Marco Romero Silva.
Hace una década, el 27 de mayo de 2015, fue publicada la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como nuevo paradigma en la lucha contra la corrupción, el cual, a pesar de los buenos augurios a su favor, el éxito no le ha llegado hasta el día de hoy, ni francamente se observa que el mismo se encuentre próximo a cumplirse.
Este pronóstico nada grato se basa en hechos ampliamente difundidos, como por ejemplo, los siguientes:
En 2012 el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional situó a México en la posición 105 de 176 posibles al haber obtenido un registro de 34/100 puntos, la cual, en lugar de superarla por ir mejorando en su desempeño contra este mal social, fue registrando una caída paulatina que lo llevó hasta el lugar 140 de 180 posibles, al alcanzar solo 26/100 puntos en 2024. Conviene anotar, que en 2012 Dinamarca obtuvo 90 de100 puntos posibles, por lo que el IPC lo clasifico en primer lugar, el cual repitió en 2024 con el mismo puntaje.
Foto: Archivo.
También vale la pena rememorar, otros casos como los de ODEBRECHT, LA ESTAFA MAESTRA y SEGALMEX, en los que particulares y personas servidoras públicas instrumentaron el desvío y aprovechamiento para fines particulares de miles de millones de pesos en recursos públicos, a partir de contrataciones públicas fraudulentas y que en otros muy dolorosos eventos relacionados con miles de víctimas del crimen organizado, que están desaparecidas o perdieron su patrimonio e incluso la vida, ocurrieron estando en vigor dicho sistema, por la connivencia corrupta entre miembros del crimen organizado y agentes públicos responsables de la seguridad pública o íntimamente relacionados con ella.
Estos casos son indicativos de que el SNAno ha logrado una contención adecuada de la corrupción, pues este fenómeno complejo ha seguido alentando la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, haciendo prevalecer la impunidad, por no imponerse sistemáticamente las sanciones respectivas a los actores que se involucran en este tipo de casos, ni tampoco lograrse la recuperación de los activos capturados por redes de corrupción.
Esa falta de consistencia en el castigo sobre la ilegal apropiación del patrimonio público alienta poderosamente el atrevimiento de otros actores, o incluso los mismos, para recorrer continuamente ese sinuoso camino.
Los casos citados ejemplifican que la misión primordial de coordinación de las autoridades competentes de todos los órdenes de gobierno en prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de controlar y fiscalizar el adecuado uso de los recursos públicos, como mandato esencialdel SNA no ha fructificado a plenitud, en detrimento del adecuado ejercicio del servicio público y el cuidado de los recursos públicos, pues en el balance de los logros del sistema, estos no acreditan sobrepasar los impactos dañinos de la corrupción y la impunidad, sobre el interés, el orden y el patrimonio públicos.
El SNA no destaca por estar diseñado, ni identificarse como un sistema enfocado en la sanción, sino por su ineficiencia e ineficacia para sancionar, pero también por su incapacidad en la prevención oportuna de las faltas y los delitos que debería anticipar y evitar; si acaso la detección ha mostrado algún nivel de éxito para desvelar los casos emblemáticos de corrupción que conocemos, pero cuyos efectos no han alcanzado un nivel adecuado de mitigación porque este sistema se torna excesivamente lento para investigar, perseguir y capturar a infractores y delincuentes y su riqueza mal habida extraída del patrimonio público, obstaculizada incluso con barreras o dificultades burocráticas para lograr su propio progreso o éxito.
La disfuncionalidad en las investigaciones es palpable por no conseguir evidencias suficientes, competentes, relevantes y pertinentes, porque no hay un control objetivo, persistente y razonablemente técnico para la obtención de las mismas, a fin de convertirlas en imputaciones adecuadamente fundadas, motivadas y soportadas para persuadir a la autoridad jurisdiccional de que los resultados obtenidos de una auditoría o de una investigación guardan una lógica jurídica suficientemente consistente y razonable para condenar a un presunto infractor o delincuente; en contrapartida, no es extraño que las evidencias recabadas “se pierdan” en imputaciones obscuras e inadecuadamente fundadas, para acabar por naufragar en muy prolongados litigios sin estrategia y destinados al fracaso, pues tampoco es inusual que sean contaminados por la semilla maldita de la corrupción.
Si bien la apuesta por la prevención es indispensable, es necesario comprender que esta etapa además de ser la de más larga maduración en la lucha contra la corrupción, en la que debe fortalecerse constantemente toda la cadena técnica del ejercicio de la gestión pública y el riguroso control de los recursos públicos, implica también la exigencia de llegar a la toma de conciencia de las personas servidoras públicas sobre la importancia del papel que desempeñan en el escrupuloso ejercicio de la gestión pública y el impacto que esto conlleva en la satisfacción de las necesidades de la sociedad en general y el desarrollo del país, con alcance en la transformación de la realidad social, incluida la propia de los servidores públicos, en la que no puede tener cabida el lastre de la corrupción.
Para lograr este salto ético, resulta esencial capturar la voluntad real de miles de servidores públicos para cambiar percepciones, pensamientos objetivos y modificar acciones en el desempeño de sus encargos, empezando por aquellos que realizan funciones de alta dirección, así como de mandos medios y superiores, que es donde se toman las decisiones estratégicas para la conducción de los órganos del Estado.
Sin el liderazgo de la alta dirección y la probada ejemplaridad ética de sus acciones en el desempeño de su encargo público, la lucha contra la corrupción, en el mejor de los casos, se convierte en simple propaganda y una mala anécdota. Aquí la profesionalización del servicio público juega un importante papel que se boicotea cíclicamente, haciendo gala del conflicto de interés, dando preferencia a la designación de “gente de confianza” de los titulares de entidades y dependencias, que privilegian compromisos políticos y personales, sobre la experiencia y capacidad técnica para el ejercicio de un cargo público, incluso evadiendo una lucha frontal contra la corrupción. No es posible inventar investigadores, auditores, fiscalizadores o litigantes competentes para colocarlos en las posiciones relevantes de los órganos de control y de fiscalización, porque así empieza la debacle de la lucha contra la corrupción.
La piedra de toque del SNA fundada en la participación de ciudadanos especializados en materias anticorrupción, incorporados al sistema, bajo el sofisma de “presidirlo”, tampoco ha hecho la diferencia, lejos de involucrar a la sociedad en
su conjunto no pocas veces se ha regodeado en mostrar doctorados, maestrías y especialidades que no han mostrado el liderazgo suficiente para arrastrar a la sociedad civil a una cruzada en contra de la corrupción, encerrada en una visión poco práctica de dirigir la mayoría de sus esfuerzos al lanzamiento de seminarios, convenciones o modernos webinars explicativos de teorías anticorrupción pero no trasladados a la vidadiaria de personas servidoraspúblicas y ciudadanos que logren modificar el entorno de corrupción que sortean para cumplir sus propósitos de vida en el servicio público, el comercio, la industria o su actividades comunes.
En mi opinión, hacen falta nuevos actores sociales en los cuadros de los Comités de Participación Ciudadana, menos llenos de doctorados y más arrojados y expertos en confrontar en el terreno de los hechos a los corruptos, si bien, debidamente arropados por quienes conocen las entrañas técnicas las complicadas normas y procedimientos que rigen las funciones públicas, para conjuntar la técnica y la práctica que esta conlleva, con el liderazgo social capaz llevar la lucha contra la corrupción a otro nivel real de contrapeso y repudio hacia ella, capaz de mostrar en cualquier nivel social y cultural, lo valioso que puede resultar en la práctica la exigencia de que prevalezca la probidad pública.
No es exagerado afirmar que al SNA le hace falta ajustar todo, sin caer en la tentación de desaparecerlo para imponer otro sistema, desperdiciando lo ya andado e invertido.
Complementemos los integrantes del Comité Coordinador con la UIF, el SAT y la CNBV y la forzosa asistencia de sus titulares a todas las sesiones.
Reforcemos el Comité de participación ciudadana con al menos 7 integrantes, 4 especializados y 3 lideres sociales con experiencia en lucha anticorrupción y con facultades de recomendación que puedan llegar al nivel de ejecución obligatoria.
Simplifiquemos la Política NacionalAnticorrupción y su implementación para, mejor entendimiento de la sociedad en su conjunto, para que esta acompañe su instrumentación y darle mayor viabilidad a los fines que persigue.
Perfeccionemos la Plataforma Digital Nacional para que sus sistemas interactúen y briden la muyurgente inteligencia anticorrupción, indispensable para dirigir acciones precisas y contundentes contra la corrupción y la impunidad.
Sobre todo, demostremos con hechos a la sociedad que esta la lucha anticorrupción es real y no cosmética
*El autor es Master en Compliance, Fraude y Blanqueo. Especialista en Sistema de Responsabilidad de Servidores Públicos. Profesor de Marco Jurídico de las Adquisiciones, Servicios y Obra Pública y de Solución de Controversias, en la Maestría de Enajenaciones y Contrataciones Públicas, en el Instituto Nacional de Administración Pública.
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Menudo asunto eso del buen gobierno, y además, ¡sin corrupción!
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