octubre se enmarca irremediablemente en el contexto del conflicto estudiantil que inició a principios de septiembre. En unas semanas renacieron viejos problemas que enfrentan algunas universidades por la presencia de grupos porriles al servicio de todo tipo de intereses encubiertos. No es un fenómeno nuevo, usan la violencia como medio de desestabilización y los efectos políticos son muy inciertos, pero no es extraño que los pliegos petitorios soliciten la renuncia del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que se pidan mejoras académicas, administrativas e incluso políticas, en los planteles universitarios.

Llama la atención las reacciones y declaraciones inmediatas de algunos actores. Los estudiantes respondieron con una de las movilizaciones más numerosas en muchos años, en contra de la violencia. El Rector Graue expulsó a 18 de los agresores; la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo de inmediato a dos de ellos y unas horas después los liberó; se levantó una condena enérgica contra la violencia en las universidades. Sin embargo, preocupa que el 7 de septiembre, el periódico Excélsior publicó una entrevista con uno de los líderes porriles del CCH Azcapotzalco, en la que reconoció que la orden de ataque “vino de arriba” y aseguró que habría más agresiones y violencia contra los universitarios. Y lo lamentable es que se menciona insistentemente a partidos políticos involucrados en la organización de este tipo de grupos de choque. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para que se investigara qué partidos podrían estar atrás de esos grupos de porros.

La democracia mexicana no podrá fortalecerse si sus principales actores, los partidos, forman parte de ese tipo de acciones violentas. Nada parece indicar que estos grupos tengan una influencia electoral importante. Con todo, ninguna acción violenta, particularmente ante los jóvenes universitarios, ayuda a la vida democrática. El Presidente electo aseguró que en su gobierno se acabarán los infiltrados, grupos de choque y de intereses creados. Buen propósito en el que han fracasado varias generaciones de autoridades universitarias y gubernamentales.

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