Asignación presupuestal, a debate

A pocas semanas de definirse el presupuesto para 2012, en un escenario incierto ante la desaceleración económica internacional, se espera que la asignación de recursos sea austera. Con esta perspectiva, legisladores y especialistas explican los aspectos técnicos con los cuales se realizará la repartición de partidas presupuestales.

Jorge JuraidiniEn entrevista con Alcaldes de México, el diputado priista Jorge Alberto Juraidini, comenta que el primer punto es la definición de ingresos a partir de variables como el precio del petróleo, crecimiento de la economía y tipo de cambio, entre otras. La perspectiva sobre el comportamiento del PIB es importante, pues a partir de ahí se sabrá si la recaudación tributaria cae o aumenta.

“Ya definido el tema de ingresos tienes un presupuesto que es el resultado de una negociación entre los diversos estados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ahí ya se incluyeron todas las necesidades básicas, a partir del tamaño de la entidad, población o el grado de marginación”, destaca el diputado.

Juraidini, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados federal, señala que el siguiente paso es la asignación de recursos con base en dos esquemas: los Ramos 28 y 33. El primero está enfocado a las participaciones a entidades federativas y municipios, el cual, por ser gasto descentralizado para su ejercicio libre, representa la mayoría de los ingresos municipales.

En el segundo, los recursos son transferidos a las entidades federativas y municipios a través de las dependencias federales y actualmente son recursos descentralizados y controlados desde las legislaturas estatales hacia actividades como educación, salud, infraestructura, seguridad pública, programas de alimentación y asistencia social.

“Ya que tienes un esquema analizado, entran factores como las fórmulas de participación a las entidades, que son resultado de la Ley de Coordinación Fiscal. Este punto se discutirá en el actual periodo de sesiones, dado que el PRI quiere modificar esa ley para que el 20 por ciento de las participaciones que reciben los estados y municipios pueda incrementarse”, explica Juraidini.

Dicha ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los estados y municipios, al establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; asimismo, distribuye entre ellos dichas participaciones y también fija reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales.

LA COBIJA NO ALCANZA

Mario Di ConstanzoEl diputado por el Partido del Trabajo, Mario Di Constanzo, explica que la Ley de Coordinación Fiscal establece los mecanismos para hacer llegar recursos a los estados. En el caso del Ramo 28, los criterios parten de la contribución de cada entidad federativa a la recaudación federal participable.

“Existe un segundo componente que son las aportaciones federales a entidades federativas y municipios, que tienen casi siete fondos o maneras de hacerles llegar recursos. Este es el famoso Ramo 33, que se hace con carácter distributivo. Esto quiere decir que la asignación de fondos depende de una fórmula matemática en la que tienen que ver factores que van, desde población, hasta grado de marginación y pobreza. Lo que pretende esta fórmula es que a los estados con más problemas sociales les toque proporcionalmente una mayor parte de recursos”, señala Di Constanzo, también integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Así, la Ley de Coordinación Fiscal regula estos dos mecanismos y establece que los recursos se integrarán o se asumirán como recursos propios de las entidades federativas. Sin embargo —detalla el diputado—,desde hace muchos años se ha señalado que dicha legislación está rebasada y no cumple con sus objetivos.

“En las entidades federativas tenemos dos problemas con el esquema federal. La Ley de Coordinación Fiscal debe actualizarse y su revisión sólo puede hacerse dentro del marco de la revisión de una Reforma Hacendaria, y también tenemos que la rendición de cuentas en estados y municipios no ha sido del todo transparente como se quisiera. Los dos grandes problemas de las entidades federativas son un incremento importante del ejercicio del gasto corriente y una transparencia cuestionable”, refiere Di Constanzo.

Juraidini coincide en la necesidad de cambiar las reglas hacendarias del país. Además de modificar la Ley de Coordinación Fiscal —en el sentido de aumentar las participaciones a los estados—, debe fortalecerse la recaudación estatal y municipal, así como la transparencia y rendición de cuentas de las finanzas en los tres órdenes de gobierno.

RECURSOS COMPROMETIDOS

SenadoActualmente más de la mitad de los recursos que reciben los municipios están comprometidos para el pago de la nómina y para el seguro popular. Además, bajo el esquema federal de financiamiento a infraestructura, por cada peso aportado por el Gobierno Central, el ayuntamiento debe aportar otro, de ahí que los municipios se endeudan.

La analista de Standard & Poors, Daniela Brandazza, considera que en aras de transparentar el uso de sus recursos, una buena medida para los municipios sería diseñar sus presupuestos con base en resultados.

“Lo que vemos es el equilibrio que hay entre los ingresos y los gastos de un estado o municipio. Cuando observamos presupuestos basados en resultados, hay un mayor control de a dónde se quiere direccionar el gasto. Así, puede conocerse con más certeza si lo que gastan en obra pública es suficiente para combatir el rezago que hay en infraestructura”, comenta la experta.

Con este tipo de prácticas, según la especialista, avanzaría la transparencia de los presupuestos municipales; empero hay entidades con calificaciones crediticias altas y que han logrado importantes índices de transparencia financiera.

“Querétaro, por ejemplo, ha conservado una alta calidad crediticia de MXAA+ y también ha sido un ayuntamiento con muy buena administración financiera y transparencia. No obstante, es una cuestión más de voluntad que de legislación, porque si bien los estados tienen órganos e institutos de transparencia, en lo referente a información financiera, sí creemos que hay un gran camino por avanzar respecto de la disponibilidad de datos, no sólo para efectos de la calificadora, sino para el mercado en general, como inversionistas o ciudadanos”, subraya Brandazza.

COMPLICACIONES DE LA DEUDA

Raymundo Antonio Pineda, director de la carrera en Ciencia Política del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Estado de México, destaca que la deuda de los estados asciende hoy día a poco más de 363 mil millones de pesos (mdp). Ante estos rangos, no se puede distribuir mayor cantidad de recursos si no hay un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.

A la hora de repartir los recursos, los legisladores deben priorizar no sólo el número de habitantes de los estados, sino su contribución al PIB, o también ponderar a aquellos donde se extrae petróleo y gas, esto sin dejar de lado su grado de pobreza.

“Con todo lo que el Gobierno Federal recauda en materia de impuestos y derechos, para 2011 se tiene previsto que éste obtenga alrededor de 1 millón 858 mil mdp, 20 por ciento de los cuales se distribuirá a los estados, es decir, poco más de 371 mil mdp”, refiere el académico.

Antonio Pineda explica que la baja disponibilidad de recursos no justifica el argumento de los municipios para aumentar su deuda, lo cual es una práctica de chantaje, pues no se le puede dar más a quien no comprueba su aplicación y no genera obras ni políticas públicas que atiendan las necesidades ciudadanas. En ese sentido, lo que hacen la mayor parte de los municipios es comprometer sus participaciones federales para el otorgamiento del crédito, con la banca de desarrollo y la comercial.

“Esto es insostenible hoy en día, porque este año, tan sólo 10 municipios ostentan 31 por ciento de la deuda en este nivel de gobierno”, destaca el académico.

Para mejorar estas prácticas, Pineda afirma que la población debe obligar a gobernadores y alcaldes a rendir cuentas, proceso que puede complementarse con el diseño de presupuestos participativos. Esto implica que junto con los ciudadanos se determine en qué y cómo se va a gastar, así como quién le dará seguimiento.

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