Acciones legislativas por los derechos de las mujeres privadas de su libertad

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Es presidenta de la Organización No Gubernamental Y Quién Habla por Mí AC. Estudió ciencia política en el Tecnológico de Monterrey y se ha dedicado al fortalecimiento de políticas públicas, proyectos y legislación en materia de Derechos Humanos, especialmente en temas de seguridad, género y de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. twitter Twitter twitter Twitter

Coincidimos en que las reclusas pueden ser posibles beneficiarias de la amnistía de la próxima administración federal, por ello pedimos y estamos haciendo lo propio para hacer una base de datos con los casos susceptibles de ser analizados a la luz de la amnistía.

El miércoles 24 de octubre, en la cámara de diputados, se realizó un foro de enorme relevancia, debido a la deuda moral, social y política que se tiene hacia este tema, se abordó de forma profunda e integral la situación que enfrentan las mujeres en las cárceles de México. La anfitriona de dicho foro fue la diputada Laura Martínez González, quien ha decidió abanderar esta lucha desde el legislativo federal. La diputada considera que la amnistía planteada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, podría beneficiar a mujeres privadas de su libertad.

En la inauguración del foro “Mujeres Privadas de la Libertad”, la diputada señaló que sería una salida legal dentro del marco constitucional en pro de los derechos humanos, para aquellos casos que realmente lo requieran, sin dilatar las reformas que deban hacerse para garantizar mejores condiciones y justicia a estas mujeres. De igual forma, se dijo consciente de que además de la condena a purgar en un penal, esta población sufre todo tipo de vejaciones durante su estancia, llegando incluso a sobrevivir con sus hijos e hijas sin condiciones mínimas para su desarrollo. La legisladora federal de Morena advirtió que las reclusas en México carecen de programas reales de reinserción social, además de que sufren de hacinamiento, toda vez que no cuentan con programas de atención física, emocional y de adicciones. Además de que están en abandono, estas mujeres carecen de una debida asesoría jurídica, planteó la diputada Laura Martínez.

De acuerdo con informes vigentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  al día de hoy siguen sin atenderse los derechos fundamentales de las reclusas en México, lo cual es inaceptable. El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, destacó que uno de los principales problemas que vive esa población carcelaria es el abandono por parte de sus familiares, lo que rara vez sucede con los hombres. El comisionado señaló que “es deber del Estado mexicano asegurar que el respeto a los derechos humanos de las mujeres sea real y efectivo, y que el principio de dignidad se aplique en la práctica y sin distinciones”. Resaltó que entre los desafíos que imperan en el sistema penitenciario mexicano está el de dar prioridad a la seguridad física y psicológica de internos, especialmente a las mujeres.

Por nuestra parte, desde la Fundación ¿Y Quién Habla por Mí?, coincidimos en que las reclusas pueden ser posibles beneficiarias de la amnistía de la próxima administración federal, por ello pedimos y estamos haciendo lo propio para hacer una base de datos con los casos susceptibles de ser analizados a la luz de la amnistía u otras figuras como el indulto que señaló en el foro la experta Mercedes Peláez, pues en nuestro país existen alrededor de 10 mil 700 mujeres recluidas, de las cuales más de la mitad están en prisión preventiva.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, indicó que en los Ceferesos ya hay personal de este organismo, lo que ha ayudado a aminorar las quejas que se presentan; no obstante, aclaró, se deben eliminar los hechos que las generan. Lo real, es que este organismo a través de su tercera visitaduria ha venido a ser un oasis en el desierto para las mujeres que han visto violados sus derechos humanos dentro de las cárceles.

El presidente Luis Raúl enfatizó, que las condiciones en las que viven estas mujeres no deben verse sólo desde un enfoque federal, sino también desde los 32 gobiernos estatales, porque es ahí, donde, según los Datos del Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, se concentran la mayoría de problemáticas.

Por años se pensaba: ¿para qué invertir en centros penitenciarios?, olvidando la dignidad de esas personas y alentando el rechazo social; ninguna política criminológica será exitosa si olvidamos ese eslabón”, indicó el titular de la CNDH. Finalizó destacando que existe la necesidad de contar con centros penitenciarios exclusivos para mujeres, pues sólo existen 17 estatales y uno federal, mientras que hay 159 mixtos con una población de 10 mil 460 mujeres y de igual forma resaltó la importancia de cumplir con los estandares internacionales como son las reglas de Bangkok y el interés superior de la infancia.

Es un hecho que el Estado y la sociedad civil deben intensificar la atención hacía esta población de mujeres que se encuentran en las cárceles. Se debe tomar en cuenta el cumplimiento del artículo 18 constitucional, especialmente el que se refiere a la separación de la población efectiva de la población varonil de la femenil, protección de la salud (incluida la salud sexual y reproductiva) y ubicación en centros cercanos a su domicilio. Así también se deben implementar medidas para prevenir y evitar la violencia de género, torturas sexuales, explotación sexual y se debe poner especial atención a los hijos e hijas que permanezcan con ellas en los centros penitenciarios, privilegiando el interés superior de la infancia.

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