Por: Salvador Guerrero Chiprés / @guerrerochipres
La respuesta a las extorsiones no puede reducirse a la persecución penal ni a la retórica preventiva, requiere construir una arquitectura institucional capaz de articular inteligencia, sensibilidad jurídica y canales accesibles para la ciudadanía. Todo ello sin temor al juicio de las estadísticas, con equilibrio en la interpretación de los datos y disposición política a nivel estatal y municipal.
Frente a este delito, uno de los más extendidos en América Latina, hay reconocimiento desde la presidencia de la República respecto a su tendencia al incremento e impacto en la percepción de seguridad, así como generación de una estrategia nacional e integral para enfrentarlo.
En el país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de las denuncias por extorsión incrementó 27.7 por ciento en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo del 2019.
Foto: Gobierno de Puebla.
Los datos permiten mapear la concentración extorsiva y definir pendientes. De los diez municipios con mayor tasa por cada 100 mil habitantes este año, seis corresponden a Guanajuato: Salamanca, San Miguel Allende, Guanajuato, Irapuato, San Luis de la Paz y Celaya.
Cuautla, en Morelos, tiene la mayor tasa a nivel nacional, con 49.7. El top ten de la extorsión lo completan San Juan del Río, Toluca y Xalapa.
La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó un plan para combatir las extorsiones basado en cinco ejes: detenciones mediante investigación e inteligencia; creación de Unidades Antiextorsión locales; protocolo de atención a víctimas; capacitación a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, y una campaña de prevención nacional.
Desde la Ciudad de México hay acompañamiento con una estrategia impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, de la cual forma parte la creación de la Línea Antiextorsión 55 5036 3301, operada por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para la atención a las víctimas junto con el 089 y el 9-1-1. Su diseño expresa voluntad de innovar institucionalmente desde lo público.
El análisis de los datos indica que entre enero de 2024 y el 20 de julio de este año hemos recibido 24 mil 470 reportes. El 50 por ciento de los registros se concentra en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Tlalpan. Las demarcaciones con menor porcentaje son Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras.
La estadística permite identificar dos datos reveladores de la capacidad institucional y personal para hacer frente al delito: 1) entre noviembre del año pasado, cuando fue creada la Línea Antiextorsión y junio de este, los reportes disminuyeron 27.5 por ciento, y 2) en el 86 por ciento de los casos, las llamadas se refieren a tentativas, es decir, extorsiones que no fueron concretadas.
La cultura de la prevención y la voluntad institucional para desplegar estrategias innovadoras e integrales hacen posible enfrentar la extorsión. Son desafíos y ventanas de oportunidad para los gobiernos estatales y municipales.
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