México y los procesos de “paz”

En México, las “reformas estructurales” terminaron convirtiéndose en leyes. El pasado 21 de diciembre el Ejecutivo anunció la controvertida Ley de Seguridad Interior, misma que aprobó el Congreso y que es objeto de análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Meses antes y días después de su aprobación, la Ley ha sido motivo de debate, y más allá de la validación o no de la Suprema Corte, el Ejecutivo debe entender que son pertinentes cambios para evitar violaciones a los derechos humanos fundamentales; organismos, activistas, legisladores y sociedad en general se han pronunciado en contra.

La Ley de Seguridad Interior es un conjunto de leyes que definen la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, eliminando controles, transparencia en la información, y abriendo la posibilidad de que crezcan las violaciones a los derechos humanos.

En estos tiempos, no se puede renunciar al objetivo de construir instituciones necesarias para que sean las policías las encargadas de hacerse cargo del problema de seguridad pública, los estados tiene la obligación de construir cuerpos policiacos firmes, evaluados, capacitados, con mejores salarios, y con todas las herramientas necesarias para combatir a la delincuencia.

El Ejército tiene la misión de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del País y, en casos de desastre, presentar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas, sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas.

La labor del Ejército tiene que ser valorada, reconocida, y respetada; es una institución que cumple con todas sus tareas constitucionales. La Ley no mejorará la seguridad del País, se necesita continuidad a estrategias de prevención del delito, policías cercanas a las comunidades y avocadas a reducir los niveles de violencia y delincuencia.

La Carta Magna ya regula el actuar de las Fuerzas Federales, al especificar quiénes deben cuidar a los ciudadanos y cuándo debe entrar el Ejército, que es en estado de excepción.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: