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Transparencia con perspectiva de género

Las mujeres informadas son mujeres empoderadas. Sin embargo, las desigualdades que prevalecen en México dificultan que la información sea poder para ellas. Nuestra labor como servidores públicos es hacer que esto sea una realidad. Sólo una minoría conoce y ejerce el derecho de acceso a la información pública, por lo que la Ley General de Transparencia intenta visibilizar este problema: dispone que las obligaciones de transparencia sean publicadas con perspectiva de género y de discapacidad, así como asegurar la accesibilidad y la traducción a lenguas indígenas.

El tema es prioritario, por lo que el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) aprobó un eje transversal de igualdad de género en el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Protai), que articula las políticas de la materia para todos los niveles de gobierno.

Los alcaldes de México son las autoridades más cercanas a la mujer mexicana y deberían ser quienes mejor conocen las dificultades que ellas enfrentan en su día a día. Si las mujeres quisieran informarse, aunque no siempre hay las condiciones adecuadas para ello, los gobiernos municipales serían la primera instancia a la que podrían acudir. Debemos dar un paso atrás que nos permita conocer y reconocer que hay factores estructurales como el origen étnico, el nivel de ingreso, la lengua, las diferencias de género y sexo, o la escolaridad, los cuales influyen para que una mujer en un contexto particular desconozca que posee el derecho de acceso a la información y decida ejercerlo.

Sus necesidades de información no pueden ser cubiertas por normas y políticas de transparencia homogeneizantes que también pueden ser discriminatorias en el diseño y en los hechos.

Hoy existen experiencias de cómo podemos iniciar a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de transparencia y gobierno abierto. En el marco de los ejercicios locales de gobierno abierto, en Tlaxcala, organizaciones sociales y las autoridades del municipio de San Francisco Tetlanohcan acordaron un compromiso en el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto para dotar de información a las adolescentes con el objetivo de prevenir embarazos y vincular a las que ya están embarazadas con instituciones que brinden apoyos educativos.

Por otra parte, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir promueve que redes de mujeres indígenas ejerzan el derecho de acceso a la información para saber sobre políticas de salud y sexual reproductiva en sus estados. Además, la organización Equis, Justicia para las Mujeres, busca incidir en que las sentencias emitidas por jueces mexicanos no adolezcan de estereotipos machistas y discriminatorios que obstaculicen el acceso a la justicia de las mexicanas. La organización alertó que su trabajo ha sido entorpecido por un retroceso en la Ley General de la materia, vigente desde 2015. En lugar de publicar todas las sentencias, ahora sólo son públicas las que las autoridades consideran de “interés público”.

Las políticas de transparencia han tenido avances considerables en nuestro país, pero necesitamos con urgencia replantear estas políticas para contribuir a la igualdad sustantiva de las mujeres. Si ellas se mantienen sin acceso a la información, no estamos cumpliendo con la ley y continuamos reproduciendo las estructuras que las discriminan, y no debemos permitirlo.

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