@RoCienfuegos1
Cada vez que un gobernante se equivoca, ya sea por ignorancia, mala fe, perversidad, complicidad o cualquier otro motivo, los gobernados, de manera invariable, pagan (mos) las consecuencias, o dicho de otra forma, los platos rotos.
Se inicia de esta manera una de las múltiples formas de corrupción, con repercusiones graves para cualquier pueblo o ciudadanía, así ésta sea afín, discordante o disidente. Nadie se salva ni escapa de los errores, acciones y omisiones de los gobernantes, sin que prácticamente nunca, se les finque responsabilidad alguna, ni siquiera de índole moral. Esto por sí sólo debería ser inaceptable.
Foto: Archivo.
Surge el párrafo anterior a propósito de constatar que en los últimos meses, siete, desde que asumió en octubre último las riendas del país el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se imprimió un viraje, cambio o reenfoque de la política de seguridad nacional, un agudo contraste sin duda con la malhadada “política”, estrategia o como se llame, de “abrazos y no balazos”, que puso en marcha el gobierno precedente a cargo de Andrés Manuel López Obrador, él mismo hoy extinto de la escena política nacional por motivos o razones que parecen más calculados que interesados en abrir un punto y aparte en la vida de un personaje que trajinó y trajinó por la búsqueda incesante del poder, hasta lograrlo. Como prácticamente nadie intentó antes en el México contemporáneo, López Obrador convirtió el poder en el objetivo supremo de una cacería absoluta. Así él mismo y muchos de sus adláteres o esbirros lo nieguen.
Alcanzó de manera contundente el poder, tras una larga brega -insisto- para conquistarlo. Y entre las medidas que puso de inmediato en práctica, destaca una para atender y presuntamente contener el recrudecimiento de un fenómeno gravísimo: la inseguridad pública en México.
Bajo este objetivo, propósito o meta, activó una política que en forma genérica denominó “abrazos y no balazos”. Insólito. Argumentó entonces que el enfoque incluiría el combate a las causas generadoras de la violencia y el crimen, que asoció con la pobreza, la desigualdad en todos los órdenes que priva en México, el modelo económico neoliberal y la corrupción y colusión de los gobernantes desterrados en el 2018.
Foto: Roberto Cienfuegos.
López Obrador denominó a los presuntos criminales personas sujetas al respeto de sus derechos humanos, algo que podría y debería ciertamente resultar correcto, pero que choca con el irrespeto delincuencial de los derechos humanos de la mayoría ciudadana en México, predominantemente desprotegida, vulnerada y acicateada no sólo por el crimen, sino incluso por autoridades responsables de preservarlos.
Así transitamos un sexenio entero, poquito menos. Las cifras que derivaron indefectiblemente de esta “política” de Estado, inconcebible bajo la luz de una obligación constitucional que establece el legítimo uso de la fuerza y el deber ineluctable de preservar la seguridad física y patrimonial de los gobernantes, así como la defensa de la paz interna y del territorio nacional, resultan de escándalo.
Prácticamente 200 mil muertes, poco más de 50 mil desaparecidos y enclaves territoriales o geográficos bajo el control y asedio cotidiano de criminales, describen un infierno en México. Y sin embargo, el absoluto fracaso que trasuntan estos números, a los que se añaden conductas inapropiadas -para decir lo menos- de un Jefe de Estado en sus manifestaciones públicas de condescendencia, trato y hasta apapachos o liberación de presuntos criminales, permanecen en la mayor impunidad y sin mayores o mínimas consecuencias si se prefiere. Esto deja ver la indolencia de gobernantes, pero sobre todo la impunidad que los acompaña, convencidos de que pueden hacer y deshacer sin que exista la posibilidad de un corte de caja o de un llamado a cuentas una vez que sus acciones u omisiones revelen fracaso y, peor aún, repercusiones graves, severas o hasta mortales para los gobernados, que siguen sujetos a las perversiones y perversidades de los gobernantes.
Aún bajo presiones del gobierno de Washington o del mandamás de La Casa Blanca, el hombre anaranjado, que dicho sea de paso constituye un peligro mayor para los mexicanos, el gobierno de la presidenta ha tenido que doblar la página de “los abrazos y no balazos”, en un intento para impedir la profundización de los daños de semejante estrategia, de alguna forma hay que llamarla.
En una reciente reunión a puerta cerrada en el Senado de la República, el titular de Protección y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó de manera oficial y fehaciente lo que ya se conocía públicamente: está en marcha una nueva política o estrategia de seguridad pública, la cual -según este funcionario- comienza a dar resultados. Entre éstos refirió más de 18 mil detenciones, la destrucción de unos 800 laboratorios clandestinos y un descenso del número de homicidios, aun cuando estas cifras sólo son incipientes.
Derivado de estos números es probable que Terrance Cole, nominado para encabezar la Dirección de Control de Drogas (DEA), haya destacado también hace pocos días en una sesión para su confirmación en el Senado, la “buena voluntad” de la presidenta Sheinbaum para combatir el narcotráfico, lo que trasunta un claro contraste con el gobierno precedente.
Cole dijo sin embargo que las mafias del trasiego de drogas y aún las criminales controlan buena parte del territorio mexicano, una realidad muy desafortunada y prácticamente innegable.
Aún así, confirmado el viraje gubernamental en materia de combate al crimen y el narcotráfico, las preocupaciones estadunidenses por lo que este fenómeno mexicano repercute en su territorio y población, es pertinente preguntar si es válido, pero sobre todo socialmente útil y sano, dejar pasar y dejar hacer a los gobernantes lo que les venga en gana, incluso equivocarse en temas altamente sensibles para cualquier país, sin consecuencia alguna. Los gobernantes, en lo personal, de cualquier partido u organización política, no deberían tener una patente de corso y mucho menos quedar a salvo de cualquier tipo de responsabilidad por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus responsabilidades. Queda el recurso por ahora de que reciban una condena moral, al menos. ¿O quiere usted seguir pagando los platos que otros rompen?
@RoCienfuegos1
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