Por José Marco Romero Silva
Hoy los ciudadanos no solo deben tener asegurados espacios para observar y opinar sobre lo público, sino también para incidir y decidir sobre la ruta y destino de las políticas públicas.
Un asunto tan delicado como gobernar, que por su propia naturaleza afecta el destino de un pueblo, la ruta del progreso o estancamiento de una nación nunca ha sido una cuestión que ataña solo a los gobernantes. Hoy por hoy, el ejercicio de gobierno, la definición de su orientación, su organización para la toma de decisiones, la concepción de las metas que debe alcanzar y la forma de llevarlas a su concreción, ya no es posible concebirlos, en una democracia constitucional como la nuestra, sin promover y respetar la activa participación de la ciudadanía.
Si esto en efecto debe concebirse así, entonces: ¿Cuáles deben ser los parámetros para impulsar la participación de los miembros de la sociedad, en los asuntos públicos de su organización estatal?
De cara al primer tercio del siglo XXI, la respuesta solo puede ser clara y directa: la trasformación del muy complejo mundo moderno, en ambientes dignos, justos y equitativos para el sano y libre desarrollo humano, donde interactúan vigorosamente sociedades nacionales e internacionales bajo el intercambio de continuos avances tecnológicos paulatinamente dejarán como opción real para acceder a mejores niveles de vida, a los Estados con formas de gobiernos abiertos a una intensa colaboración ciudadana en todo tipo de asuntos públicos.
En este contexto, participar en lo público implica dar un salto de calidad desde la simple presencia simbólica de los ciudadanos en actos relacionados con la gestión pública, hasta su real incorporación como actores indispensables para su desenvolvimiento, inclusive mediante el ejercicio de capacidades para intervenir en su conducción.
Hoy los ciudadanos no solo deben tener asegurados espacios para observar y opinar sobre lo público, sino también para incidir y decidir sobre la ruta y destino de las políticas públicas que atiendan todo tipo de cuestiones culturales, sociales económicas o políticas que afectan su entorno individual o social.
El acceso de la participación ciudadana en lo público implica tener expedito el derecho a exigir de quienes ejercen el servicio público transparencia en su gestión, capacidad de requerirles amplia información sobre la misma bajo los principios de máxima publicidad y datos abiertos, poder demandarles que rindan cuentas de los negocios de cualquier naturaleza que se encuentren bajo su administración, así como poder coadyuvar con ellos en la confección o cumplimiento de planes y programas gubernamentales.
Por supuesto que esa participación lleva implícita la posibilidad de sumarse en cualquier momento en las medidas de combate a la corrupción, e incluso demandar la imposición de responsabilidades y sanciones, por cualquier irregularidad acontecida en el ejercicio de encomiendas públicas.
Los tiempos de una participación ciudadana simbólica o simulada en la gestión de los asuntos públicos, se han agotado. Si esto no se entiende así por quienes ejercen el poder público del Estado, no perciben la nueva forma de instrumentar un gobierno democrático.
Ejercer gobiernos abiertos entraña la reconfiguración de métodos y formas en el quehacer gubernamental, con enfoque de innovación para la mejora de la calidad de sus servicios, a fin de disponer desde sus órganos formales, los mecanismos necesarios para incorporar y empoderar a los ciudadanos y sus organizaciones, en los “procesos de planeación, ejecución y evaluación de las actividades gubernamentales”[1]
Gobernar en esquemas abiertos no implica más la aplicación de la vieja fórmula de ejercer facultades de supra a subordinación, donde las autoridades mandan y los ciudadanos simplemente obedecen. Esa es una forma anquilosada de percibir el gobierno, desde un sesgo evidentemente autoritario.
Dirigir un país, ahora entraña la necesidad de poner en práctica gobiernos horizontales de cara a las exigencias ciudadanas para la superación de sus condiciones de vida, con la finalidad de que el aparato estatal permanezca franqueado a la colaboración e ideas de innovación surgidas desde la sociedad, allegándole previamente a esta los datos y mecanismos indispensables para el conocimiento a fondo de los asuntos públicos, con la finalidad de tomar decisiones compartidas entre sociedad y gobierno, en beneficio del interés general.
La adopción de modelos de gobierno abierto pretende garantizar un sano desarrollo social, político, económico y cultural, con énfasis en la equidad, auspiciando una mayor participación social y un mejor control ciudadano del ejercicio del poder público, bajo el impulso constante de la protección a los derechos humanos.
Con esa perspectiva se pretende construir un nuevo patrón de desarrollo nacional, cambiando el paradigma en la gestión de lo público, desde uno tradicional, vertical, opaco y autoritario hacia otro moderno, horizontal transparente y democrático, que sea reconocido y confiable para las expectativas de superación y tranquilidad de vida de los ciudadanos de un país determinado, que además resulte atractivo y seguro para la inversión estable de capitales nacionales y extranjeros.
Afianzar la construcción de un modelo como el descrito, significa fundar el reconocimiento de la legitimidad y estabilidad del gobierno en turno, mediante el consenso en la co creación de políticas públicas entre ciudadanos y gobernantes, así como en la confianza para su efectiva instrumentación, de manera que esto permita mantener las expectativas reales de construir un país incluyente y desarrollado en una corriente democrática, sostenida en las mejores prácticas internacionales.
Distanciarse de este modelo, implica ir en sentido contrario al que se dirigen los países altamente desarrollados, en su cometido de implementar la Agenda 2030 [2], con el riesgo en el caso de México, de quedar fuera de ese selecto circulo al cual pretende arribar en la primera mitad del siglo XXI, en el hipotético caso de quedar sujeto a una inercia que limite sus niveles de progreso, dentro de un modelo de democracia incapaz de generar una amplia y equitativa distribución social de sus logros.
Sin importar la particularidad de nuestras respectivas ocupaciones, nuestra tarea cívica, social o colectiva para los próximos años exige ocuparnos en asegurar la apertura de todos los niveles de gobiernos al escrutinio cualitativo de los ciudadanos, con la finalidad práctica de alcanzar soluciones colaborativas a los problemas estructurales de nuestro modelo de país, en un ambiente que propicie la justa solución de sus contradicciones y la amplia y equilibrada distribución de sus logros.
Lic. José Marco Romero Silva
Especialista en Sistema de Responsabilidad de los Servidores Públicos por la U.N.A.M.
Vicepresidente Ejecutivo del Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Estado A.C.
Diplomado en Administración Pública y Prácticas Parlamentarias por el I.N.A.P.
Se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República
[1] ¿Qué es Gobierno Abierto? https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwj_6JyOqMHXAhWF-VQKHVR3CL4QFghsMAs&url=http%3A%2F%2Fapertus.org.mx%2Fgobierno-abierto&usg=AOvVaw16XRNLCYWIVnn3zuORg3LN
[2] Alianza para el Gobierno Abierto. gobabiertomx.org/ Misión y Objetivos · Antecedentes · Blog · Preguntas Frecuentes · Tablero · Resultados. Un nuevo Plan de Acción. Leer más de este tema. Plan de Acción 2016- …
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