Para que las elecciones generen resultados confiables para la ciudadanía se requiere de reglas claras y compartidas por todos los participantes. A finales del año pasado, la llamada reforma política aprobada por el Congreso de la Unión destacó por el alto contenido electoral que se aprobó. Entre los cambios, resaltó la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en una nueva institución que se denominará Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, los efectos de la reforma en las reglas de la competencia electoral son mucho más amplios y para varios se generó una sensación de incertidumbre sobre cómo se organizarán las elecciones de ahora en adelante. Es más, para muchos parece que el nuevo INE podría no estar en condiciones de hacer un buen trabajo en 2015.
Una de las principales tareas del Congreso de la Unión a partir del 1º de febrero es completar la reforma y emitir las leyes secundarias que deberán dar certeza en la legislación electoral. No es una tarea fácil y el tiempo será un factor importante. La realidad es que la organización de un proceso electoral lleva mucho tiempo y las decisiones que la autoridad deberá tomar son diversas y complejas. Con todo esto es importante tomar en cuenta que tanto a nivel estatal, como federal, se cuenta con mucha experiencia electoral que estará presente en 2015. Lo que se requiere es tener claridad en algunas definiciones para evitar conflictos en los múltiples procesos que iniciarán a finales de este 2014.
De acuerdo con la reforma constitucional, el Congreso de la Unión deberá emitir, antes del 30 de abril, un conjunto de normas que sustituirán al actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se hará realidad la necesidad de contar con ordenamientos específicos para cada etapa y materia de la cuestión electoral.
Los principales ordenamientos serán: (1) La ley general que regule en todo el país a los partidos políticos nacionales y locales; (2) La ley general que regule los procedimientos electorales federales y locales; y (3) La ley general sobre delitos electorales. Adicionalmente, la reforma indica que se deberá emitir la ley reglamentaria sobre la propaganda gubernamental, definida en el Artículo 134 de la Constitución.
Ciertamente, el actual Código Electoral contiene los lineamientos generales que servirán de base para el nuevo conjunto de normas. Sin embargo, los actores políticos requieren claridad sobre el alcance y poder que tendrán los integrantes del nuevo Consejo General del INE sobre los institutos electorales locales que finalmente no desaparecieron, pero que estarán bajo la autoridad del nuevo INE.
Por otra parte, los principales problemas de la elección de 2012 siguen presentes y el reto de las nuevas leyes y de las autoridades que las aplicarán, será enfrentarlos con certeza y eficiencia. Al respecto habría que destacar tres temas: (1) La fiscalización de los recursos de los partidos políticos, especialmente durante las campañas electorales; (2) La influencia de los medios de comunicación en la proyección de los candidatos y de los mismos partidos políticos; y (3) La forma, tiempos y responsables de dirimir las quejas entre los partidos durante las campañas. En este último aspecto la reforma electoral le quitó a la autoridad administrativa la responsabilidad de resolver las quejas y se la trasladó al Tribunal Electoral.
Febrero será un mes en el que estarán a debate todas las ideas que conformarán el marco electoral que estará vigente en 2015. Para los municipios del país, lo cierto es que ya se modificó el esquema con el que se renovarán los ayuntamientos y la posibilidad de optar por la reelección implicará un ajuste importante no sólo en la materia electoral, sino en la forma de gobernar.
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