Este año se llevarán a cabo, por primera vez, elecciones para ocupar diversos cargos en el poder judicial y en 19 estados. Las campañas comenzaron el 30 de marzo y culminarán el próximo 28 de mayo.
Foto: INE.
Lo que probablemente generará que el crimen organizado busque la captura de los poderes judiciales, sobre todo en territorios clave para sus operaciones.
De acuerdo con un estudio de México Evalúa, en los últimos comicios electorales, de 2021 a 2024, la violencia político criminal aumentó 270.6 por ciento en todas sus modalidades, siendo el ejercicio político más violento de la historia moderna.
Dentro de las víctimas hay autoridades electas, candidatos, funcionarios de la administración pública, familiares de los actores políticos y ataques armados a instalaciones gubernamentales.
El reporte detalla que las entidades con el mayor riesgo de violencia político criminal en las siguientes elecciones son Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima.
Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, son la entidades con riesgo medio a hechos delictivos durante la jornada laboral, mientras que Coahuila, Durango, Aguascalentense y Yucatán muestran un riesgo bajo.
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Factores que determinan el nivel de riesgo en las elecciones
México Evalúa consideró cuatro factores fundamentales que determinan el nivel de riesgo de violencia político criminal en las elecciones judiciales 2025 a nivel estatal.
Las disputas violentas por el control de los territorios locales: En zonas bajo una hegemonía criminal establecida resulta Memos probable la violencia porque no es necesaria
Explotación violenta de múltiples mercados ilícitos convencionales: La captura del poder judicial puede completar el circuito de impunidad para la explotación de mercados ilícitos.
Alta vulnerabilidad frente a la intromisión del crimen en las elecciones: Dicho fenómeno muestra que las instituciones políticas cuentan con bajas capacidades para frenar la intervención del crimen organizado en las elecciones.
Alta disponibilidad de opciones de captura: Medida a través del porcentaje de cargos de personas juzgadoras y magistradas del fuero común que serán votadas en 2025.
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