2 vías para llegar a un hogar

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DeptosLa idea de ofrecer vivienda nueva para todos ha dominado por muchos años los objetivos de la política habitacional. Los análisis cuantitativos alimentan la concepción de que el problema radica únicamente en la insuficiencia de la oferta frente al crecimiento de la población y dan paso a políticas que ignoran la dimensión social y territorial de la vivienda.

En otras palabras, mientras la producción comercial en los años de mayor dinamismo no ha significado más de 20 por ciento de la oferta nacional, la producción social o autoproducción de vivienda ocupa cerca de dos terceras partes de la superficie construida de las ciudades.

Esto se debe, en gran parte, a que la producción social responde a objetivos distintos: se realiza en un proceso que dura varios años de acuerdo a las estrategias de sobrevivencia de las familias, en el cual algunas prácticas sociales ocupan un papel central para la superación de la pobreza, como compartir el salario, el espacio construido, el trabajo y las tareas familiares.

Reconociendo esta realidad, el gobierno de la Ciudad de México puso en operación, en 1998, el Programa de Mejoramiento de Vivienda (PMV), que muestra una forma alternativa de intervención que destaca por lo menos dos dimensiones: en primer término, considera el mejoramiento de la vivienda como parte de las políticas públicas para la superación de la pobreza y la inclusión social; y en segundo, integra el mejoramiento de las construcciones como una estrategia de consolidación urbana.

De esta forma, el PMV se distingue de las políticas habitacionales destinadas principalmente al fomento de la producción comercial, dirigida a los sectores de población con capacidad adquisitiva y que deja a un lado la posibilidad de ofrecer el acceso a una vivienda a quienes no cumplen con los requisitos exigidos por el crédito comercial.

Esta iniciativa, a cargo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, se puso en operación en la ciudad hace 12 años al recuperar el derecho a la elección democrática de sus gobernantes. A partir de entonces las tres siguientes administraciones lo han incorporado a una estrategia de intervención territorial integral que puso en marcha un conjunto amplio de acciones dirigidas a los grupos sociales más vulnerables en las zonas urbanas con mayor índice de marginación, esto es en 800 unidades territoriales de las 1,352 que constituyen el Distrito Federal.

Este programa social se realiza con recursos locales provenientes, en su inicio, de la aplicación de medidas de austeridad en el gasto público, y opera de manera coordinada por los sectores de la administración pública responsables del desarrollo social, el desarrollo urbano y la vivienda.

POLÍTICA SOCIAL

En la formulación original y novedosa del PMV se advierten importantes avances para una política habitacional local: la puesta en marcha de una modalidad compleja de intervención urbana basada en pequeños créditos con recursos públicos locales y la asistencia técnica profesional para el mejoramiento y ampliación progresiva de la vivienda de las familias propietarias de un lote en zonas de pobreza.

Esta visión exigió poner en práctica nuevas formas de operación institucional y establecer relaciones distintas entre el gobierno y los ciudadanos involucrados, articulando el trabajo en red con otros actores, como son los colegios profesionales, los grupos no gubernamentales, las organizaciones sociales o políticas y las universidades públicas y privadas.

La operación del PMV implicó una serie de acciones novedosas: entre ellas se mantuvo limitado el gasto corriente, se territorializó el presupuesto en las zonas de mayor marginación, se estableció un sistema de crédito blando, se simplificó la operación administrativa, se instalaron oficinas próximas a las zonas de intervención, se organizó la asistencia técnica profesional, se introdujo el diseño participativo y se facilitaron los permisos de construcción para el mejoramiento de vivienda.

Con el PMV se han logrado mejoras sustantivas en las condiciones de habitabilidad para más de 170 mil familias en estos 11 años, se sustituyó la vivienda precaria y en condiciones de riesgo, se introdujeron servicios de agua y drenaje en los predios, se amplió la superficie habitable, se delimitaron las unidades individuales de vivienda dentro de los lotes familiares y se introdujeron ecotecnias.

Es importante destacar que, de acuerdo con Edna Vega y Anabel Monterrubio (La experiencia habitacional del GDF, revista Malacate, no.2, INVI), el Programa no sólo ha mejorado la vivienda existente, al mismo tiempo ha aumentado la oferta al generar nueva vivienda progresiva en el interior de los predios, al grado de que ésta ha llegado a representar la tercera parte de las acciones anuales apoyadas por la iniciativa.

También, concuerda con la estrategia de consolidación de la ciudad actual y de control de su expansión periférica. En abono a ello, debe señalarse que los gobiernos locales difícilmente cuentan con recursos suficientes para financiar la infraestructura y los servicios de los nuevos desarrollos de vivienda terminada ubicados en lugares cada vez más alejados.

La experiencia desarrollada por el gobierno local aporta enseñanzas e ideas nuevas para el diseño de la política de vivienda. Dadas las limitaciones que tiene la mayor parte de la población para acceder, por los medios del mercado formal, a una vivienda completa y terminada, es importante diseñar la política de vivienda partiendo del reconocimiento de la coexistencia de distintas formas de producción: la modalidad comercial y las modalidades de producción organizada socialmente.

Esta experiencia abre un espacio más para el debate, trae un aire de optimismo frente a los graves problemas de las ciudades mexicanas y representa un llamado entusiasta a los arquitectos, urbanistas y todo tipo de profesionales para reconocer nuevamente en la ciudad un terreno fértil para lograr intervenciones con sentido social.

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