Desprotección y precariedad: la lucha de las policías locales

por | Oct 1, 2024 | De Puño y Letra | 0 Comentarios

Por Fernando Escobar Ayala*

Existe una enorme cantidad de carencias institucionales y precariedades laborales que afectan el desempeño y la dignificación de la profesión policial

Imagen: Luis_pats / Flickr
Imagen: Luis_pats / Flickr

Contar la historia de las policías en México implica dar cuenta del amplio conjunto de deficiencias y precariedades que padecen, cuya profundización en los últimos años va de la mano con el avance sin frenos de la militarización. En vista de lo anterior, a continuación presentamos un recorrido sobre las características del retraso crónico que experimentan las policías estatales y municipales en México, a partir de la información generada por las diferentes investigaciones de Causa en Común y los más recientes datos sobre su estructura y personal.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el abandono de las corporaciones policiales ha alcanzado niveles críticos, patentes en las disminuciones presupuestales, la precariedad laboral y los constantes embates de la violencia criminal en su contra. A lo anterior se debe sumar una condición estructural, que atraviesa y perjudica a todas las policías locales: el estancamiento de los objetivos de desarrollo policial definidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP).

El abandono es patente y promovido desde la más alta instancia. El Consejo Nacional de Seguridad Pública es el órgano responsable de formular propuestas de programas nacionales de desarrollo y promover la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad pública. Un análisis del contenido y cumplimiento de sus acuerdos,[i] muestra que estos no son pertinentes para impulsar el desarrollo de las policías y no establecen plazos o estándares para su cumplimiento, fomentando la creación de profundas brechas entre las policías de los tres órdenes de gobierno, en términos de sus capacidades operativas y profesionales.

De acuerdo con el Índice de Transparencia para el Desarrollo Policial elaborado por Causa en Común, ningún estado del país cumple con los estándares mínimos establecidos por la LGSNSP. [ii] Lo anterior es palpable en todos los ámbitos que integran el desarrollo policial, incluyendo: la poca homologación entre los modelos de carrera policial estatales; la inexistencia de esquemas y recursos para la profesionalización, regímenes disciplinarios y certificación de las policías; y la falta de prestaciones adecuadas y proporcionales al nivel de riesgo que enfrentan. Además, la falta de una cultura de transparencia sólida en las instituciones de seguridad pública, dificulta acceder a información sobre las acciones y recursos dispuestos en favor del desarrollo de las policías.

Es difícil conocer el número exacto de policías en México, dado que estos datos suelen ser reservados por las instituciones de seguridad. Además, como otras investigaciones de Causa en Común demuestran, [iii] la información sobre el estado de fuerza de las corporaciones de seguridad, presentada en las conferencias de prensa del presidente López Obrador, no es confiable al no existir o contradecir la evidencia documental en manos de las autoridades. Los censos de gobierno del INEGI son el último y mejor recurso a nuestra disposición para realizar un seguimiento del estado que guardan nuestras policías, pese a limitantes que también contienen.[iv]

El último reporte del INEGI, con datos hasta 2023, registra un total de 143,169 policías estatales.[v] La cifra es 34% menor a la reportada en 2018, a inicios del sexenio de López Obrador. De los 143,169 policías registrados, 86,751 (77.8%) están adscritos a las policías preventivas; es decir, son aquellas que participan en tareas de seguridad a fin de preservar el orden público. El número de policías estatales no sólo es menor al de inicios del sexenio, sino que está aún lejos de los estándares fijados por el Modelo Óptimo de la Función Policial.[vi] De acuerdo con este documento, deberíamos de contar con al menos 1.8 policías estatales por cada 100 mil habitantes; sin embargo, con el número actual de elementos, la tasa nacional es de apenas 0.7. A nivel estatal, Coahuila, Baja California, Querétaro, Jalisco y Sinaloa son las entidades que reportan los rezagos más importante en sus estados de fuerza policial.

Lo anterior se explica en parte por la deficiente formación de policías, ámbito que reporte importantes disminuciones. En 2023, de acuerdo con el INEGI, el número de cadetes que ingresó a los programas de formación inicial de las policías estatales, cayó un 48% en comparación con el año anterior. Lo mismo ocurrió respecto al número de elementos egresados, que pasaron de 12,223 en 2022 a 6,653 en 2023. Los casos destacables son Nuevo León, que concentra el 17% de cadetes cursando el programa de formación inicial; Sonora, que concentra el 30% de las deserciones; y Sinaloa, que en atención al rezago de su estado de fuerza, concentra el 14% de los ingresos y el 16% de los egresos de elementos policiales.

En el caso de las policías municipales, los datos son todavía más escasos. El último reporte del INEGI corresponde a 2022,[vii] y registra un total de 139,795 elementos adscritos a la policía preventiva municipal, lo que representa un ligero aumento del 8% con respecto a 2018. Sin embargo, es sumamente preocupante que el 46% de los elementos adscritos a las policías municipales no cuenta con el Certificado Único Policial (CUP) vigente. Este último se trata de un documento que acredita que los policías son aptos para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública, y que cuentan con los conocimientos, perfil y aptitudes necesarias para desempeñar su cargo. En el caso de las policías estatales, alrededor del 57% de su personal se encuentra operando en condiciones irregulares al no contar con el CUP vigente.

Detrás de estos números, existe una enorme cantidad de carencias institucionales y precariedades laborales que afectan el desempeño y la dignificación de la profesión policial. En anteriores investigaciones,[viii] Causa en Común ha evidenciado que las policías municipales representan el eslabón más debilitado por la política militarista promovida por el gobierno de López Obrador, comenzando por el nivel presupuestal. La evolución del gasto en seguridad pública en México, durante el sexenio de López Obrador, revela la falta de prioridad por parte del gobierno federal para financiar el desarrollo de las policías; en contraste con el desorbitante presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas. Sólo como ejemplo, la suma del presupuesto asignado en 2024 a la SEDENA, la SEMAR y la Guardia Nacional, ascendió a 383 mil millones de pesos.[ix] En comparación, en el mismo año, la suma de los principales fondos federales para el financiamiento de las policías locales apenas representó 10 mil millones de pesos. Como puede verse en la siguiente gráfica, en 2021 se registró la eliminación del FORTASEG, subsidio que financiaba a las policías municipales; mientras que el FASP, destinado a las policías estatales, apenas y ha registrado variaciones. Finalmente, el FOFISP, creado en 2023 representa un escasa cantidad de recursos si se le compara con el FORTASEG, al cual pretende sustituir.


En lo que respecta a salarios, los datos disponibles nos hablan de condiciones laborales precarias padecidas por las policías del país. Pese a que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos han fijado el salario policial digno en $16,668 pesos mensuales, de acuerdo con el INEGI en 2022, el 66% del personal de seguridad pública municipal percibió un ingreso menor a los $15,000 pesos. En el caso de las policías estatales, esta proporción es del 43%. Como puede verse, una amplia proporción del personal policial recibe una prestación por debajo del umbral de dignificación profesional. Esta tendencia, naturalmente, afecta a la profesionalización de las policías. La prevalencia de salarios bajos, desincentiva el ingreso de personal y debilita la formación de una sólida cultura de ética y respeto dentro de la institución.

Además, a estos bajos salarios se suma la inexistencia de prestaciones acordes con los niveles de riesgo que enfrenta un policía en México. Causa en Común ha dado seguimiento al asesinato de policías, identificando al menos 2,439 víctimas desde el diciembre de 2018 hasta el 5 de septiembre de 2024. El 55% de las víctimas provenía de una corporación municipal, el 39% de una estatal y el 6% de la federal. En cuanto a la distribución de los asesinatos, estos se concentran en los estados de Guanajuato (360), Guerrero (171), Estado de México (168), Zacatecas (167) y Michoacán (154).

El resultado de todo lo anterior, es una red de desprotección institucional que no sólo disminuye la calidad de vida del personal policial, sino también la de sus familiares. Por ejemplo, en 2023, de acuerdo con el INEGI, sólo el 8% del personal de las instituciones de seguridad pública estatales contó con seguro de gastos médicos mayores y el 34% con seguro de retiro. Por otro lado, sólo el 36% del personal tuvo acceso a becas escolares para sus hijos, mientras que cerca de la mitad del personal careció de apoyos dirigidos para sus familiares en caso de su fallecimiento.

Los bajos salarios, la falta de pago de bonos y prestaciones, y las condiciones de trabajo inseguras, son los principales motivos detrás de las constantes manifestaciones de policías que se reportan a lo largo y ancho del país. De acuerdo con el seguimiento de Causa en Común, a lo largo del sexenio se han registrado al menos 413 movilizaciones de policías en el país, entre las que se encuentran 183 paros, 165 manifestaciones y 65 emplazamientos a paro, abarcando la mayoría de los estados del país.

En resumen, como queda claro a lo largo de este artículo, las policías en México trabajan en condiciones cada vez más precarias, al tiempo que la violencia extrema y la criminalidad cobran arraigo en todo el país. Es necesario revertir esta tendencia y fortalecer a las policías locales, dotándolas de los recursos y las capacidades necesarias para llevar a cabo su trabajo de manera efectiva. Esto implica no solo mejorar sus condiciones laborales, sino también asegurar que cuenten con la formación y el equipamiento adecuados para enfrentar los retos de seguridad en el país. Además, es fundamental restablecer el control civil sobre la seguridad pública y garantizar que las Fuerzas Armadas se limiten a sus funciones constitucionales, sin interferir en las tareas de seguridad pública​.

[i] Véase: Causa en Común, Los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública: deficiencias, incumplimientos y opacidad, 2022.Disponible en: https://acortar.link/plnSLK

[ii] Véase: Causa en Común, Índice de Transparencia sobre el Desarrollo Policial, 2022. Disponible en: https://acortar.link/jpC4UZ

[iii] Así queda demostrado en los monitoreos y análisis elaborados por Causa en Común sobre la información relativa a seguridad pública presentada en las conferencias matutinas. Véase: Causa en Común, No hay, no quieren, no entienden: análisis de las conferencias de prensa matutinas. Disponible en: https://acortar.link/9GNJ9V

[iv] La construcción de estos reportes, también depende de la información proporcionada por las autoridades; de tal manera que el INEGI se enfrenta a los mismos desafíos de acceso a la información pública que el resto de la ciudadanía. Por ejemplo, en su última edición del censo, el INEGI no pudo acceder a la información de la Ciudad de México, debido a que a la fecha de corte para la publicación el gobierno de la capital apenas se encontraba en proceso de captar e integrar los datos requeridos.

[v] INEGI, Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, 2024. Disponible en: https://acortar.link/WM6osT

[vi] Véase: Gobierno de México, Modelo óptimo de la Función Policial, 2020. Disponible en: https://acortar.link/2W7cPH

[vii] INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, 2022. Disponible en: https://acortar.link/NxiHzi

[viii] Véase: Causa en Común, Las policías en México: radiografía de un retraso crónico (2018-2024). Disponible en: https://acortar.link/bvf0ij

[ix] Véase: Causa en Común, 5° Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, 2024. Disponible en: https://acortar.link/5JHEss

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