12 Alcaldes caiodos a manos del narco

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Bajas de guerra

En lo que va de la presente administración Federal, que declaró la guerra contra el crimen organizado, 12 presidentes municipales han sido asesinados y uno más fue desaparecido tras haber sido “levantado”. Este es uno de los más preocupantes focos rojos de la seguridad pública del país.

Se tiene noticia de que el primer edil asesinado desde diciembre de 2006, fue Marcelo Ibarra Villa, de Villa Madero, Michoacán, quien cayó abatido por las balas de un grupo de sicarios en junio de 2008. Al cierre de esta edición, el caso más reciente era el de José Santiago Agustino, de Zapotitlán Tablas, Guerrero, ocurrido a finales de abril del presente año.

La distribución por estado de los alcaldes ejecutados es la siguiente: la entidad más afectada es Durango, con tres ediles muertos de forma violenta y uno más desaparecido; le sigue Guerrero con tres presidentes asesinados, y después Chihuahua y Michoacán con dos cada uno. Con un alcalde aparecen en esta lista los estados de México y Oaxaca.

Por los datos anteriores se puede observar que la región con más asesinatos de alcaldes es la que forma el llamado “Triángulo de oro” del narcotráfico: Durango, Chihuahua y Sinaloa. Aunque en esta última entidad no se haya registrado todavía ninguno, la mitad de los casos a nivel nacional se localizan en esa zona.

Respecto a la filiación partidista de los ediles afectados, 10 eran militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dos del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

También se puede observar que la violencia contra los alcaldes del país ha crecido, por ejemplo: en 2008 hubo tres que fueron asesinados y uno desaparecido, al año siguiente se registraron cinco homicidios, mientras que apenas en el primer tercio de 2010 ya se han alcanzado cuatro.

Un caso especialmente grave es el de Zapotitlán Tablas, Guerrero, donde han sido asesinados, en el periodo de un año, los presidentes municipales suplente y titular, Alfonso Rivera Cruz y José Santiago Agustino, respectivamente. Este municipio está localizado en una zona donde existen fuertes conflictos políticos entre dos organizaciones sociales: la Liga Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata” y Antorcha Campesina.

Pero lo anterior es sólo la muestra de la violencia extrema que se ha ejercido contra quienes encabezan los gobiernos locales, ya que muchos otros se encuentran amenazados o han sido víctimas de atentados que los han obligado incluso a dejar el cargo. Un caso así, es el del edil perredista de San Bernardo, Durango, José Carmen Torres Romero —ganó la alcaldía por 16 votos en 2007—, quien decidió pedir licencia el 1 de febrero del presente año y abandonar el país. Lo que lo orilló a tomar esas determinaciones fueron las amenazas que había recibido, que las oficinas de la presidencia municipal habían sido baleadas ya en un par de ocasiones y que uno de sus hijos fue “levantado”.

Asimismo, cabe señalar que los municipios también han sufrido bajas de otros de sus miembros, como lo son regidores, síndicos y algunos funcionarios, como los directores de seguridad pública municipal. También algunos ex alcaldes han sido ajusticiados.

EN EL FRENTE DE BATALLA

Escena del crimenDebido a lo anterior, y tras ser consultados por el diario Reforma sobre el tema, en 2009 los líderes del PRI y del PRD, Beatriz Paredes Rangel y Jesús Ortega Martínez, respectivamente, demandaron a la Federación otorgar mayor seguridad a los presidentes municipales amagados por el narcotráfico, lo que hasta ahora sólo ha quedado en una petición.

Sin embargo, la demanda de seguridad no sólo debe ser para los alcaldes en funciones, sino también para miembros de ayuntamientos localizados en zonas peligrosas. A esa lista deben agregarse algunos candidatos a ediles y también ex alcaldes que han aspirado a otro cargo público y han sido victimados. Éste es el caso, por ejemplo, de Homero Lorenzo Ríos, presidente municipal con licencia de Ayutla, Guerrero, quien fue asesinado en septiembre de 2008 mientras se encontraba en campaña en pos de una diputación local.

Por si fuera poco, en algunos casos ha habido dificultades para nombrar a los reemplazos de los presidentes municipales, ya que en varias ocasiones sus suplentes y los regidores han rechazado ocupar el cargo. Debido a esto, los ayuntamientos han optado por nombrar en el cargo a familiares de los ediles muertos, como son los casos de Vista Hermosa, Michoacán, donde María Guadalupe Arias Alvarado fue nombrada tras el homicidio de su esposo, Octavio Carrillo Castellanos, y de Mezquital, Durango, donde Manuel Estrada Escalante fue suplido por su hermana Olivia.

Desde hace tiempo se presume de políticos de nivel local que habrían entrado en contubernio con grupos del crimen organizado para obtener financiamiento para sus campañas electorales, o incluso con anterioridad. Por ejemplo, el presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, ha declarado que durante su campaña electoral se le acercaron representantes de un grupo criminal para ofrecerle una gran cantidad de dólares, oferta que, según su dicho, rechazó. Y ha mencionado: “es raro al que no le pasa.”

Ya en el cargo, los alcaldes y sus cuerpos de seguridad pública son los que tienen que enfrentar, de manera directa, a la delincuencia organizada. Y es que, al final del día, el municipio es el orden de gobierno más cercano a los ciudadanos, al que le toca enfrentar directamente los problemas, carencias y reclamos sociales.

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