Reforma poselecciones

Después de las elecciones locales de los primeros días de junio, es muy probable que se intensifiquen los debates sobre los contenidos que deberá tener la nueva Reforma Electoral. De hecho, la Reforma ya empezó, pues los temas de la revocación de mandato y de consulta popular no sólo están en la agenda, sino que ya fueron discutidos por el Congreso de la Unión, aunque esté pendiente su aprobación en el Senado. Aun así, el camino por recorrer es todavía largo, pues esas reformas impactan a la Constitución y posteriormente habrá que realizar los ajustes necesarios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer los cambios específicos que deberá aplicar el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, hay otros temas que están en el tintero y deberán discutirse pronto. Entre los más mencionados están los siguientes: la reducción del 50 por ciento en el financiamiento público a los partidos políticos; la pretensión de desaparecer los organismos públicos locales electorales (OPLE) y concentrar la organización de las elecciones federales y locales en el INE; algunas modificaciones a este mismo, como reducir el número de consejeros electorales o fundir algunas de sus direcciones ejecutivas; definir si la fiscalización de los recursos de los partidos debe seguir en manos del INE o si debe pasar a otra autoridad; la modificación del modelo de comunicación política para moderar la cantidad de spots que se transmiten durante las campañas electorales; la tipificación de algunos delitos electorales para que la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) pueda actuar contra la compra y coacción del voto, etcétera.

Adicionalmente, si se piensa en una reforma en serio, se podría aprovechar la oportunidad para eliminar un conjunto de disposiciones que hacen muy cara la organización de las elecciones y el funcionamiento del INE, desde los procedimientos complejos para seleccionar y capacitar a los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, hasta detalles como la utilización de papel seguridad para la impresión de las boletas electorales.

En este contexto la pregunta pertinente es si los partidos políticos ya tienen suficiente confianza en los procedimientos electorales como para relajar el rígido esquema de controles. Uno pensaría que no es el caso, por lo que probablemente no haya cambios al respecto. Lo mismo ocurriría con la posibilidad de hacer uso de urnas electrónicas para que al menos en algunas entidades o distritos se utilizaran. Incluso, se podría pensar en modelos de voto vía Internet, que ya está previsto en la ley para el voto de los mexicanos desde el extranjero.

En todo caso, la agenda de temas es amplia, la construcción de consensos no es fácil y no se cuenta con mucho tiempo. Para finales de mayo del año que entra la nueva normatividad electoral debería estar lista, aprobada y promulgada. Esto es así, porque prevalece la disposición constitucional de que los cambios a las leyes electorales deberán aprobarse al menos 90 días antes de que inicie un proceso electoral. El proceso para renovar la actual Cámara de Diputados en 2021 inicia a principios de septiembre de 2020. Hacer los cambios posteriormente implicaría ir a la elección presidencial con una ley nueva, no aplicada con anterioridad, lo que en sí representa posibles riesgos. En ese caso, no sería la actual composición de la Cámara de Diputados la que discutiría y aprobaría las reformas electorales, tanto constitucionales como legales. Esa responsabilidad recaería en la Cámara que se elegirá en 2021, junto con el actual Senado.

Dados los pendientes que dejaron los dos primeros periodos ordinarios de sesiones del Congreso, pareciera que el trabajo legislativo está muy saturado y para este tema, el tiempo se agota. Los legisladores tienen la palabra.

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