¿Por qué unos gobiernos benefician a ciertos sectores y excluyen a otros?

Por Ricardo Escutia

La política social intenta apoyar a los grupos poblacionales en vulnerabilidad y pobreza […] aunque ha propiciado un clientelismo político, la cooptación y la segmentación social, beneficiando no siempre a los más desfavorecidos

La politica social es considerada el lado social de la política pública, su forma de entenderse varía entre autores e instituciones, por ejemplo, para Béland (2010) son programas públicos que buscan apoyar a los pobres, combatir la desigualdad y promover la solidaridad social, reducir la mercantilización de la fuerza de trabajo y proteger a los trabajadores y sus familias de riesgos. Por su parte, Sinclair (2016) las entiende como formas de intervención estatal que afectan las oportunidades y condiciones sociales bajo las cuales viven las personas.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas -UNDESA- las visualiza como el instrumento que utilizan los gobiernos para regular y complementar las instituciones del mercado y  las estructuras sociales, situando a los ciudadanos en el núcleo de las políticas públicas y los servicios sociales[1] al incorporar sus necesidades y voz en todos los sectores (Ortiz, 2007).

Mientas que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (Ceara-Hatton y Cañete Alonso, 2010), las entiende como una cuestión de derechos efectivos que propician la creación de las capacidades de las personas para que puedan ser lo que quieran ser, aspiran y valoran en la vida, a través de la educación, la salud, el empleo, la seguridad, la asistencia social, la vivienda, la justicia, la migración y la cohesión social.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- las entiende como el acceso a ingresos, bienes, servicios y protección regulatoria que brinda el estado a la población (Filgueira, 2014).

Como se puede obaservar, la política social, intenta apoyar a los grupos poblacionales en vulnerabilidad y pobreza, buscando redistribuir la riqueza, combatir las desigualdades económicas y sociales, así como promover la cohesión social, a través del acceso a la seguridad social (pensiones), la vivienda, la salud, el empleo y la des-mercantilización familiar (es decir, velar porque la familia no depende sólo de su mano de obra para subsistir), aunque ha propiciado un clientelismo político, la cooptación y la segmentación social, beneficiando no siempre a los más desfavorecidos.

Esto se debe a la estructura en sus mecanismos de planeación e implementación, es decir, por un lado, el universalismo, y por el otro, la focalización.

En su inicio, los programas de política social se enfocaban en sectores poblacionales de trabajadores y desprotegidos, lo que propicio la focalización, enfoque, método o modelo para la creación de protección social, entendida como la “concentración de los recursos escasos en las poblaciones que realmente lo requieren” (Filgueira, 2014); bajo una lógica segmentaria enfocada en mientras más focalizadas, más efectivas y eficientes son éstas en redistribuir ingresos y atacar la pobreza.

Esta lógica asume como principio la subsidiariedad respecto al mercado, en otras palabras; el estado debe asignar recursos a las personas cuando estas no tienen la posibilidad de hacerlo por sí mismas, o no pueden acceder a estos mediante el mercado o el trabajo (Filgueira, 2014). Desde aquí, el qué, cuánto y cómo dar los recursos, se debe construir de manera riguroso y cuidada, para no desincentivar que los individuos procuren por sus medios, allegarse de los recursos necesarios.

Sin embargo, este método puede ser poco eficiente debido a que sólo los más pobres podrían ser candidatos a la redistribución, puede generar apatía de los beneficiarios a través de las condicionalides para el acceso (disminuyendo su participación), o propiciar que la población beneficiada no tenga el incentivo suficiente para trabajar al tener garantizado un nivel mínimo de recursos, asimismo, al ser focalizadas, sólo atienden a una fracción de la población, lo que desgasta la cohesión social, al dejar fuera a diferentes grupos poblacionales, además, en el largo plazo pueden ser reflejo del mantenimiento y la gestión de la pobreza (Filgueira, 2014; Cárdenas Gracia, 2017).

En respuesta a estas críticas y en especial al fomento de la cohesión social, se propició el universalismo, como un “mecanismo para evitar las diferencias en el acceso a un conjunto de prestaciones y servicios básicos, derivadas de la pertenencia a la comunidad o ciudadanía, más que aquellas derivadas del mercado (Filgueira, 2014: 20).

Los programas creados con éste enfoque promueven una protección social y redistribución mayor en el largo plazo que los programas focalizados, al contribuir a crear sociedades más igualitarias; aunque en su ejecución suelen ser más caros pues se dirigen a toda la población y sólo funcionan si estos promueven una mayor eficiencia, equidad y calidad en niveles homogéneos.

Las razones son simples: al no generar criterios de elegibilidad de sujetos, no genera comportamientos adaptativos perversos, ni distorsiones en los mercados laborales, ya que los dilemas de la formalidad e informalidad no se hacen presentes.

Pero cuando lo que se protege son seguridades o protecciones ante riesgos de manera estratificada (como en los sistemas de jubilaciones y en la salud, que dependen del salario y el ahorro personal), la universalidad ni es eficiente ni es equitativa; en otras palabras, sistemas de prestaciones o transferencias universales sólo tienen sentido si no son estratificados (Filgueira, 2014), es decir, si no están sujetas al salario y a las desigualdades que de esto devienen.

Referencias

  • Béland, D. (2010). ¿Qué es la política social?, Universidad de Cambridge, Polity Press.
  • Cárdenas Gracia, J. (2017). El estado de bienestar, jurídicas, UNAM, México.
  • Ceara-Hatton, M. y Cañete Alonso, R. coords. (2010). Política social: capacidades y derechos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
  • España, S. (2000). Políticas sociales en América latina. Mitos y realidades, Iberoamericana, OEI
  • Filgueira, F. (2014) Hacia un modelo de protección social universal en América Latina, Políticas Sociales, CEPAL, Chile.
  • González Jiménez, J. R. (2013). Comparativo de políticas sociales en México y América Latina para disminuir la pobreza, Revista de ciencias sociales.
  • Ortiz, I. (2007). Guía de orientación de políticas públicas: política social, UN-DESA, NY.
  • Sinclair, S. (2016) Introduction to Social Policy Analysis. Bristol: Policy Press.

[1] Salud, seguridad social, redistribución económica, protección, justicia, ver Ortiz (2007).

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