Participación ciudadana en serio

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El autor es comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Twitter: @joelsas

En los pasados comicios, 59 por ciento de los alcaldes que buscaron la reelección lograron el voto de confianza. Los mexicanos estuvieron pendientes de la manera en que ejercieron el poder durante la administración anterior y decidieron darles la oportunidad de continuar sus proyectos para mejorar la vida en sus municipios. Vigilar cómo los gobernantes ejercen el poder significa participar en serio y cada vez más ciudadanos asumen la responsabilidad de decidir sobre sus espacios de vida, los recursos y el medioambiente en el cual habitan. Por eso preguntan, piden cuentas, proponen y, si hay condiciones y disposición, trabajan codo a codo con los gobiernos a partir del diálogo y la actuación de manera informada.

Los gobiernos municipales no pueden desaprovechar este impulso. En Chihuahua, tanto autoridades como sociedad civil han entendido muy bien esta ventana de oportunidad que los llevó a colaborar entre sí hasta lograr la promulgación de su Ley de Participación Ciudadana.

Esta ley es producto de la apertura gubernamental. La sociedad civil propuso una iniciativa desde 2012, pero fue hasta la administración actual que se retomó el tema. El gobierno estatal presentó una nueva iniciativa y la sociedad civil hizo lo propio. Así se inició un proceso de cocreación y movilización para obtener el apoyo de más de 84.56 por ciento del electorado chihuahuense a las reformas constitucionales correspondientes.

La ley establece mecanismos como audiencia, consulta pública, planeación participativa, presupuesto participativo, contralorías ciudadanas, mecanismos para la participación social de niñas, niños y adolescentes, entre otros. Los chihuahuenses también podrán participar directamente a través de plebiscitos, referéndums, iniciativas ciudadanas y la revocación de mandato. Asimismo, se reforzó el proceso para que los ciudadanos propongan leyes ante el Congreso local. En Chihuahua, hoy se puede proponer una iniciativa de ley ciudadana con el apoyo de un porcentaje del electorado menor al requerido a nivel federal. Además, ante cualquier asunto que derive de una iniciativa ciudadana, el Congreso deberá convocar a sus autores –y a quienes debieron recopilar las firmas– para que intervengan en la discusión del mismo.

Otro mecanismo destacado es el cabildo abierto permanente. Gracias a éste, los ciudadanos interesados podrán acompañar, sin restricción alguna, las sesiones de los ayuntamientos y hacer propuestas sobre temas específicos con base en información pública que facilite su participación. Este instrumento es la muestra de que el gobierno abierto ha permeado con fuerza a nivel local en México. La sociedad civil chihuahuense puede aprovechar que el cabildo abierto permanente es obligatorio por ley para fortalecer la larga tradición de activismo, vigilancia ciudadana y organización social en el estado. Estas acciones han sido determinantes para superar los episodios de grave violencia, corrupción y crisis económica que han azotado al estado. También puede aprovecharse la construcción del Plan Estatal de Gobierno Abierto para incluir como compromiso la adecuada implementación de la figura del cabildo abierto y de la Ley de Participación Ciudadana en general.

No se trata de quitar responsabilidad a los gobiernos, ni de que las propuestas ciudadanas sean mejores para el desarrollo económico y social de las comunidades y municipios. El trabajo conjunto facilita la consecución de soluciones y resultados, y promueve la inclusión, la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género, la pertenencia cultural y la sustentabilidad. Como en Chihuahua, cada vez más ciudadanos decidirán participar en serio en el resto del país. ¿Los alcaldes de México están listos para responderles?

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