Seguir viendo

¿Cuáles son las entidades más competitivas?

Existen regiones con mayor potencial para el desarrollo económico y social, con ayuda de la inversión, desarrollo de empresas locales o aportaciones tecnológicas

► Por David Ramírez Vera

Los rankings de competitividad generados por instituciones, como el Foro Económico Mundial, el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial y el Banco Mundial, se basan en los números de las potencias mundiales, para medir la competitividad comparando los gobiernos en el mundo.

En México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), a través de su Índice de Competitividad Estatal 2018, posiciona a los estados de la república considerando las características que deben cumplir las entidades para ser consideradas competitivas, lo cual implica “la capacidad de generar, atraer y retener capital humano y capital financiero; la forma en la que interactúan y cómo son capaces de crear mejores condiciones de vida en los ciudadanos”, en palabras de Melina Ramírez, investigadora del Imco.

En general (salvo la Ciudad de México que ocupa la posición más alta en el Índice de Competitividad) los ocho estados restantes donde se llevaron a cabo elecciones para gobernador en el pasado proceso electoral, se encuentran con un índice de competitividad bajo o muy bajo.

Melina Ramírez comenta que uno de los errores más comunes que cometen al interior de las administraciones estatales, es considerar que la competitividad abarca únicamente el desarrollo económico. “No es determinante para convertir a una entidad en competitiva, se requiere del progreso de otros factores que influyen en nuestros indicadores. La competitividad de un estado abarca un trabajo ambicioso que va desde asegurar que la mayor cantidad de niños asistan a la escuela, que la mayoría de la población tenga asistencia médica, hasta considerar qué tan rápidos y accesibles son los trámites para la apertura de un negocio.”

Dentro de los indicadores que el Imco analiza resaltan: la asignación de los recursos federales, eficiencia energética, digitalización de los gobiernos y acceso a la información, servicios de salud y acceso a la educación superior. Para la realización del índice se recolecta información de fuentes públicas.

La digitalización de los gobiernos estatales es una necesidad demandada por los tiempos modernos en los que vivimos, asegurar que las personas puedan acercarse a realizar trámites o solicitar información sin la necesidad de trasladarse y dedicar cantidades importantes de tiempo en la tramitología.

En el estudio anterior que comparaba los resultados obtenidos en 2014 con los del 2016, los estados mejoraron en un promedio de 59 indicadores, lo que significó un avance en las posiciones del índice para algunos estados, como Coahuila, que pasó del lugar 10 al 5, sin embargo, algunos estados bajaron como es el caso de Morelos que bajó del 13 al 16. “Lo que algunos gobernantes no entienden es que medimos comparativamente. Puede que mejoraran en ciertos rubros pero no lo suficiente en comparación con otras entidades que se superaron más en la misma área y eso los coloca en una mejor posición.”

Cómo mejorar

Con respecto a los pocos avances en ciertas áreas de la competitividad en los estados debido a la falta de recursos destinados para ello, la especialista comenta: “Sí bien es cierto que en muchas partes del país los recursos monetarios no son abundantes, los gobernantes no quieren asumir el costo político de trabajar en aspectos que no son tan visibles para los ciudadanos. Muchas veces prefieren realizar obras espectaculares que invertir en innovación, como en el e-Gobierno, que es muy importante.”

A consideración de la especialista y del Índice de Competitividad Estatal, la poca eficiencia en la realización de trámites ante las instancias de gobierno repercute en el desinterés de la ciudadanía, disminuyendo la participación ciudadana y desincentiva la apertura de nuevas ventanas de trabajo como pequeñas y medianas empresas, considerando también que la poca o nula capacidad de atender digitalmente las solicitudes aumenta el riesgo de corrupción.

La participación ciudadana, menciona Melina, “se da por parte de los habitantes más informados, con mayor facilidad de acceso a la información y que tienen la opción de interactuar a través de plataformas digitales, lo que permite una sociedad más informada y colaborativa en la vida política de la entidad.”

Lo anterior representa no sólo la facilidad con la que las personas acceden a la información, sino la difusión de los programas de gobierno a los cuales son destinadas cantidades importantes de recursos económicos y de los cuales la ciudadanía pide estar informada. “Las personas quieren participar en la toma de decisiones y que las designaciones no sean discrecionales porque se presta a actos de corrupción, es decir, los indicadores van de la mano, cuando se mejora uno repercute positivamente en otro.”

El más reciente estudio de competitividad presentado por el Imco presenta resultados favorables para la mayoría de los gobiernos estatales, mostrando mejoras en 59 indicadores, “lo que representa que se han implementado políticas públicas adecuadas, sin embargo, es necesario que los tomadores de decisiones estudien por estado los resultados para realizar diagnósticos más precisos y mejorar en las áreas más necesitadas.”

La investigadora asegura que es necesario generar mayor información para crear una mejor base de datos que permita realizar estudios e índices que faciliten un análisis aún más amplio, que resulte en tomas de decisiones referentes a políticas públicas más favorables. Finalmente, recuerda a los gobiernos estatales que la competitividad estatal no es únicamente al interior de las entidades, “tienes que mejorar en comparación con los demás”, concluye.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: