Preocupan vacíos en el IFE

IfeEl inicio del proceso electoral 2011-2012 estuvo acompañado por un conjunto de situaciones difíciles y el planteamiento de nuevos debates. La rivalidad de los partidos políticos y el incremento de su competitividad permiten afirmar que para motivos prácticos, a pesar de la ley y de la capacidad de arbitraje del Instituto Federal Electoral (IFE), las precampañas y en algunos casos las campañas, ya empezaron. Tal vez no las veamos a través de anuncios de televisión o las escuchemos en la radio, pero de hecho se empiezan a oír y a comentar propuestas sobre lo que cada aspirante haría en caso de llegar a la Presidencia de la república.

Justo antes de que el IFE diera por iniciado el proceso, los diputados realizaron un último intento por nombrar a los tres consejeros electorales vacantes en la mesa del Consejo General. El fracaso del 6 de octubre pasado generó una percepción que puso al IFE una vez más en una situación de debilidad institucional.

No se trata de que las elecciones estén en riesgo o de que la democracia pudiera debilitarse en nuestro país. Se trata de que para operar una elección se requiere de una autoridad reconocida y respetada por los actores de la competencia. Eso no parece estar ocurriendo. El mismo hecho de que los aspirantes ya estén en campaña es prueba de ello. Las paradojas están a la vista:

Por un lado, la Cámara de Diputados ha sido particularmente crítica con el IFE, enviando exhortos para que explique y transparente el uso de sus recursos, o para recortar su presupuesto. Sin embargo, el Congreso no realizó la reglamentación de temas que involucran al Instituto, como el derecho a la réplica, lo concerniente a la propaganda personalizada de los funcionarios públicos o las normas para definir aspectos específicos que había solicitado el IFE para facilitar, por ejemplo, el cómputo de los votos. Si a esto sumamos la falta de consenso, al menos hasta mediados de octubre, para nombrar a los tres consejeros electorales, resulta que la autoridad del organismo queda disminuida.

Por otro lado, los partidos políticos, autores de la reforma electoral, se preocuparon por establecer condiciones que garantizaran mayor equidad en la contienda. Además de restringir la compra de tiempos en radio y televisión, los partidos legislaron para impedir la presencia de funcionarios públicos en los medios y acotaron la posibilidad de que terceros participaran apoyando o criticando a un aspirante a un puesto de elección popular.

Asimismo, la ley acotó los tiempos de precampaña y de campaña para que nadie se beneficiara de actividades adelantadas. Sin embargo, todos los aspirantes han actuado en el filo de la ley para hacernos conocer sus intenciones e incluso sus programas de políticas para el futuro. Estos contenidos incluso han estado en los medios electrónicos y en las redes sociales en Internet.

En cierta forma, en aras de fortalecer el debate público y de incrementar el conocimiento de la ciudadanía sobre todos los actores de la contienda, parece más conveniente que de una vez se pongan sobre la mesa las alternativas, como de hecho está ocurriendo. Con todo, y a pesar de ello, resulta paradójico que en una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se estableciera que los medios de comunicación no pueden abrir espacios especiales para transmitir los debates que organicen los precandidatos de un partido (como ocurrió en el caso de la elección para gobernador en el estado de Nayarit).

Finalmente, el proceso electoral inició y el IFE está preparado para su organización. Falta ver hasta dónde se fortalecerá el respeto a la institución para que esté en condiciones de hacer cumplir la ley, no sólo en las actividades organizacionales, sino también en aquellas en las que se requiere ordenar la competencia sin que nadie saque provecho ilegal de los huecos que dejó la reforma electoral.

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