Este año, los municipios, los estados y los poderes Ejecutivo Federal, Legislativo y Judicial tienen en su agenda una nueva disposición: a finales de 2011 se aplicará la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), publicada en el Diario Oficial de la Federación, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos.
La adopción de este mandato implica varias obligaciones, desde hacer un registro inicial de bienes e inmuebles, hasta cuantificar los pasivos y activos que existen en una alcaldía, sólo por citar algunas de las acciones. La pregunta es ¿los municipios están preparados?
La necesidad de recibir asesoría en temas de finanzas, informática y mejora de procesos, entre otros, ha ido en aumento, y los ayuntamientos también “tocan la puerta” de las empresas de consultoría para recibir orientación especializada. Razones hay varias. Una de ellas es que los gobiernos municipales “queman” las curvas de aprendizaje más rápido, es decir, necesitan empezar su gestión con un plan estratégico de lo que quieren hacer.
“Los calendarios electorales y la brevedad de periodos hace prácticamente inevitable que recurran a instituciones que les presten servicios para ayudarse en su gestión y solucionar problemas concretos”, comenta el director general del Instituto de Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Otto Granados Roldán.
“Cuando el ayuntamiento empieza su periodo está muy preocupado por tomar las riendas del barco e ir adelante, y no se detiene a ver las debilidades que pueden existir”. Esa visión aparece unos seis meses después, cuando las autoridades se dan cuenta que la administración no operaba muy bien y quieren hacer cambios, menciona el socio de auditoría, líder de la especialidad en Sector Gobierno en PricewaterhouseCoopers, Germán Ganado Iturriaga.
Otro motivo es que los gobiernos municipales “resuelven muchas cosas, todavía, con recursos internos y sorteando limitaciones”. Lo común, cuando deciden buscar a un experto, es acercarse a empresas pequeñas o a particulares, aunque también va creciendo la participación de firmas más desarrolladas que los apoyan en la solución de sus problemas, los cuales, por su dificultad, no resuelven fácilmente personas físicas o consultoras menores, señala el socio líder de servicios al Sector Público de Deloitte México, Alonso Yáñez.
BARRERAS CULTURALES
En opinión de Jesús Luna, socio de Accounting Advisory Services de KPMG, las entidades públicas “se ven un poco frenadas” por el procedimiento interno que tienen que pasar para lograr las aprobaciones de servicios y, muchas veces, “están regidas por un presupuesto”, siendo importante el tema económico en la contratación de estos servicios, aunque “no medular”.
Existe una relación directa entre el nivel de desarrollo del municipio (en extensión geográfi ca y presupuesto) y el acercamiento a estos servicios. La cantidad de recursos influye, reconoce Alonso Yáñez. Municipios de estados como Nuevo León, Jalisco y Veracruz son algunos de los que más solicitan asesoría, coincide Germán Ganado. Añade que el costo sí es un factor a considerar, pues “la gran mayoría de los ayuntamientos depende de las transferencias que llegan desde la Federación, porque su nivel de recaudación es bajo. Mientras eso suceda estarán limitados de recursos”.
Sin embargo Otto Granados considera que, si bien los estados son los que más reciben transferencias federales, los municipios tienen un promedio de ingresos propios de entre 22 a 28 por ciento del total, lo que representa un margen presupuestal para invertirlo en consultoría.
“Lo que falta por superar es la barrera cultural de decir: somos un municipio pequeño o mediano” y, sin importar eso, “nos parece bien contratar un servicio académico o una consultoría para que nos haga ciertas tareas”. Siempre existe la posibilidad de “hacer un traje a la medida”, asegura Granados Roldán.
Asimismo, los expertos insisten en la importancia de que municipios y prestadores de asesoría externa tengan pleno conocimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que ordena la contratación de terceros mediante procesos de licitación, así como todo lo relacionado con la presentación de propuestas.
Gabriel Pérez del Peral, director de la escuela de Economía de la Universidad Panamericana, señala que éste es un factor clave, porque estos trámites llevan su tiempo y si además los solicitantes y los oferentes no se ajustan a la normatividad o no logran un pleno entendimiento sobre lo que se requiere, pueden distraerse en varias juntas de aclaración y al final el proceso llega a declararse desierto.
¿FELIZ MATRIMONIO?
Pérez del Peral define la realidad municipal que vive el país como heterogénea. “De los 2,440 municipios que hay en México, hay encuestas —como la del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)— que nos dicen que sólo 30 por ciento de los municipios del país está capacitado para administrar recursos.”
Ese porcentaje, que el experto considera muy pequeño, corresponde en gran medida a municipios urbanos como Naucalpan, Tlalnepantla y Veracruz. Pero todas las jurisdicciones necesitan asesoría en el manejo de los recursos, monitoreo de resultados, capacitación de funcionarios y aplicación de procesos, como las normas ISO. “Hay muchas asignaturas pendientes”, y es importante que se profesionalicen los ayuntamientos.
El vínculo entre municipios y consultorías está rezagado respecto a lo que sucede, por ejemplo, con Estados Unidos. El directivo de PricewaterhouseCoopers señala que en México entre 85 y 90 por ciento de los servicios de consultoría se orienta a la iniciativa privada, mientras que el 15 por ciento restante lo hace al sector público. En Estados Unidos esta última cifra es de 40 a 50 por ciento.
ACOMPAÑAMIENTO
Entre los beneficios para los municipios destaca el desarrollo de esquemas que faciliten o fomenten la transparencia, el cumplimiento y la rendición de cuentas. También “hay servicios que están enfocados a mejorar los procesos o información interna de la gestión, lo que facilita a un gobierno proyectar esa información hacia afuera, con la sociedad y otras entidades públicas”, menciona Alonso Yáñez.
Vincularse con una consultoría también ayuda a mejorar las operaciones diarias. Existen prácticas concretas para hacer más eficientes los recursos o acercarse a la sociedad civil y las empresas, a través del uso de tecnologías. “Un gobierno municipal puede montar una estrategia, con un costo muy moderado, para tener presencia en redes sociales y lograr un acercamiento con los jóvenes de sus comunidades”, afirma el socio líder de Servicios al Sector Público de Deloitte.
“Al recibir asesoría financiera, el municipio se hace más eficiente en la asignación de recursos y eso se traduce en dar resultados a la población”. Son tres años los que se está en una alcaldía, si en ese tiempo se logra una imagen y resultados favorables, existe la posibilidad de que ese partido vuelva a ser elegido para gobernar, advierte Pérez del Peral.
GANAR COMPETITIVIDAD
A decir de Otto Granados, otra orientación que los municipios podrían recibir se concentra en temas de desarrollo urbano y creación de una agenda de competitividad. “Los municipios grandes, donde hay una planta industrial creciente, están por desarrollar su propia política de condición económica para la inversión. Requieren una agenda que les ayude a entender el movimiento financiero y a generar empleos productivos y mejor pagados.”
La Ley General de Contabilidad Gubernamental es un buen ejemplo de situaciones en las que una alcaldía se puede acercar a las consultoras, para alinear sus procesos y generar información presupuestal y financiera de programas. “Los municipios se están dando cuenta que tienen que hacer frente a estos temas de transparencia, ésta será una veta importante”, afirma Alonso Yáñez.
Muchas entidades han mostrado que ya tomaron cartas en el asunto desde hace un año, “éstas ya tienen un avance y a lo mejor el proceso es más corto”. Los que van un poco tarde “están tocando puertas externas para este proceso. A nosotros ya nos llamaron varias entidades y estamos trabajando un proyecto formal”, comenta Jesús Luna.
Gabriel Pérez del Peral recomienda acercarse a los Congresos de los Estados y en especial a los órganos de auditoría y fiscalización. En la medida en que estas entidades demandan el monitoreo de procesos y la evaluación de resultados, son un buen vehículo para movilizarse en el tema de solicitar orientación especializada.
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