Los municipios en los Sistemas Locales Anticorrupción

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El autor es comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Twitter: @joelsas

El trabajo de los servidores públicos municipales es crucial para la vida cotidiana de la población. Los municipios proveen servicios básicos: agua potable y drenaje, alumbrado público, limpia, recolección y tratamiento de residuos, entre otros. Asimismo, son responsables de permisos y trámites para abrir empresas, como derechos de uso de suelo, licencias de operación, conexión de agua y permisos de construcción. Además, pueden coordinarse con los gobiernos estatales y el Federal para colaborar en la provisión de servicios, como educación y salud.

Sin embargo, sólo 33.3 por ciento de la población confía en las autoridades locales. Una posible causa de esta desconfianza puede ser la corrupción: de 2015 a 2017, las experiencias de corrupción aumentaron 6.8 por ciento para quienes realizaron un trámite municipal y 2.1 por ciento para quienes solicitaron un servicio municipal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017.

Al cierre del año pasado se registraron 2,458 administraciones públicas municipales. De éstas, 60.57 por ciento tenía una contraloría interna o similar, 46.5 por ciento registraba y seguía la evolución patrimonial de sus miembros, 33.7 por ciento contemplaba planes de mejora para los procesos de trabajo y servicio de las áreas y 39 por ciento tenía mecanismos de contraloría social (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017). A partir de 2017 estos porcentajes deben aumentar hasta cubrir la totalidad de los municipios.

Durante los últimos cuatro años he tenido la oportunidad de viajar a diversos municipios del país y dialogar con servidores públicos de ese nivel de gobierno y con la población. Los primeros me han manifestado sus inquietudes sobre cómo se involucrarán en el Sistema Local Anticorrupción (SLA) del cual forma parte su municipio, así como dudas sobre el esquema de responsabilidades administrativas que los regirá. Y la población me ha contado innumerables anécdotas de actos que consideran corrupción. Ante este escenario, será fundamental iniciar una estrategia de difusión para que la población y los servidores públicos conozcan que existen los SLA y comprendan cómo funcionan.

Los municipios deben procurar que sus servidores públicos estén capacitados para asumir los nuevos regímenes de responsabilidades administrativas y conocer las posibles sanciones en caso de incumplirlas. En el marco federalista, cada legislativo estatal aprobó disposiciones legislativas particulares que aplican también para las administraciones municipales. Algunas organizaciones de la sociedad civil han desarrollado instrumentos que facilitan la capacitación de servidores públicos y población interesada en el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, el Manual de Introducción al Sistema Nacional Anticorrupción y el nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos, que presentó recientemente el think tank Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

El que pregunta no se equivoca: por esta razón las puertas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y de Ethos están abiertas para llevar ese manual a los municipios que nos lo soliciten. Las acciones que controlen la corrupción pueden ser el sello que dé a los alcaldes la oportunidad de reelegirse para periodos electorales posteriores. Un SLA activo y en funcionamiento, sin duda, cambiará la percepción generalizada de desconfianza y ayudará a cambiar el rumbo de cada comunidad, municipio y estado.

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