A propósito de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019

Por Miriam Rojas Piña*

La relevancia de este tipo de herramientas, como esfuerzo en conjunto del INAI e INEGI, es que nos permiten medir los alcances que tienen las políticas implementadas, evaluar su efectividad, y, en su caso, modificar acciones.

Primera parte

El pasado 17 de junio del año en curso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019.[1]

Uno de los propósitos que tiene la ENAID es determinar el nivel de conocimiento de la población de 18 años y más, sobre la legislación y las instituciones encargadas de garantizar los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales.

La realización de este tipo de encuestas ha tomado especial relevancia en los últimos años, pues, sin duda alguna, el interés del ciudadano es que el Estado funcione como un órgano garante de derechos humanos, soberanía, estabilidad y estado de derecho, observando, en todo momento, que las instituciones públicas cumplan sus objetivos e impulsen el desarrollo, la justicia y el bienestar de la población.

En la ENAID 2019 se advierten buenas y malas noticias, a manera de ejemplo, se observa un incremento, a comparación de 2015, en la confianza respecto a la información que ofrece el gobierno en temas como desastres naturales, programas sociales, educación, entre otros, ya que consideran que es información pública que se difunde y es confiable.

Asimismo, existe un cambio significativo al observar que a nivel nacional incrementó el porcentaje de población que manifestó conocer o haber escuchado sobre la existencia de una institución que garantice el derecho de acceso a la información pública, al pasar de 50.6% en 2015 a 54.8% en 2019. Como resultado sobresaliente es el reconocimiento de la población al INAI, ya que aumentó un 6.7% a comparación de 2015, al pasar del 39.5% al 46.2%.

Sin embargo, existen resultados no tan alentadores, el año pasado, el 3.6% de los mexicanos encuestados realizó una solicitud formal de información, cayendo un 2% a comparación con 2015, donde que el 5.6% de la población había llevado a cabo este ejercicio.

No obstante, de la población que realizó una solicitud, el 16.1% lo hizo ante la institución nacional o estatal de transparencia. Cabe destacar que, respecto a este rubro, en la Región Centro del país, que comprende a la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, este porcentaje, a comparación de las otras regiones, aumentó significativamente de 7.4% en 2015 a 22.6% en 2019, situación en la que se ahondará en la segunda parte.

Asimismo, el reconocimiento de los órganos garantes locales tuvo apenas un incremento del 0.9% a comparación de 2015, sin embargo, solo el 1.5% de la población sabe de su existencia.

En materia de datos personales, los resultados fueron similares, en 2019 solo el 55.1% de la población manifestó saber de la existencia de una Ley encargada de garantizar la protección de sus datos personales, que, a comparación de 2015, disminuyó un 0.7%. De esta población, el 65.8% no recordó el nombre de esta Ley.

Se advierte que el 3.9% de la población que proporcionó sus datos personales a un tercero, presentó una queja por el uso indebido de los mismos durante 2019; y de ellos, solo el 30.4% acudió a los Institutos o Comisiones Estatales de Transparencia y Protección de Datos Personales, u otros; y solo el 3.5% al INAI.

Finalmente, y A propósito de la ENAID 2019… es importante reconocer que el país ha dado pasos significativos en estas materias, desde la generación de la primera Ley de Transparencia en 2002, o la inclusión del derecho a la protección de datos personales en la Constitución en 2007, hasta la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) en 2015.

A pesar de ello, aún existen grandes retos y la relevancia de este tipo de herramientas, como esfuerzo en conjunto del INAI e INEGI, es que nos permiten medir los alcances que tienen las políticas implementadas, evaluar su efectividad, y, en su caso, modificar acciones que nos permitan encaminarlas a los objetivos diseñados; es decir, las encuestas miden resultados, más que generarlos (Lahera, 2006).

Los resultados publicados deben ser tomados en cuenta por los órganos garantes de transparencia y protección de datos personales del país, a fin de reflexionar y reorientar sus acciones, planteándose qué tienen que hacer para que ocurra su reconocimiento en la población de cada una de sus entidades, qué pueden hacer para que ambos derechos sean conocidos por la población y cómo lo harán.

Sin duda, aún estamos a tiempo de generar condiciones de proximidad social, los ciudadanos deben ser participes de cada una de las actividades de los órganos garantes de estos derechos en el país, no excluirlos de ello.

Este tipo de temas no solo deben atraer a quienes los estudian y son expertos en la materia, existe la obligación de estas instituciones de empoderar a los ciudadanos, desarrollando acciones que disminuyan las barreras que enfrenta la población en el ejercicio y aprovechamiento de ambos derechos, pues estos resultados a nivel nacional han demostrado que no estamos cerca de la socialización de los mismos.

A nivel local, la situación puede que sea diferente, sin embargo, este escenario se comprobará o no en la siguiente ocasión.

Por ahora, se debe entender que la aplicación de cualquier ley, política, programa o lineamiento nacido del SNT, y que pretenda modificar el statu quo, debe contar con objetivos claros, y, a su vez, los órganos garantes deben defender su autonomía a fin de obtener resultados que garanticen el ejercicio pleno de ambos derechos humanos, entendiendo que el ciudadano es el destinatario y beneficiario de estas políticas; y hoy más que nunca, su inclusión es obligatoria.

Es necesario tomar estos resultados como parte del aprendizaje continuo y actuar frente a ellos, ya que la transparencia y la protección de datos personales, como producto de una conquista social, son triunfos ciudadanos.

[1] Los resultados de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019, pueden consultarse en la siguiente página: https://www.inegi.org.mx/programas/enaid/2019/

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