Es público y bastante comentado, que desde el año pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) refirió que México es el primer lugar en materia de abuso sexual, violencia física y homicidios de niñas y niños menores de 14 años.

Según datos de este organismo internacional, cerca de 4.5 millones de niños y niñas en nuestro país son víctimas de este grave delito y lo drásticamente inaceptable es que solo se dan a conocer el 2% de los casos. Los motivos para tener esta escasa estadística de casos que salen a la luz son múltiples, van desde el miedo a la denuncia, la impunidad que propician las autoridades que procuran y garantizan la justicia, el miedo al estigma familiar, comunitario y/o social o incluso estos casos se llegan a callar porque la familia decide invisibilizarlo.

Desde la Organización Y Quién Habla Por MÍ A.C. hemos detectado que cerca del 70% de los casos de abusos sexuales que sufren los niños y niñas provienen de personas que están cercanas a su primer círculo cotidiano de convivencia, es decir padres, abuelos, tíos, primos, hermanos, parejas de alguno de los padres y amigos de la familia. Y muchas veces es una decisión familiar e incluso de la propia víctima, callarlo por miedo a los prejuicios y señalamientos sociales, y por incertidumbre ante las actuaciones de las autoridades.

El abuso sexual hacia niños y niñas se ha venido a colocar como uno de los delitos más atroces y silenciosos en contra de menores de edad. Este delito se propicia en lo más íntimo de los hogares de nuestro país y en algunos casos se correlaciona con otros delitos como son la trata de personas, la pornografía infantil y el turismo sexual infantil. La cifra de la incidencia en este delito no es cosa menor y preocupa aún más la falta de denuncia y la falta de especialización por parte de las autoridades que están encargadas de atender y reparar el daño a las víctimas de este delito que a veces ni siquiera tienen aún la capacidad de hablarlo.

Se deben tomar acciones para prevenir a toda costa este doloroso delito. Desde las familias, las comunidades y los tres niveles de gobierno se deben generar y difundir proactivamente medios de denuncia que sean de fácil acceso para las víctimas. Las autoridades deben actuar de forma diligente y con prontitud ante estos casos. Las escuelas deben contar con maestros, maestras y directivos que logren detectar víctimas o potenciales víctimas de abuso sexual, así como con programas de educación sexual y reproductiva dirigidos a los niños y niñas de acuerdo a su edad. Se debe trabajar en concientizar a las comunidades sobre la importancia que tiene estar al tanto de posibles situaciones de abuso sexual y denunciarlas.

De igual forma se debe sancionar ejemplarmente a los victimarios y lograr reparar el daño de las víctimas mediante una atención integral por parte de las autoridades y la concientización de las comunidades que deben eliminar múltiples prejuicios en torno a las víctimas de este delito; pues ante las carencias sociales, la ignorancia y la ruptura de las redes familiares de apoyo, millones de niños y niñas están expuestos a sufrir una vejación de este tipo en México.