El ejercicio de los derechos humanos, un camino tortuoso por la corrupción

Por Areli Rojas Rivera

La corrupción es inadmisible; una de las peores violaciones a los derechos humanos toda vez que, por esa causa, existen miles de niñas y niños que no han tenido acceso a una educación de calidad.

Es un hecho que la corrupción en México tiene altos costos económicos, políticos, sociales, culturales e incluso medioambientales, pues según el Fondo Monetario Internacional (FMI), un país corrupto tiene 5% menor inversión. Es desalentador que México ha caído 31 lugares en los últimos seis años del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. La corrupción se hace latente en diversos sectores; la institución que se percibe como más corrupta son los partidos políticos, pero ningún organismo del Estado se ve libre de esta percepción y muchas empresas también se ven inmersas en los actos de corrupción a través de sobornos y pagos para permisos que resultan ilegales.

A nivel macro, la corrupción se ve como un fenómeno incontrolable en el que todos participan, pero cuando hablamos de quienes sufren la corrupción a diario en su vida cotidiana y, peor aún, que muchas veces se les niega el acceso a la justicia y al ejercicio de sus derechos a causa de la corrupción, entramos en una discusión que se refiere a las poblaciones con más situaciones de vulnerabilidad: niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas, víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos, etcétera.

La corrupción es inadmisible; una de las peores violaciones a los derechos humanos toda vez que, por esa causa, existen miles de niñas y niños que no han tenido acceso a una educación de calidad. Por la corrupción cientos de personas adultas mayores han quedado en el desamparo total y por la corrupción cientos de víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos se han quedado sin justicia: trata de personas, violencia familiar, violación, abuso sexual, desaparición, entre otras.

La corrupción es un lastre por los enormes costos que tiene para la Nación y la población. Identificar y cuantificar dichos costos es indispensable para conocer la dimensión del problema y diseñar políticas públicas adecuadas para su prevención y erradicación a través de los Sistemas Anticorrupción con los que ahora contamos. Lo cierto es que no podemos hablar de un combate frontal, si no se refleja en beneficios y accesos a oportunidades de las poblaciones más vulnerables.

Este fenómeno menoscaba el Estado de Derecho y las democracias; sólo 27% de personas se encuentran satisfechas con la democracia (Latinobarómetro 2013), lo cual se puede traducir como una insatisfacción con la representación:

91% no confía en partidos políticos

83% no confía en legisladores

80% no confía en instituciones del sistema judicial (Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Mexicana).

Costos sociales

14% del ingreso promedio anual de los hogares destinado a pagos extraoficiales (Transparencia Mexicana).

Se necesita conocer la corrupción desde la raíz, localizarla, medirla, identificar sus causas, encontrar las áreas de riesgo y amenaza que permiten su reproducción; se deben exhibir sus efectos y caminar hacia un estado ideal de transparencia y ética pública con buenas prácticas desde el sector público y privado. Es urgente ya desde hace mucho combatir este fenómeno de forma exitosa, porque no afecta solo al Estado y sus instituciones, sino a la población que a causa de los actos de corrupción se enfrenta a la impunidad y la desigualdad a diario.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: