A casi un año de que la inseguridad pública en el estado de Michoacán originara el surgimiento de los llamados grupos de autodefensa, y después de iniciada la intervención del Gobierno Federal en la salvaguarda de la zona, aún continúan las disputas por el control de varios municipios. Los constantes enfrentamientos entre las guardias comunitarias y los grupos criminales que azotan el territorio han dejado como saldo decenas de pérdidas humanas en ambos bandos.
Desde el 24 de febrero de 2013, servidores públicos y organizaciones civiles han reprobado la aparición de estos cuerpos de seguridad. Tal es el caso del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plasencia Villanueva, quien el 9 de enero aseguró, que no existe ninguna justificación para que personas armadas hagan justicia por su propia mano. Sin embargo, el mismo funcionario y otros expertos en la materia responsabilizan de este fenómeno a las autoridades locales.
POSTURAS ENCONTRADAS
La responsabilidad del gobierno estatal respecto a los conflictos ha dividido al Senado de la República. El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Preciado, afirma que los bandos causantes del caos en la región se encuentran muy organizados, “frente a un gobierno absolutamente desorganizado”, y propuso la destitución de Fausto Vallejo Figueroa de la gubernatura de Michoacán, debido a “su imposibilidad de tomar las riendas del estado y poderlo gobernar”. El representante panista también propuso la desaparición de poderes en la entidad.
En tanto, Emilio Gamboa Patrón, coordinador en el Senado de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó en conferencia de prensa su desacuerdo con tales demandas, con el argumento de que los únicos capacitados para solicitar la renuncia del gobernador son los michoacanos, “no un coordinador de una fracción”. Gamboa Patrón también argumentó que Michoacán ha estado en conflicto desde hace más de una década, por lo que la actual crisis no surgió, dijo, en el gobierno de Vallejo Figueroa.
Fuera de la cámara legislativa, la población michoacana también se encuentra en medio de disputas. Las autoridades, los grupos civiles armados y la delincuencia organizada luchan por controlar los municipios comprendidos dentro de la región conocida como Tierra Caliente, mientras que los pobladores aún se hallan en medio de los conflictos. Ante la opinión pública, los operativos realizados hasta ahora han servido de poco o nada y la población se debate entre la simpatía o el rechazo hacia los grupos de autodefensa. Algunos pobladores, incluso, se han manifestado en contra de la existencia de las guardias civiles, bloqueando las carreteras de la zona en diversas ocasiones.
EL COMPROMISO FEDERAL
Opuesta a la percepción que tiene la población, se encuentra la postura del Gobierno Federal. El pasado 8 de enero después de la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación (Segob), la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y la Procuraduría General de la República (PGR) para difundir el programa Alerta Amber, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación, afirmó que se devolverá la paz a los habitantes de Michoacán y otras entidades donde aún prevalecen problemas de inseguridad. El funcionario sostuvo que se han logrado avances importantes en el tema, como el reforzamiento de la protección a los productores agrícolas antes afectados por los bandos criminales y la creación de una propuesta que se presentará a los grupos civiles armados para iniciar el diálogo.
También ejemplar es el reciente caso protagonizado por el líder del grupo de autodefensa del municipio de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde, quien resultó herido la noche del sábado 4 de enero en un accidente de avioneta, en el que murió una persona y otras cuatro resultaron lesionadas. El accidente se debió a una falla mecánica que obligó al piloto a hacer un aterrizaje forzoso en el municipio de La Huacana, Michoacán. Tras el accidente, Manuel Mireles pidió protección al Gobierno Federal, sin embargo el procurador estatal, Marco Vinicio Aguilera Garibay, consideró prematuro hablar de un atentado, aunque la PGR está investigando las causas del accidente y Manuel Mondragón, Comisionado Nacional de Seguridad, ha declarado que se le dará la protección solicitada y que las autoridades no están acusándolo de nada.
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