El 3 de octubre participé en el Tercer Seminario Internacional de Transparencia de la Asociación Nacional de Alcaldes. En dicho evento se analizó cómo los municipios harán frente a las responsabilidades que han adquirido a raíz de la última reforma constitucional en materia de transparencia. Este tipo de foros son importantes para transitar del consenso en la normas al consenso en las prácticas cotidianas.
La pobreza, el hambre, la violencia, la falta de acceso al agua, la deficiencia de los servicios de salud y educación, el desempleo y otros problemas se hacen visibles en las colonias y en las comunidades, pero no se ven avances concretos en la vida cotidiana. La complejidad de estos problemas y las capacidades para enfrentarlos son distintas en cada municipio del país, sin embargo, la población exige que sus autoridades rindan cuentas de sus decisiones, que los informen y los dejen comunicar sus inconformidades y necesidades. Incluso, habrá casos en los que pidan intervenir en los asuntos públicos.
¿Cómo pueden los alcaldes atender estas demandas y, al mismo tiempo, recuperar la confianza de sus electores? Estoy convencido de que el gobierno abierto les ayudará, ya que permite conjuntar la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como instrumentos o medios para el fin que nos interesa a todos: lograr que las políticas públicas den resultados que mejoren nuestra calidad de vida en aspectos cotidianos.
Si es adoptado efectivamente, puede ayudar a crear un entorno colaborativo que beneficie tanto a las autoridades como a la población. Los gobernantes ya no serían los únicos responsables y sumarían con la población conocimiento, capacidades y recursos para dar mayores posibilidades de éxito a sus políticas y programas públicos; ganarían si demuestran que pueden ser transparentes y mediante la rendición de cuentas sobre aquello que más preocupa a la población. Los ayuntamientos podrán cumplir de manera colaborativa con los ciudadanos las funciones que les asigna el Artículo 115 constitucional como la seguridad pública, el agua potable, el alumbrado, los mercados, la movilidad, entre otras.
Hoy 23 entidades federativas se han sumado a los ejercicios locales de gobierno abierto impulsados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y varias autoridades municipales participan activamente en ellas. Sí, ya hay municipios que han incorporado el gobierno abierto en su actuar. Han hecho compromisos en los planes de acción de sus estados que buscan mejorar la vida cotidiana de sus habitantes.
Por ejemplo, el ayuntamiento de Durango tratará temas de medioambiente, seguridad pública, empleo y contraloría social. En Tlaxcala, cinco municipios trabajarán de manera similar. El municipio de Veracruz transparentará la ruta del dinero público que bajará de fondos federales para seguridad pública y en Oaxaca de Juárez se mejorará la movilidad de las personas con discapacidad. En Zacatecas, el Poder Legislativo estatal impulsará reformas para establecer institutos municipales de planeación y observatorios locales del patrimonio. ¿Se imaginan que estos esfuerzos se replicaran en todos los municipios del país?
Esto sí es posible. Hay voluntad política para ampliar el gobierno abierto en las alcaldías. Además, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) instaló una comisión de gobiernos abiertos que podría sumarse al impulso de los ejercicios locales de gobierno abierto. La invitación del Inai y el SNT para adoptar estos ejercicios está abierta de manera permanente. Dado el contexto, me parece que el gobierno abierto es una demanda de la población. ¿Le daremos respuesta?
0 comentarios