Diseño Estratégico en la Incorporación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México

Hoy en día el peor riesgo que corre el Nuevo Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es el de no lograr implementarse, ya se nos pasó el tiempo.

FOTO: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

El Sistema de Justicia Penal acusatorio moderno trae consigo nuevos retos y formas de concebir otros elementos que están íntimamente ligados con el sistema de justicia, como son el amparo, el juicio de garantías y justicia restaurativa; buscando, a través de mecanismos novedosos de impartición de justicia, combatir la cultura de ilegalidad plagada de corrupción, simulación, impunidad y omisión que hoy han impregnado nuestro sistema de justicia.

El objetivo de cualquier sistema de justicia es garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, a través de un proceso pronto y expedito capaz de resolver mediante la aplicación del derecho los conflictos entre los ciudadanos, así como generar seguridad jurídica para toda la sociedad y en específico de grupos poblacionales con especial situación de vulnerabilidad, como lo son las personas adolescentes. Por lo anterior, el año pasado (2016) se puso en marcha la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, trayendo consigo una serie de novedades que apuntalan a un sistema garantista de derechos en vez del tutelarismo que hasta hoy conocemos y que no ha logrado una efectiva reintegración de las personas adolescentes en conflicto con la ley.

Lo cierto es que el reto no solamente está en el cambio de enfoque, sino en el fortalecimiento de los poderes judiciales en las entidades federativas y la crisis de la Justicia Penal que no ha sido capaz de apropiarse aún de los principios de presunción de inocencia, de inviolabilidad del derecho a defensa, oralidad, contradicción, publicidad, inmediación, oportunidad, igualdad, concentración, continuidad, entre otros, como el control difuso de convencionalidad.

Al igual que en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, este Sistema de Justicia especializado para adolescentes es nuevo en muchos aspectos y busca subsanar errores del Sistema Mixto que ha predominado en México, pues hasta ahora la impartición de justicia ha sido más cuantitativa que cualitativa, ocasionando rezago y pérdida de confianza de la ciudadanía en las autoridades. El sistema mixto implica largas y sufribles etapas de desahogo en donde la víctima se revictimiza una y otra vez, no impera la presunción de inocencia y la información que llega al juez es escueta, además de que muchas instancias aún no cuentan con ministerios públicos y jueces especializados en justicia para adolescentes.

Este Sistema busca eficientar la impartición de justicia garantizando la preservación de Derechos de la parte acusada y de la que acusa, pero la principal dificultad reside en el cambio cultural que implica un macrocambio de esta naturaleza porque transforma los roles de los jueces, fiscales y abogados, exigiéndoles preservar el interés superior de la infancia en todo momento al manto del enfoque garantista de derechos.

Una de las novedades, que si bien antes existía no se encontraba del todo normada y mucho menos cumplida, es la justicia restaurativa a través de modelos socio-educativos que buscar evitar a toda costa que se prive de la libertad a las personas adolescentes. La justicia restaurativa está ampliamente ligada con el debido proceso de cualquier caso penal, pues para hablar de la reparación del daño a la víctima debe existir detrás un proceso impecable y apegado a derecho en todas sus etapas, además de imperar el irrestricto respeto a los Derechos Humanos de todas las personas.

Para garantizar la reparación integral de daño se debe procurar, desde le proceso penal acusatorio, no violar las garantías de ninguna de las personas, es decir, no se debe revictimizar, difundir las identidades en medios de comunicación y respetar en todo momento las opiniones de las víctimas y ofendidos. Para reparar el daño cuando no hay una violación grave a los Derechos Humanos de las personas, se puede recurrir a los mecanismos alternativos de solución de controversias con una mediación; sin embargo cuando hay una violación a los Derechos Humanos las víctimas directas  e indirectas deben verse restituidas en cuanto a derechos, es decir se debe reparar económicamente, moralmente y físicamente en medida de lo posible los daños ocasionados y parte de esta justicia restaurativa expresa la necesidad de lograr reintegrar a la persona victimaria a través de intervenciones sociales, educativas y culturales a través de un plan individualizado en aras de garantizar la no repetición del acto victimizante.

Esta reparación dual del daño a la que nos referimos en el párrafo anterior impacta de forma favorable a víctimas, victimarios, ofendidos y comunidades en aras de la garantía de la no repetición, incluso podemos hablar de un método de prevención terciario donde se procura que los hechos que causaron daño no vuelvan a repetirse.

Los retos aún son mayúsculos, al encontrarnos con policías poco preparados, con corrupción, con una fiscalía que debería ser autónoma para actuar de forma más diligente, y un abuso de las encarcelaciones. Aunado a lo anterior el Sistema de Justicia Penal Acusatorio busca una reestructuración de las penas en cuanto a la tipificación de delitos; sugiere un reacomodo de los mismos de forma homologada en todos los niveles de gobierno y encaminar las penas a garantizar una efectiva reintegración de las personas jóvenes que han comenzado a delinquir, pues bajo el modelo actual en vez de reintegrar a las personas que han delinquido a la sociedad en aras de la no repetición, se ha incitado a través de las condiciones de las cárceles y tutelares al surgimiento de nuevas organizaciones delictivas al interior de las mismas.

Hoy en día el peor riesgo que corre el Nuevo Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es el de no lograr implementarse, ya se nos pasó el tiempo. Este sistema no solo exige una ardua capacitación técnica y voluntad política, sino un cambio urgente de “chip”, pues tenemos que lograr que los policías entiendan que su investigación es la base del proceso, que los ministerios públicos logren construir hipótesis con base al marco normativo respetando DDHH e interés superior de la infancia y que tengan claro que deben investigar sin invadir la actuación de los jueces.

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