Ayudados de plataformas como Tres de Tres o Alcaldes ¿cómo vamos?, los funcionarios tienen la oportunidad de esclarecer su situación patrimonial en pro de recuperar la credibilidad perdida
Funcionarios de los tres niveles de gobierno se han pronunciado a favor de la transparencia de sus finanzas para que la ciudadanía recupere la confianza en ellos; una herramienta para lograrlo es la iniciativa Tres de Tres, que exige la publicación de sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales.
¿En qué consisten? La declaración patrimonial consiste en anotar el estado y valor estimado de los bienes de aquellos funcionarios suscritos, así como los que poseen al finalizar su gestión.
En la correspondiente a intereses se identifican actividades que podrían representar un riesgo en la toma de decisiones durante el periodo laboral del funcionario Finalmente, la declaración fiscal verifica el pago de impuestos del servidor público.
Impulsada desde abril de 2015 por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Mexicana, actualmente Tres de Tres se mantiene en discusión como iniciativa de ley ante el pleno del Congreso de la Unión.
A esta propuesta se han sumado 410 integrantes de un espectro político conformado por 32 gobernadores, 500 diputados federales, 1,137 diputados locales, 128 senadores, así como 2,446 alcaldes, 16 jefes delegacionales, ocho partidos políticos y un sinnúmero de regidores y funcionarios públicos que laboran en dependencias gubernamentales.
Hasta el cierre de esta edición, 10 de 32 gobernadores en el país transparentaron sus recursos a través de la plataforma Tres de Tres: Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Rafael Moreno Cárdenas, de Campeche; José Ignacio Peralta, de Colima; Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato; Héctor Astudillo Flores, de Guerrero y Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán.
Además de Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Juan Manuel Carreras López, de San Luis Potosí y Claudia Pavlovich Arellano, de Sonora.
ANTECEDENTES
Después de darse a conocer, el año pasado, una investigación que reveló los conflictos de interés del jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, con algunas empresas constructoras, surgió la idea de crear la plataforma Legislador Transparente, antecedente de la iniciativa Tres de Tres.
También el Imco y Transparencia Mexicana, a través de Legislador Transparente, por primera vez solicitaron a 128 senadores, 500 diputados y funcionarios públicos las declaraciones patrimoniales y de interés para establecer un parámetro que evitara o previniera conflictos de interés. Sólo se suscribieron a ella 10 parlamentarios.
En 2015, ambas instituciones aprovecharon el año electoral y emigraron dicha iniciativa hacia Candidato Transparente, por lo que exigieron las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, de interés y fiscales, esto para los 500 diputados federales y a gobernadores en 15 entidades federativas.
En esa ocasión “tuvimos mejor respuesta, aunque no la que uno desearía”, ya que sólo ocho gobernadores electos transparentaron sus recursos mediante la plataforma, expresa Pablo Montes Mendoza, analista del Imco.
Durante sus campañas los candidatos usaron a su favor la plataforma para exhibir la transparencia de sus declaraciones. En redes sociales se observó el comportamiento de los electores, ya que en Twitter los usuarios se interesaron en estos aspirantes, asegura.
En las elecciones que se celebrarán en este año, con la disposición de las leyes secundarias anticorrupción que empujan desde la iniciativa Tres de Tres, se espera que sea de mayor utilidad para generar el vínculo de confianza entre funcionarios y la sociedad civil.
De a poco se han sumado más políticos y servidores públicos, aunque “si comparamos el universo que tenemos en funcionarios, es mínima la respuesta, por eso empezamos el movimiento de iniciativa de ley; gran parte de lo que veíamos era que nosotros le estábamos pidiendo casi casi un favor a los funcionarios”, expresa Montes Mendoza.
El analista del Imco sostiene que los servidores públicos no han mostrado el compromiso para transparentar sus bienes y manifiesta que la iniciativa es un intento por ejercer presión en ellos para que publiquen sus bienes.
Pablo Montes reconoce que participar en Tres de Tres no representa ningún beneficio político, aunque “lo que uno esperaría es que cuando la sociedad se enterara de que un funcionario transparentó sus bienes, le tendría más confianza y lo apoyaría más”.
Otro factor que inhibe la participación es que “no quieren o no pueden sustentar el uso de su patrimonio con lo que ganan. De ser así, estarían aceptando que no hacen un buen uso de sus recursos públicos”.
EJEMPLO NEOLEONÉS
En Nuevo León al menos 16 de 38 integrantes del gabinete del gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, subieron sus respectivas declaraciones a Tres de Tres.
La contralora General del gobierno estatal, Nora Elia Cantú Suárez, sostiene que la administración estatal propuso a los jefes del gabinete que se sumaran a la plataforma y cada uno lo hizo “de manera voluntaria”.
Aunque antes de resolver la publicación de sus bienes, comenta la funcionaria, dudaron ante la sospecha de que la plataforma fuera usada como escaparate para que integrantes de bandas delictivas se enteraran de los bienes que poseen.
Cantú Suárez refiere que para reforzar la transparencia en la entidad, también trabajan con la plataforma Alcaldes ¿cómo vamos?, promovida por el Consejo Cívico para que los presidentes municipales se sumen a la iniciativa Tres de Tres.
Para la contralora, la ciudadanía podría ser el principal fiscal para cerciorarse de que los bienes declarados corresponden al salario que ganan los funcionarios. “No dudaría que en las siguientes elecciones los candidatos se sumen a la plataforma como un punto de confianza para que todo mundo esté enterado de los bienes que conforman su patrimonio”, expresa.
Nora Elia Cantú se pronuncia por manifestar que la iniciativa Tres de Tres “es un propósito para que vayamos hacia la transparencia y así se eviten actos de corrupción”.
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