La devastación que dejaron los sismos del 7 y el 19 de septiembre es incalculable en cuanto a las vidas humanas perdidas, pero no lo es en cuanto a las afectaciones materiales. Éstas sí pueden ser reparadas o reedificadas y son la base para que las comunidades de los 693 municipios afectados puedan recuperar su vida cotidiana, incluso mejorarla. Por lo tanto, deben ser gestionadas adecuadamente. El Gobierno Federal estimó que harán falta 37 mil millones de pesos (mdp) para reconstruir viviendas, escuelas, infraestructura básica y patrimonio cultural. También anunció los fondos públicos federales de los que provendrán los recursos que se distribuirán y que podrían complementarse con recursos de los propios estados.
Pero hay desconfianza respecto al posible uso de estos recursos para fines electorales o intereses particulares en lugar de llegar a quienes realmente lo necesitan. Los mexicanos damnificados no sólo atraviesan una crisis a causa del desastre natural, sino porque desconfían de las autoridades e instituciones que deberían ayudarles a superarla. Por eso es fundamental que en los municipios afectados se ejecuten procesos de reconstrucción a partir de tres ejes cardinales: el acceso a la información pública, la transparencia proactiva y la participación ciudadana. En situaciones de emergencia suele olvidarse que no es opcional incorporarlos. Sus habitantes deben tener la certeza de que se dispone de recursos financieros y humanos suficientes, conocer las reglas de acceso a los apoyos económicos a los que tienen derecho y saber de dónde provienen los recursos, qué dependencia hará uso de ellos, cómo se ejercerán y, una vez que las labores hayan terminado, cuáles fueron los resultados y la satisfacción de los beneficiarios.
Ante la suspicacia, es necesario que los habitantes de los municipios afectados participen en la identificación de necesidades, el diseño y priorización de acciones, la vigilancia de las labores de reconstrucción y la denuncia de posibles negligencias o faltas en las empresas o personal contratados. Su colaboración facilitará una implementación bien planificada, la apropiación de las acciones pensadas para beneficiarles y la coordinación con otros niveles de gobierno, por ejemplo, para negociar recursos o interactuar con los sistemas estatales de transparencia y anticorrupción cuando se identifique una mala administración de los mismos.
Por supuesto, cada municipio enfrenta un contexto diferente. No es lo mismo un municipio de la sierra en Oaxaca que una delegación de la Ciudad de México. Es importante la creatividad para desarrollar o adecuar mecanismos para la transparencia. Existe evidencia de que después de un desastre natural, la apertura puede ayudar a la reconstrucción, no sólo de las pérdidas materiales, sino de la confianza entre las autoridades y la población locales. Hay experiencias en otros países como Indonesia, Nepal, China, Japón o Nueva Zelanda, que pueden ser recuperadas para replicar en México y ayudarnos a prevenir y mejorar en el futuro.
Las secuelas de los desastres naturales y la gestión de los procesos de reconstrucción impactan en las vidas de las personas y pueden cambiar el futuro de un municipio para siempre. Si consideramos que los desastres naturales se presentan cada vez con más frecuencia, es necesario asegurar que tanto autoridades como población sepan recuperarse de sus efectos y reconstruir sus daños. También es necesario asegurar que la reconstrucción ofrezca oportunidades para tener nuevos municipios en el país a través de la apertura. #ReconstruccionesAbiertas en #MunicipiosAbiertos son la clave para enfilar los municipios afectados por un nuevo rumbo y hacia una forma distinta de ejercer el poder.
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