Pronóstico reservado

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El autor es Coordinador de Estudios Especiales del Observatorio Nacional Ciudadano twitter Twitter twitter Twitter

Pese a que el robo de hidrocarburos sea un caso típico de victimización empresarial, conlleva una serie de costos sociales nada despreciables.

Incendio en ducto de Pémex en Acatzingo, Puebla

Ha sido sorprendente la respuesta mediática en torno al robo de combustible en fechas recientes. El frenesí informativo que ha despertado este tema ha resultado en un sinfín de artículos de opinión, reportajes, entrevistas, noticias, mesas de discusión y muchos materiales más. La mirada pública rara vez se posaba sobre este problema. Algunos días figuraban notas informativas sobre alguna explosión resultado de una toma clandestina fallida en las secciones de seguridad y justicia de los diarios nacionales sin que ello significase conferencias de prensa, promesas y análisis más profundos sobre el problema.

Antes de que ocurrieran los bloqueos carreteros en Puebla, el robo de combustible se encontraba al margen de la problemática de seguridad nacional pese a que el Observatorio Nacional Ciudadano ya había advertido sobre la magnitud, las tendencias y patrones geográficos e incluso la incipiente respuesta institucional desde 2014. La coyuntura obligó a diversos actores a considerar este problema como una prioridad que demandaba acciones inmediatas. A todas luces este reconocimiento público fue tardío.

¿Por qué se había mantenido el robo de hidrocarburos al margen de los diagnósticos de seguridad y de la opinión pública? Quizás porque resulta ajeno para buena parte de la población o porque los costos derivados de este delito no son tan tangibles y cotidianos como los costos de los delitos tradicionales. ¿Qué más da que roben miles de litros de hidrocarburos diariamente? Podría pensarse erróneamente que ese es un problema exclusivo de los directivos de Pemex.

Resurge la gastada metáfora del enfermo (México) y el doctor o doctores. Esperamos hasta que el enfermo empeorara para suministrar el tratamiento con la esperanza de que la cura sea pronta y la recuperación indolora. Pero antes de iniciar el tratamiento, es necesario elaborar un diagnóstico completo. Sin este, caeremos en soluciones que solo atienden aquellas manifestaciones más evidentes o que en su defecto, constituyen soluciones prefabricadas.

Más que un delito empresarial         

El 22 de julio de 2016 publiqué un artículo en coautoría con el Dr. Hugo Fuentes[1] en el que analizamos la relación entre la sociedad, los valores y el crimen organizado partiendo de un testimonio que llegó al Observatorio Nacional Ciudadano desde Palmar de Bravo en Puebla. Dicho testimonio relataba la incidencia de robo de hidrocarburos a través de la ordeña de ductos, la participación de jóvenes en dicha actividad, la entrega de apoyos económicos a raíz de los ingresos generados por la venta del combustible a otras organizaciones criminales, la ocurrencia de otros delitos como secuestros, entre otras conductas antisociales. Alertaba la posibilidad de que la situación se saliera de control y meses después, sucedió.

Pese a que el robo de hidrocarburos sea un caso típico de victimización empresarial, conlleva una serie de costos sociales nada despreciables. Algunos de estos costos se nutren de diversos factores como 1) la sustitución total del gobierno como institución formal encargada de aplicar la ley, 2) la inexistencia o saturación de mecanismos legales para alcanzar cierta prosperidad económica y 3) la propia erosión de los valores morales que modifica la apreciación de la violencia como un mecanismo de resolución de conflictos y que, a su vez, potencia el oportunismo.

Lo que demuestra dicho artículo es que la problemática del robo de hidrocarburos no se trata de un mero asunto de seguridad corporativa que se solucione únicamente con mayor supervisión y vigilancia en aquellas regiones que han sido epicentro de las coyunturas recientes. ¿Qué pasará cuando la supervisión disminuya o no haya recursos suficientes para cuidar cada kilómetro de la red? Al menos en Palmar de Bravo la Marina ya se retiró y todo volvió a la normalidad. Con recursos de vigilancia in situ limitados será casi imposible, además de costoso. Ya no hablemos de los riesgos asociados a la intervención directa de las fuerzas federales.

Se agudiza el problema                    

La falta de coordinación entre actores clave y un entendimiento pobre de las decisiones económicas (y criminales) condujeron a la agudización del robo de hidrocarburos a principios de 2017 tras el cambio de la política de precios de las gasolinas. De acuerdo con el director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, la magnitud de estos robos (20 mil millones de pesos) equivale a 2.8% del valor del mercado de gasolinas en México (700 mil millones de pesos).

En el artículo “Efectos indirectos del gasolinazo”[2] se expusieron los efectos indirectos asociados a esta decisión. Por un lado, el incremento de precio modificó el ingreso criminal esperado por lo que se incentivó la conducta antijurídica. A su vez, el diferencial de precio entre el precio de venta en el mercado legal y el mercado negro generaría beneficios extraordinarios para las organizaciones criminales y posiblemente suscitaría enfrentamientos o brotes de violencia como efectos inevitables de la dinámica competitiva y la respuesta estatal.

Por otro lado, las repercusiones en las condiciones de operación y entrada al mercado no son menores. Los incentivos de terceros para invertir en actividades de distribución y comercialización de hidrocarburos se esfumarán al integrar el riesgo que supone el robo de hidrocarburos. Díaz (2017) señala que “al finalizar el año se habrá otorgado el 25% de la capacidad de Pemex para que terceros puedan utilizar su red de ductos”[3]. Quienes en un principio hubieran estado interesados en utilizar la red de ductos o en establecer estaciones de servicio, hoy probablemente estén reevaluando sus planes o intensificando las medidas de seguridad en detrimento de la estructura de costos.

Soluciones costosas, pero ¿efectivas?        

Hace unas semanas leía en redes sociales afirmaciones sobre la inacción de Pemex en esta materia. Pocas afirmaciones más erradas que estas son difíciles de encontrar. De acuerdo con Cruz (2017)[4] la empresa productiva del Estado ha gastado más de 28 mil millones de pesos desde 2008 en diversos proyectos de seguridad entre los que destaca el sistema de monitoreo de ductos (SCADA), artefactos de vigilancia remota, centros de inteligencia, radares, entre otros programas de fortalecimiento de red y comunicación.

Además de los proyectos ya enunciados, en el artículo “El laberinto sin salida”[5] expuse cómo se han desarrollado las estrategias para enfrentar este delito. Por ejemplo, un tiempo se optó por sustituir los medios de distribución de los hidrocarburos, enviar productos no terminados a lo largo de los ductos, entablar demandas fuera del país, y además, el acompañamiento de las unidades de transporte por parte del Ejército y Policía Federal en tramos carreteros selectos. Añádase a esta lista todas aquellas acciones realizadas por la PGR asociadas al funcionamiento del sistema de justicia penal que derivaron en algunas sanciones (tanto de ex personal de Pemex como de otras personas involucradas) y aseguramientos exiguos. Pese a todas las estrategias implementadas, los avances son limitados.

Las estrategias más recientes ahora se concentran en inhibir la demanda intermedia e incrementar la percepción de riesgo de quien comete este ilícito. De acuerdo con las declaraciones del director de Pémex, el combustible robado no se vende al menudeo (la mayor parte) sino que los consumidores principales son gasolineras formales y grandes empresas que adquieren el combustible robado para satisfacer la demanda final o para llevar a cabo sus actividades productivas. La rescisión de contrato de la franquicia Pémex a siete gasolineras en Puebla es una muestra del cambio de dirección que parece haber tomado la junta directiva de la empresa y diversas autoridades.

Sin embargo, esta estrategia no está exenta de críticas al menos en el corto plazo. Al recortar el suministro lícito e ilícito de combustible en determinadas regiones, aumenta la probabilidad de que: 1) las organizaciones criminales vendan directamente los productos a los consumidores finales, 2) las organizaciones implementen nuevas estrategias de venta a gasolineras y a empresas medianas con menor visibilidad y 3) el precio del combustible robado incremente.

En relación con la probable integración vertical de la cadena, cabe destacar que conlleva mayores costos de búsqueda para los consumidores y una mayor exposición a sanciones para las organizaciones criminales. Sin gasolineras formales como establecimientos de comercialización primarios, las transacciones tenderán a ser más ocultas lo que dificultará el monitoreo. Por ende, será necesario evaluar el impacto de estas nuevas medidas para replicarlas en otras entidades en caso de que sean exitosas.

Secuelas y efectos secundarios                 

Los costos del robo de hidrocarburos no se limitan a los daños a la infraestructura o a las pérdidas económicas de Pémex que de por sí, ya son bastante cuantiosos. A la ecuación se integran también todos los recursos que se han utilizado para monitorear, perseguir y sancionar este delito, las inversiones pospuestas o canceladas en el sector, los cambios de hábitos de la población que reside en las zonas de incidencia, la distorsión de las actividades productivas relevantes, la diversificación delictiva, entre otros. Calculo que el costo es superior a 50 mil millones de pesos. Podemos visualizar algunos de estos costos como las secuelas o efectos secundarios del paciente que ha recibido un tratamiento de urgencia tardío, casi negligente. Frente a un diagnóstico perezoso, las posibilidades de que el enfermo recobre plena salud son limitadas.

Si hace 5 años el interés en este problema hubiera sido el mismo que el visto hoy en día, tal vez mediante una mezcla de intervenciones sociales y económicas en los estados y municipios clave, acciones de inteligencia financiera y gestión volumétrica, reestructuras organizacionales en Pémex y capturas de los elementos más importantes (no necesariamente de los líderes) de las redes criminales, el panorama sería menos grave. El robo de hidrocarburos no sería una industria criminal pujante. Al posponer una respuesta estatal contundente, hubo tiempo para que las organizaciones criminales realizaran “inversiones” en violencia y corrupción que les permitieran operar con beneficios extraordinarios y un perfil de riesgo bajo.

Por último, el economista William Baumol afirmaba en uno de sus artículos[6], que el ejercicio del emprendimiento puede fomentar actividades improductivas o incluso destructivas dependiendo de la estructura de recompensas existente en la economía o como él las denomina: las reglas del juego. Una actividad destructiva como lo es el robo de hidrocarburos persiste porque subyacen incentivos y riesgos que lo permiten. Los agentes podrán cambiar, pero en tanto los incentivos y riesgos no cambien, erradicar esta actividad es una promesa vacía.

[1] Fuentes, H. y Vélez, M. (22 de julio de 2016). La sociedad, los valores y el crimen organizado. En El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2016/07/22/la-sociedad-los-valores-y-el-crimen-organizado

[2] Vélez, M. (18 de enero de 2017). Efectos indirectos del gasolinazo. En El Universal:  http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2017/01/18/efectos-indirectos-del-gasolinazo

[3] Díaz, M. (2017). La CRE ante una gran oportunidad. En Oil & Gas Magazine: http://revista.oilandgasmagazine.com.mx/books/aape/mobile/index.html#p=20

[4] Cruz, N. (15 de mayo de 2017). Gasta Pemex 28 mmdp contra ordeña y ésta crece. En El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/05/15/gasta-pemex-28-mmdp-contra-ordena-y-esta-crece

[5] Vélez, M. (24 de febrero de 2017). ¿El laberinto sin salida? En El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2017/02/24/el-laberinto-sin-salida

[6] Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy. Vol 98-5 Part 1, pp. 893-921.

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