ETAPA DE APERTURA

La creciente autonomía de los municipios mexicanos ha sido consecuencia de un diseño institucional promovido por los poderes federales para aumentar sus atribuciones y recursos.

El primer cambio importante fue la reforma al Artículo 115 de la Constitución Mexicana en 1983, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, con el cual se responsabilizó a los gobiernos municipales de proveer un conjunto de servicios públicos —por ejemplo agua, drenaje, alumbrado y seguridad pública—, además se les otorgó facultades reglamentarias, se estipuló con claridad sus fuentes de ingresos, se les dio autonomía para la formulación y el ejercicio de sus presupuestos y se amplió el principio de representación proporcional en la integración de los ayuntamientos.

El segundo cambio importante ocurrió en 1998, en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, cuando la cámara de diputados, ya sin la mayoría absoluta del PRI, aprobó la creación de dos fondos financieros dentro del Ramo 33 para ser ejercidos por los municipios: uno destinado a la creación de infraestructura social básica en las localidades más pobres del país y otro para financiar los aspectos de seguridad pública y el endeudamiento municipal. Desde su creación, ambos fondos representan un porcentaje muy elevado de los ingresos de los municipios.

Por último, una nueva reforma al Artículo 115 constitucional tuvo lugar en 1999, también bajo el gobierno de Zedillo, la cual concedió al municipio su calidad de gobierno como tal, al reconocerle competencias exclusivas y protegerlo de autoridades intermedias.

Estos tres cambios institucionales, aunados al aumento de la competitividad electoral en los tres niveles de gobierno, tuvieron un efecto lógico: ampliaron considerablemente el peso político y administrativo de los ayuntamientos.

LA RECENTRALIZACIÓN

La autonomía municipal ha sido objeto de numerosas críticas en años recientes.

Diversos estudios dan cuenta de varios problemas, tales como la opacidad en el ejercicio de los recursos, inefectividad en la provisión de servicios básicos, baja capacidad administrativa y recaudatoria, así como una marcada renuencia a involucrar a los ciudadanos en la formulación y aplicación de las políticas.

Ante tal situación, en la década de 2000, el Gobierno Federal ha tomado varias medidas para limitar el poder discrecional de los gobiernos locales. Ahora los municipios son sujetos obligados dentro del proceso de fiscalización federal y, con la reforma al Artículo 6 constitucional de 2007, tienen que desarrollar y transparentar sus indicadores de gestión.

En síntesis, podemos decir que el periodo de 1980 a 1990 se caracterizó por ser la etapa de fortalecimiento del municipalismo mexicano, mientras que la década de 2000 marcó el inicio de un proceso de recentralización cuyo objetivo fue contrarrestar el poder discrecional de los gobiernos locales. Es muy temprano para saber si ésta última fase rendirá los resultados que se esperan en términos de transparencia y rendición de cuentas.

¿Y SI REGRESA EL PRI?

El proceso electoral que este año se celebra en México da pie a preguntarnos cuál será el rumbo que tomará el federalismo, la descentralización y el municipalismo con el posible regreso del PRI a la Presidencia de la República.

Sin el ánimo de hacer conjeturas, conviene subrayar que, hoy más que nunca, el poder nacional descansa fundamentalmente en el poder de las regiones. Por lo tanto, difícilmente puede suponerse que México regresará al centralismo exacerbado que caracterizó al sistema político, que se gestó con la creación del partido único en la década de 1930, y que se mantuvo vigente hasta mediados de la década de 1970, pues las reglas del juego han cambiado radicalmente.

Por ejemplo, la gran competitividad de las elecciones mexicanas ha ocasionado que los gobiernos locales, independientemente de su filiación partidista, demanden cada vez mayores grados de autonomía para formular y ejecutar sus políticas públicas, pues es así como se posicionan mejor ante los electores. Un posible regreso del PRI al poder ejecutivo nacional tendrá que coexistir con gobiernos locales que gozan de amplios márgenes de autonomía.

El verdadero dilema, en mi opinión, consiste en equilibrar la autonomía local con la rendición de cuentas, pues de lo contrario lo que se pone en riesgo es la viabilidad de la democracia. Propongo que el próximo gobierno nacional impulse una reforma municipal, que precisamente tenga como centro el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas.

Esto significa, por ejemplo, fortalecer la capacidad de los ciudadanos de sancionar el desempeño de sus gobiernos municipales a través del sufragio, lo que puede lograrse mediante la reelección consecutiva de los alcaldes. Implica también establecer un compromiso de largo plazo con la profesionalización administrativa, mediante la creación de servicios profesionales de carrera para los funcionarios municipales, con base en el mérito y no en el compadrazgo político.

Muchos otros cambios son deseables, pero si comenzamos por esos dos estaremos en el camino correcto para hacer que nuestro régimen municipal contribuya a la construcción de una democracia de calidad.