880 municipios licitan adquisiciones

Licitación

Por la premura, en el municipio de Nogales, Sonora, les pareció “normal” comprar uniformes para la policía municipal, casi en cualquier lugar. El resultado fue que en la “primera lavada” los atuendos se destiñeron, lo cual ocasionó doble gasto, pérdida de tiempo y desaliento para los cuidadores del orden.

Días después tuvieron que licitar, ajustándose a la normatividad estatal que rige el Instituto de Transparencia, el cual regula las compras de gobierno —bajo comparativos de precios— que incluyen obras, algunos servicios y otros insumos.

En el país, al menos una tercera parte de las entidades federativas no regula a sus respectivos municipios en materia de licitaciones públicas, aun cuando todos cuentan con su Ley de Adquisiciones estatal, expone Alejandra Palacios, consultora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), y agrega que se hacen excepciones cuando se trata de recursos federales.

Falta normatividadComenta que lo que la Ley de Adquisiciones hace es normar el procedimiento de compras, y destaca que, por su parte, la Ley de Transparencia establece los requisitos a cumplir, como por ejemplo, cuánto tiempo va a estar reservada la licitación contar con una copia de la convocatoria, mediante qué medio el ciudadano tiene acceso al expediente sobre el bien o el servicio que se compró, arrendó, etcétera.

Palacios precisa que entre los estados que no regulan a sus municipios están Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Morelos,Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas, y sólo dos de ellos (Quintana Roo y Zacatecas) regulan si las operaciones se realizan con presupuesto estatal.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que es importante que los procesos de licitación sean “accesibles y cuenten con reglas claras y transparentes”, porque las compras del sector público pueden representar un estímulo para la actividad empresarial y su consecuente creación de empleos.

Rodolfo García del Castillo, secretario de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales de México (Iglom), sostiene que a partir de 2002 los municipios empezaron a preocuparse por el tema de la rendición de cuentas. En ese año se estableció como obligatorio aplicar acciones de transparencia en los procesos de adquisición públicos

El total de municipios, ejemplifica el especialista, que tienen programas de transparencia y anticorrupción generales, es de 1,280; los que no, son 955 y sólo 161 reportan que no saben; sin embargo, son pocos los casos en los que dichos programas incluyen los procesos de licitación

Dónde informarseAñade que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009 (la más reciente), que elaboró el INEGI, en el tema de adquisiciones, sólo hay 881 municipios que atienden sus licitaciones directamente, esto es poco más de 30 por ciento del total de ayuntamientos.

Sí ha habido un esfuerzo en cuanto a transparencia, pero es necesario diferenciar el tamaño del municipio, porque esto lleva a la pregunta de la “calidad” de la información con la que se cuenta, que se ha convertido en “uno de los puntos críticos” en el acceso a la información, pues de hecho alrededor de 1,153 municipios cuenta con un sitio web o una página electrónica.

Menciona que de acuerdo con investigaciones que ha realizado, Mérida, Yucatán, es la experiencia más notable, ya que entre otras acciones, cuenta con la Unidad de Acceso a la Información Pública, en donde el solicitante puede obtener “casi” toda la información pública que desee; las licitaciones las tiene en línea a través de internet, entre otras características. “Es uno de los ejemplos de transparencia más interesantes”.

El también catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), destaca la obligatoriedad que tienen todos los municipios en reportar al Congreso local, lo mismo que a otras instancias, dependiendo de las leyes estatales, sobre todo en cuestión de contratación de servicios, obra pública y adquisiciones en general. Asimismo, en 2007 se publicó la normatividad que obliga a los estados a preocuparse de los temas de transparencia.

Los que responden más rápido, en general, son los municipios que tienen mayor capacidad por tamaño, volumen de operaciones, etcétera. “Son esos los municipios que han avanzado más en licitaciones”, acota.

APRENDER DE LA EXPERIENCIA

El alcalde de Nogales, José Ángel Hernández, pone énfasis en que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización estatal revisa constantemente los procesos de los ayuntamientos y, además, a partir de 2006 se creó el Consejo Ciudadano de Transparencia, lo cual ha generado confianza entre la población del municipio.

“Hemos permitido injerencia de la sociedad civil en los temas de administración pública porque la transparencia es la mejor herramienta para generar confianza entre la gente y para que los funcionarios se mantengan en la línea de la ética y la honradez.”

Hernández Barajas comenta que en el caso de los agentes de seguridad municipal: “No nos alcanzó el recurso del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (Subsemun), y ya faltaban uniformes; y por cierto, no alcanzó para las patrullas tampoco, y menos ahora que el 10 por ciento se destina a prevención y un porcentaje a infraestructura”.

Rodolfo García Castillo José Ángel Hernández Manuel de Jesús

Así que, después del incidente, la licitación de los uniformes se hizo con especificaciones de calidad. Para ello intervino la Comisión de Adquisiciones del municipio, porque “las compras no las decido yo”, puntualiza el edil. Incluso, las de gasto corriente las decide un comité que se integra con el contralor como observador, y con el representante del Consejo Ciudadano de Transparencia. Asiste también el tesorero, el tesorero . el aficial mayor y los regidores, detalla.

La compra de esos uniformes fue una experiencia y ahora se “diseñan” las licitaciones especificando el tipo de tela y las costuras, por ejemplo. “Ahora no queremos calidad menor a la establecida en 5.11, que es el uniforme de mejor calidad en el mercado”, afirma.

Las excepciones para compras de gobierno en Nogales se hacen en algunos casos, como cuando la Secretaría de Seguridad Pública requiere algo de inmediato. Pasa por consejo y se pregunta al cabildo, pasa por sus comisiones, el contralor revisa la urgencia del caso y se le comenta al Consejo Ciudadano de Transparencia.

En el caso de las asignaciones directas, éstas tienen que ir bajo comparativos de precios. Eso ayuda a reducir los costos. “En Nogales tenemos el precio más barato de cemento del estado, debido a esos concursos.”

SIN DEFINICIÓN

La especialista del Imco menciona que si las reglas existen son para que los procesos sean competidos y transparentes, y reconoce que hay servidores públicos que hacen cosas de forma adecuada, aunque las reglas no estén bien definidas. “Lo cierto es que algunas legislaciones no obligan a los municipios a acatar las reglas generales y las buenas prácticas en términos de adquisición”, refiere. En tanto, el edil de San Luis Río Colorado,

Asumir la responsabilidadSonora, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, coincide en que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización sonorense audita a los municipios una vez por mes, y entre las revisiones que realiza están las licitaciones, que por lo demás son documentos públicos.

Por lo regular, precisa, se licita obra pública, y dependiendo del monto es que se audita o no. Por lo regular “las licitaciones se hacen para obra pública grande, de más de 1 millón de pesos, y como somos de otro partido político, distinto al del gobierno estatal, siempre los tenemos allí”, dice.

Efraín de León León, alcalde de Valle Hermoso, Tamaulipas, comenta que en su municipio las compras públicas se hacen por invitación, “no llegamos a las licitaciones”, porque no se manejan muchos recursos en la administración. Lo anterior no impide que las operaciones se hagan en forma transparente, porque existe una Ley de Obra Pública que incluye diversos aspectos que clarifican los procesos.

Los montos, por lo regular, no rebasan el millón de pesos y casi siempre se refie- ren a obra pública, porque los servicios de limpia y alumbrado los realiza directamente el municipio.

“Pero, comprar poco no le da excusa (al municipio) para no acatar la ley, porque estas leyes contienen buenas prácticas para compras pequeñas”, asegura al respecto Alejandra Palacios.

ACIERTOS Y DESACIERTOS

En el municipio de Matamoros, Tamaulipas, gran parte de las licitaciones se hacen a través de Intranet, donde cualquier persona tiene acceso a concursar y de esa manera se aseguran de que se están licitando correctamente las obras, y que se están asignando no necesariamente a quien venda más barato, sino a la opción más viable para realizar el tipo de trabajo que se esté realizando, explica el alcalde Víctor Alfonso Sánchez Garza.

También, cuentan con la Comisión de Desarrollo Urbano, integrada por regidores de todos los partidos políticos, quienes están al pendiente de que las licitaciones se lleven a cabo bien. “Tenemos regidores de todos los partidos que finalmente son quienes nos ayudan a revisar que el trabajo se realice de manera correcta”, acota

Las licitaciones que están en proceso actualmente oscilan entre 3 y 5 millones de pesos, y cuando son obras grandes, sobre todo de infraestructura, es el estado quien las licita. En el caso de los servicios, todos los maneja el municipio, por lo que no existe ninguna concesión de limpieza pública, bacheo o alumbrado.

Alejandra Palacios comenta que en el caso de San Luis Potosí, para la ley de la entidad, un servidor público no le puede adjudicar un contrato a un familiar o amigo. Pero en el caso de los municipios, lamenta: “Clarito que esa ley no aplica. Esto nos parece grave”

Mientras que la ley respectiva de Tlaxcala permite que si el ente público quiere ampliar el contrato, una vez ya comprado algo, lo puede hacer hasta por 50 por ciento. “Eso es mucho, y es fácil darle un contrato nuevo. Para el Imco, en términos de transparencia, ampliarle el contrato a alguien que ya tiene una licitación es incorrecto, porque bien pudiera haber un proceso nuevo competido.”

La legislación federal permite la ampliación del contrato por una sola vez y hasta por 20 por ciento; mientras que en el municipio de Colima, para ser proveedor del gobierno se requiere estar inscrito en un padrón, pero además se necesita la certifi – cación de la cámara industrial correspondiente, que por lo regular está conformada por las empresas fuertes de los sectores, que “no son necesariamente los lugares más biertos y competidos”, comenta.

Además, obligar a la gente a pagar un registro y estar inscritos en el padrón para participar, no es una buena práctica, en términos de competencia, porque es algo que puede convertirse en una barrera.

La Ley de Adquisiciones en Quintana Roo establece, también, que es obligatorio estar inscrito en el padrón para participar en cualquier licitación; aunque, cuando se analiza la ley a fondo, no hay especificaciones de cómo se conforma el padrón y cuáles son los requisitos para entrar. “Eso, de entrada, es ya una barrera porque no me dice a mí, particular, qué tengo que hacer para estar inscrito en el padrón”, explica la especialista del Instituto.

Es darle a la autoridad absoluta discrecionalidad para que decida qué requisitos aplican para participar en el registro.

En contraparte, estados como Nayarit y Aguascalientes integran una lista de posibles contratistas, o un padrón de proveedores, pero no es necesario estar registrado en éste. “Si yo soy buen proveedor me inscribo en el concurso y nada me niega el derecho a participar (…) Lo que no queremos es que haya barreras”, resalta Palacios.

Rodolfo García del Castillo puntualiza que el avance en la calidad de la información es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, porque hace falta dar ese salto hacia la información más útil.

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